Sotanas insaciables
Semejante obsesión ha conseguido dividir a toda una ciudad y me atrevería a decir que a toda la sociedad andaluza y española, ya que estamos hablando de uno de los monumentos más valiosos de este país. Y para conseguir el objetivo de borrar lo imborrable, ahora el Obispado de Córdoba quiere priorizar “la herencia cristiana” en un centro de interpretación de la Mezquita, con un proyecto de ampliación del museo diocesano que alude a la necesidad de frenar “la reducción cultural tan fuerte” de la ciudad a lo islámico que “eclipsa el brillante pasado visigodo, romano y cristiano” ¡Con un par! Convendría que Obispo y Cabildo hicieran una encuesta nacional e internacional, con una pregunta muy sencilla: ¿Va usted a visitar Córdoba por su Mezquita, o por «su brillante pasado visigodo y cristiano»? Los resultados podrían ser antológicos.
En un alarde de inteligencia y ecumenismo, el obispo, Demetrio Fernández, afirmó que «el uso compartido» de la Mezquita que reclaman algunos colectivos musulmanes, para poder orar en ella según sus ritos, «es un eufemismo que significa: católicos, váyanse de aquí». Fernández quiso dejar claro que, «por tanto, la respuesta a la pregunta sobre el uso compartido de la Catedral es que no, que no nos vamos, porque en este lugar la Iglesia Católica lleva 16 siglos, mientras que los musulmanes han estado cuatro siglos y medio». Monseñor Demetrio se olvida del pequeño detalle, de que si ahora asienta sus reverendas posaderas en el sillón episcopal de la Mezquita, es porque fue el califato y los musulmanes cordobeses quienes construyeron esa joya, de la que fueron expulsados por la fuerza de las armas.
Un reciente estudio del historiador cordobés Jesús Padilla sobre la titularidad de la Mezquita señala que el entonces obispo, Monseñor Asenjo, no debió inmatricularla en 2006 como propiedad exclusiva de la Iglesia, ya que también es propiedad de la Corona.
Según ese estudio, «en el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV (1621-1665), al proyectarse la construcción de una tercera Capilla Real» en la Mezquita-Catedral, «encontramos documentos explícitos en los que se habla de la propiedad» del monumento, especialmente uno «que la Iglesia publica sesgadamente», y que es»demostración del reconocimiento del monarca del derecho de propiedad que sobre el monumento posee». Ello «evidencia», a juicio de Padilla, que la Iglesia «no es la única propietaria, pues en dicho documento se expresa que el monarca era propietario de la Capilla Real y que, por lo tanto invalida la inmatriculación realizada por el obispo Juan José Asenjo, en la que manifiesta que la Iglesia es la única propietaria del monumento».
Hay que retrotraerse a la conquista de la ciudad de Córdoba por Fernando III el Santo en 1236 para entender cómo se ha llegado a la situación actual, ya que, según el estudio de Padilla, «la supuesta donación de la Mezquita-Catedral» por el entonces Rey a la Iglesia Católica, y de la que no hay documento que la acredite, «se produjo en un contexto en el que no existía separación entre Iglesia y Estado, tal como hoy lo entendemos», de modo que «lo que podríamos llamar Estado medieval cristiano no solo lo constituía la Institución de la Corona (el poder civil), sino también la Iglesia (el poder eclesiástico), y que tan público era uno como otro». Pues bien, aplicando esta «teoría de las ‘Dos Espadas’ al objeto de estudio, la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba», resulta que «ni la Iglesia, ni la Corona, una vez sacralizada la antigua mezquita aljama y convertida en iglesia y posteriormente en catedral, tenían individualmente el señorío por el contrario, ambas instituciones compartían responsabilidades sobre el mismo, cada una según su ámbito de competencia». Es decir, «con su consagración, la Mezquita-Catedral se transformó en un bien que ya no era patrimonio privativo o exclusivo, ni individual ni institucional, de ninguno de los dos actores que venimos mencionado: Corona e Iglesia, aunque ambos conservaron prerrogativas, funciones y competencias complementarias sobre el mismo». De esta forma, «si los clérigos se convirtieron en administradores del templo, los monarcas cristianos mantuvieron, como misión de gobierno, la tutela y la protección del mismo, detentando el patronazgo sobre él y reservándose para sí una parte del templo: la Capilla Real, y que esto era regalía real y, que además, tendrían la jurisdicción suprema sobre el templo».
Si la Iglesia toma estos documentos como demostración de que es propietaria de la Mezquita-Catedral, no tiene más remedio que aceptar la Corona también es propietaria de parte del templo». Eso significa, según concluye el estudio del historiador Jesús Padilla, que «la inmatriculación queda invalidada, pues si nos atenemos a esta documentación, que la Iglesia exhibe como validación de su propiedad sobre el edificio, reconocemos que también demuestra que no sería la única propietaria del templo».
En septiembre de 2018, en plena contienda entre el Gobierno y la Iglesia, por la dudosa legalidad de muchas de las inmatriculaciones ejecutadas por el clero patrio, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, decidió remitir al Gobierno y a la Junta de Andalucía, las conclusiones del informe del comité de expertos sobre la titularidad de la Mezquita, en las que se señalaba que la misma, es un bien de dominio público que pertenece al patrimonio del Estado, recomendando retrotraer su situación, a la existente antes de su inmatriculación por parte del Cabildo en 2006.
La alcaldía de Córdoba remitió dicho informe a los ministerios de Justicia y Cultura, así como a la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, al entender que las competencias a la hora de reclamar la titularidad pública de dicho bien, correspondían a la administración general del Estado, mientras que las de conservación y preservación del patrimonio, lo eran de la administración autonómica y toda vez que en ningún momento, el Ayuntamiento, pretendió arrogarse la titularidad del monumento y sí la restitución de la misma al pueblo de Córdoba, tal y como era hasta el momento de su inmatriculación, además de insistir en su gestión compartida, como recomienda el informe de los expertos y sería lógico, para un bien declarado patrimonio mundial por la UNESCO… Cuatro años y medio después, ni Gobierno, ni Junta, han dicho esta boca es mía.
Pero es que además, en el colmo del despropósito gubernamental, hace tres semanas, el deán y presidente del Cabildo mostraba el documento para la restauración de la Capilla Real del templo, que financiará el Ministerio de Cultura, y en el que, según el religioso, se indica que «el titular es la Iglesia Católica» y la gestión corresponde «al Cabildo Catedral de Córdoba».
«Lo dice el Ministerio de Cultura de este Gobierno de España que ha promovido el estudio de la inmatriculaciones», resaltaba el Dean, quien cree, por tanto, que es un asunto «cerrado por el mismo gobierno» y que «ya no se debe tocar».
Con tanta tibieza gubernamental ante el expolio perpetrado, la Santa Madre Iglesia se ha venido arriba y no contenta con no pagar ni un euro en impuestos, por los más de 16 millones que el Cabildo ingresa cada año en concepto de visitas al monumento, ahora pretende «desislamizarlo», con todo lo que ello puede suponer. Mientras tanto los gobiernos de Madrid y Sevilla, que deberían velar por los intereses de TODA la ciudadanía, no solo de la católica, siguen poniéndose de perfil, ante uno de los mayores atropellos de que hayamos podido ser víctimas
LA VOZ DE GRANADA DdA, XIX/5390
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