En virtud de una ley promulgada en 1947,
la llamada Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, España se constituyó en
un reino sin rey, pues el individuo que entonces ostentaba la Jefatura del
Estado era el dictador Francisco Franco, que no siendo monarca por herencia de
tálamo sí quiso tener el privilegio de hacer lo propio de los monarcas en el
transcurso de las sucesivas dinastías que se turnaron en la corona del país a
lo largo de los siglos: reconocer, renovar, rehabilitar y conceder por su
gracia títulos nobiliarios.
Un año después, en 1948, fue promulgado el
decreto mediante el cual quedaba restablecida la legislación nobiliaria
existente durante la Restauración borbónica, el dilatado periodo histórico que
va de 1874 a la proclamación de la segunda República en 1931. Fue en el
transcurso del breve régimen republicano, la primera etapa democrática de
nuestra historia, cuando esa legislación quedó derogada. La dictadura
franquista la recuperó y se mostró generosa en la expedición de títulos
nobiliarios, pues también reconoció y rehabilitó aquellos concedidos por los
pretendientes carlistas al trono de España, según un decreto promulgado un mes
después del anterior, máximos responsables de las tres guerras civiles del siglo
XIX.
De ese modo se concedieron bajo el
franquismo ducados y marquesados, condados y baronías y grandezas de España,
tal como se especifica en la adjunta relación, ganados por los beneficiarios
merced a su fidelidad y vasallaje al caudillo Francisco Franco y a su apoyo
o participación, por lo tanto, en la barbarie perpetrada durante la
llamada cruzada de liberación, según expresión acuñada
por la iglesia nacional-católica. De los 28 títulos nobiliarios que tuvo a
bien conceder el dictador, más de la mitad los recibieron militares que
colaboraron con Franco en el golpe de Estado de 1936 que dio lugar a la guerra.
Así, encabezados por el propio ducado de
Franco y grandeza de España*, dencontramos
en la relación al duque de Mola, en honor al general que se propuso
"sembrar el terror" como brutal estrategia represora, al marqués de
Queipo de Llano, sobre quien el historiador Paul Preston escribió su
libro La forja de un asesino, o al marqués de Arias Navarro
con grandeza de España, conocido como El carnicerito de Málaga.
Transcurridos más de cuarenta años de
régimen democrático, y después de una timorata y alicorta Ley de Memoria
Histórica que no se atrevió a eliminar esos títulos en 2007, la nobleza
franquista dejará de existir en virtud de la nueva Ley de Memoria Democrática
-todavía insuficiente en opinión de las asociaciones memorialistas-,
recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados. No obstante, quizá
haya entre quienes perderán esos títulos algunas expectativas de recobrarlos en
el inmediato porvenir, si esta última ley es derogada por el Partido Popular
cuando este acceda al Gobierno, según anunció su nuevo líder, revestido de unos
auras de moderación que está muy lejos de interpretar.
De momento, y con esa regresiva previsión
de la derecha en La Moncloa, si así lo quieren las urnas, no faltan aquellos
optimistas históricos que con más voluntad que confianza interpretan la
derogación de la nobleza franquista como un anticipo del final de la monarquía,
restaurada también por el dictador. La anterior restauración borbónica tuvo una
duración de 57 años. Todavía nos faltan algunos para que esa tercera República
sea posible, si los ciclos históricos se repitieran, como se están repitiendo
otros fenómenos políticos preocupantes que ya se dieron en nuestro pasado siglo
XX. Esperemos, de momento, que esa nobleza franquista sea no retornable.
*Este ducado se lo concedió su sucesor en la Jefatura del Estado, el 26 de noviembre de 1975.
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