Lazarillo
Hace unos días, The
Economist, uno de los más prestigiosos diarios internacionales, rebajó la
democracia española al calificativo de defectuosa en su índice democrático
anual. La existencia de un Consejo del Poder Judicial obsoleto, que la derecha
se niega renovar, es uno de los motivos por lo que se le da a la democracia
española esa calificación, que a partir del pasado domingo se ha reafirmado con el
rotundo éxito de la extrema derecha en la mayor comunidad autónoma de Europa
(Castilla y León). Súmese a lo anterior la preocupación que expone la comisaria
de Derechos Humanos del Consejo de Europa en esta carta dirigida al Gobierno de
nuestro país ante la tímida revisión de la Ley Mordaza. Cabe preguntarse que si esa
preocupación se da con el actual Gobierno progresista de coalición, qué nos
podrá deparar otro en España similar al que posiblemente se forme en Castilla y
León a partir de la alianza entre la derecha extremada y la extrema derecha.
“Nos preocupa que la revisión actual no
incluya cambios a las disposiciones de la ley que han tenido el impacto más
dañino en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y la libertad
de reunión pacífica por un lado, y el derecho a solicitar asilo y la
prohibición de devolución, por otro lado”. Así se ha expresado la comisaria de
Derechos Humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mijatović, en una carta enviada
al Gobierno de España en relación a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
que está en tramitación actualmente en el Congreso.
En la carta, enviada el pasado 8 de febrero a José Luis Ábalos —presidente de la Comisión de Interior del Congreso—, Meritxell Batet —presidenta del Congreso— y Ander Gil —presidente del Senado—, la comisaria destaca que la revisión de la ley hasta ahora no contempla las preocupaciones que ya expresaron desde la institución europea ante la ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que, según explica la carta “continúa dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden a la hora de interpretarla, permitiendo una aplicación desproporcionada y arbitraria”. También destaca que el carácter administrativo de las sanciones hace difícil que puedan ser apeladas, en contra de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que reclama que se facilite la interposición de denuncias de posibles abusos policiales.
En concreto, la comisaria critica que en los cambios de la ley pactados a día de hoy no supongan cambios en cuanto a las sanciones por resistencia o desobediencia a la autoridad —artículo 36.6— o de faltas de respeto a los agente policiales —artículo 37.4—, que han supuesto gran parte de las sanciones que se han impuesto en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, gran parte de ellas en el marco de manifestaciones y concentraciones pacíficas.
“Esto es alarmante y reitero mi llamado
a los parlamentarios a revisar la ley a fin de brindar claridad y
previsibilidad, garantizar seguridad jurídica y evitar una aplicación
arbitraria y desproporcionada que podría tener un efecto disuasorio en el
ejercicio de las libertades de expresión y reunión en España”, afirma la
comisaria en su carta, que señala también como un problema no resuelto en la
futura reforma que los organizadores de manifestaciones sigan pudiendo ser
sancionados si en las convocatorias se dan disturbios. “Esto parece ser
contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las
directrices de la OSCE/ODIHR-Comisión de Venecia sobre la libertad de reunión
pacífica, que estipulan que los organizadores de una reunión no pueden ser
considerados responsables de las acciones de otros participantes si no
participaron explícita o implícitamente en tales actos”, continúa.
“Pido a los parlamentarios que aprovechen la oportunidad de la revisión de
la Ley de Seguridad Ciudadana para adecuarla a las obligaciones de España en
materia de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos”
La comisaria también ha mostrado
preocupación por las devoluciones en caliente, introducida como disposición
final en la ley aprobada por el Partido Popular y que en la reforma se prevé
que quede fuera. “También me informaron de que, lamentablemente, la reforma
actual no introduce garantías claras contra la devolución, incluido el derecho
a solicitar asilo, o contra las expulsiones colectivas, ni reconoce el derecho
a recursos efectivos, independientemente de la forma en que las personas
lleguen a España. Como ya se indicó en 2018, recomiendo que se imponga a las
autoridades la obligación de proporcionar rápidamente a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley una orientación clara y obligatoria sobre
cómo actuar en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos
humanos al interceptar migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla”, afirma
en su carta. “En este contexto, pido a los parlamentarios que aprovechen
la oportunidad de la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana para adecuarla a
las obligaciones de España en materia de derechos humanos, incluido el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, y garantizar que los cambios en la ley resulten en
un marco legal que proteja mejor el ejercicio de los derechos humanos en
España”.
La presidenta del Congreso, Meritxell
Batet, ha respondido al comisario en una carta fechada el pasado 10 de febrero
informando de que trasladaría sus alegaciones a la Comisión de Interior de las
Cámaras.
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