Félix
Población
Como era de prever, gracias al
Partido Popular, su extrema derecha llegó al gobierno autonómico de Castilla y
León, donde entre otras responsabilidades le cabe la de estar al frente de la
Consejería de Cultura. Se da la circunstancia, no ajena quizá a que Vox haya
llegado a formar parte de ese ejecutivo, de que más de tres de cada veinte
ayuntamientos de esa comunidad rehúsan modificar los nombres del callejero o
los monumentos erigidos en honor al falangismo o a los cabecillas golpistas de
la dictadura franquista.
De los 280 consistorios interpelados
para verificar los cambios requeridos en cumplimiento de la vigente Ley de
Memoria Democrática, que sustituyó la anterior y muy poco efectiva Ley de
Memoria Histórica, 46 se niegan a ello. Entre las provincias, Salamanca, donde
tuvo su primer cuartel general el dictador y en cuya Plaza Mayor estuvo hasta
hace unos años su efigie, es la que más peticiones suma en la comunidad (65),
si bien 45 ya han efectuado los cambios.
La lista fue elaborada por un
senador de Compromís, integrado en el Grupo de Izquierda Confederal, y puede
que sea motivo de nuevas polémicas, después de la que el vicepresidente García
Gallardo montó a cuenta del latido fetal, y sobre la que su superior en el
gobierno autonómico mantuvo una actitud deplorable que mereció un doble requerimiento
del gobierno central, hasta el punto de anunciar que declarará incompetente a
la Junta de Castilla y León si vulnera el derecho al aborto.
Los 187 elementos que conforman los
residuos testimoniales de aquella infausta dictadura, a cuyo Jefe se le dio el
título de Caudillo por la gracia de Dios, son para Vox dignos de figurar en el
catálogo de bienes culturales de la Junta de Castilla y León. Por ello, lo que
se pretende desde la Consejería de Cultura de la que está a cargo el partido de
extrema derecha, es declarar esos vestigios de un pasado histórico que pisoteó
la cultura Bienes de Interés Cultural, habiendo sido el régimen al que honran
el que se inició con la quema de libros, según se haría después en la Alemania
nazi, y dio origen al masivo exilio de intelectuales, científicos y artistas
que sumió a España en un yermo de cultura y conocimiento.
El balance hasta ahora de los ayuntamientos
que no han ofrecido resistencia y sí han aprobado el cambio de nomenclatura de
calles y plazas representa el 73,2 por ciento del total, 205. Los otros 29 consistorios interpelados alegaron diversas razones para
no realizar el cambio inmediato, tales como su tratamiento previo en el pleno
municipal, la pertenencia del monumento al ámbito privado o la inexistencia de
una calle o plaza con el nombre requerido para su cambio.
Así las cosas, con la extrema
derecha en el gobierno autonómico tratando de calificar los honores a la
dictadura franquista como Bienes de Interés Cultural, nos encontramos con el
caso de la mismísima Diputación Provincial de León, en donde los retratos de
once presidentes franquistas están junto a los de aquellos otros que fueron elegidos
democráticamente. Es así como los turistas y visitantes que acuden al Palacio
de los Guzmanes pueden encontrar el retrato del último presidente republicano,
Ramiro Armesto, asesinado en 1936 por los militares sublevados, junto al de su
sucesor franquista, Joaquín López Robles.
Es de hacer constar que al frente
del gobierno de esta institución provincial está en la actualidad el mismo
partido que impulsó y aprobó en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de
Memoria Democrática y gobierna en coalición con Unidas Podemos este país.
El Salto DdA, XIX/3.356
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