Félix Población
La
gente ya acude por miles de personas a los estadios deportivos y alterna en los
bares y caferías casi como antes de que apareciera el virus de la corona, pero
los enfermos siguen sin poder ver a sus médicos de familia porque sobre la
atención primaria se siguen manteniendo las mismas medidas restrictivas acordadas
en los primeros meses de la pandemia. Esos servicios, además, en algunas autonomías
como la madrileña están sufriendo permanentes mermas, con un plan en previsión
que amenaza cerrar decenas de centros de salud. Hay que recordar que fueron 700
los centros de atención primaria cerrados en todo el país con motivo de la
crisis sanitaria.
Quienes
a lo largo del último año y medio han tenido necesidad de contactar con esos
centros, más allá del teletrabajo sanitario y unas aceleradas comunicaciones con
el médico por la escasez de tiempo de los facultativos para atender a muchos
pacientes, se han sentido y se siguen sintiendo abandonados casi a su suerte.
Nunca sabremos a ciencia cierta hasta qué punto se agravaron las patologías de los
enfermos que requería atención presencial y no la tuvieron, pero no es raro
escuchar, en el pequeño ámbito social y familiar de cada cual, que algunos
enfermos de edad avanzada y con patologías graves acabaron falleciendo.
No
se entiende al día de hoy, cuando la mayoría de la población está vacunada
contra el COVID y los datos permiten que se haga una vida que lleva camino
avanzado de normalizarse en los recintos públicos, que los centros de atención
primaria no franqueen sus puertas a quienes necesitan algo más que una comunicación
telefónica de urgencia con sus médicos. Que no se note ningún cambio sustancial
en este sentido, como determinadas asociaciones vecinales han denunciado ante
la Fiscalía General de los Tribunales de Justicia en determinadas regiones, es
inaceptable. También resulta lógico que, de no poner remedio a esta situación,
las movilizaciones ciudadanas como las que se ya registran en Asturias y
Castilla y León cobren la fuerza y sentido que hacen al caso.
Si
no lo han hecho es algo que se podía comprender hasta ahora, si se tiene en
cuenta el obligado alto grado de alerta sanitaria que se vino registrando ante
cada una de las sucesivas olas de las pandemia, cuando la sanidad pública se
vio sobresaturada por un virus para el que no se contaba con vacuna alguna.
Pero me parece que esa situación, por suerte, está muy lejos de ser la que
obligó a reestructurar la sanidad pública y dejó tan trágico balance de
fallecimientos.
No
vale escandalizarse públicamente, como acaba de hacer el presidente del
gobierno regional de Asturias, ante el hecho de que un paciente haya llamado
treinta veces a un centro de salud sin recibir respuesta. Lo que vale es evitar
eso y otras incidencias no menos deplorables en la atención primaria como
consecuencia de un cierre cuya prolongación por más tiempo no tiene sentido.
Ante
la prolongación del mismo, podríamos hacernos a la idea de lo que sería una
sanidad pública sin esos servicios, con unos cotizantes callados y conformados
a su suerte. Confieso que no he podido evitar ese oscuro pensamiento, después
de haber asistido como ciudadano impotente al fallecimiento por COVID de miles
de ancianos en la soledad de sus habitaciones en las residencias y geriátricos,
sin que sus hijos pudieran hacer otra cosa que llorarlos con indignación y
silencio, impotentes a su vez ante la gestión de unos centros donde los pingües
beneficios están por encima del cuidado y atención de los internos.
La última hora DdA, XVII/4961
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