Gerardo Tecé
En la
época, las fuerzas de seguridad destinadas en el País Vasco presumían de tener
fichado a cada manifestante que se pasaba por un acto convocado por la
izquierda abertzale. Si aparecía un chico nuevo protestando por la dispersión
de presos, se le investigaba. Si se tomaba una caña en una herriko taberna, se
le investigaba. Si se iba de pintxos con uno que previamente había tomado cañas
en la herriko, fichado también. Había ganas de meterle mano al asunto y tener
fichado al mayor número de militantes y simpatizantes de la izquierda abertzale
facilitaba una barbaridad las posteriores macro operaciones con decenas de
detenidos sin delitos de sangre contra lo que se denominó entorno de ETA. Un
entorno tan amplio como aquel –tanto que se cometieron muchísimos errores por
exceso– no fue un problema para las capacidades de las FFYCCSE.
Aquella
tradición de exceso de celo en el control de diversos colectivos se exportó con
el tiempo al resto de España. Con gran ímpetu. En Cataluña o Galicia, jóvenes
sin delitos violentos eran acusados de pertenencia a banda terrorista. Sin
necesidad de irse a los territorios considerados como hostiles, más de un
conocido vivió durante las acampadas del 15M madrileño la curiosa experiencia
de que la policía, haciendo derroche de musculatura del Estado, se dirigiese a
él por su nombre sin necesidad de pedirle el carnet. Hay que conocer al
enemigo, dicen orgullosos de su capacidad. Lo de este fin de semana en Chueca
no es creíble. No es creíble que nadie en el Ministerio del Interior ni en la
policía supiese que unos neonazis escoltados por la policía se manifestarían
por el centro de Madrid amenazando a varios colectivos vulnerables. A no ser,
claro, que los grupos ultraderechistas que lideran hoy junto al yihadismo
radical el ranking de terrorismo en el mundo –datos del OIET– no sean
considerados enemigos a investigar. Aunque también es cierto que, a juzgar por
los efusivos saludos entre manifestantes neonazis y policía, no hacía falta
investigar nada.
Días
después del desfile neonazi por el centro de Madrid en el que se pidió la
desaparición de homosexuales o extranjeros, nadie acaba de dar una explicación
de qué sucedió para que una sociedad democrática tuviese que soportar este
ataque y bochorno. La Delegación del Gobierno de Madrid, responsable de dar luz
verde al acto, se escuda en que aquello había sido convocado por otro motivo
distinto al señalamiento de colectivos vulnerables y se defiende: ¿quién podía
imaginar que fascistas desfilando convertirían aquello en un desfile fascista?
La explicación de que nadie sabía lo que iba a suceder no es creíble. No cuando
este país ha abusado de la persecución a determinados colectivos. No cuando los
rastros en redes sociales y medios de comunicación de ultraderecha apoyando la
marcha neonazi eran abundantes y quienes leyeron un manifiesto eran personajes
bien conocidos. No es creíble que en nombre de las garantías democráticas no
quedase más remedio que dejar que el nazismo desfilara por Madrid. ¿Cuántas
concentraciones son prohibidas acogiéndose a los potenciales problemas de
seguridad? ¿Se les ocurre un problema de seguridad mayor que dar rienda suelta
a fascistas? No es creíble que un PSOE al frente del Ministerio de Interior no
pueda hacer nada para enfrentar a uno de los principales movimientos
terroristas del momento y es una vergüenza que intenten hacerlo creer. De
cálculo electoral hablamos otro día.
Por su
parte, Vox, cuya deriva hacia la ultraderechita cobarde parece ya irreversible,
se desmarca de una manifestación cuyas consignas eran, básicamente, su programa
electoral. Su líder, Santiago Abascal, daba una explicación exótica a aquella
cosa que había sucedido y que había generado mala prensa: aquellos nazis eran
del PSOE. Quien tiene un público fácil tiene un tesoro. Mientras, el PP, movido
por la reacción mediática, se lleva las manos a la cabeza culpando al Gobierno
por haber permitido una manifestación en la que se señaló a homosexuales,
extranjeros y menores no acompañados. Una vergüenza, aseguraron Casado y los
suyos para, a continuación, volver al pacto con Vox que les obliga a dedicar
calles a genocidas franquistas. Sólo el Ministerio de Igualdad, esos indios que
lanzan flechas dentro del Gobierno del ausente sheriff Marlaska, ha demostrado
algo de dignidad en un asunto tan grave presentando una denuncia ante la
Fiscalía por delitos de odio. Si el Estado profundo y los partidos ya han
dejado claro su nulo nivel de preocupación con el auge de la extrema derecha,
espérense a ver qué hace con este caso una justicia cuyos antecedentes son,
entre otros, haber considerado delito de odio el hecho de odiar a nazis. Sólo
una buena noticia en torno a este asunto, ya que en la manifestación neonazi se
cumplieron las medidas de seguridad: en ningún momento hubo más de una neurona
por metro cuadrado.
CTXT DdA, XVII/4956
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