EL PROBLEMA JUDICIAL ES UNO DE LOS MÁS GRAVES DE ESPAÑA

Vicente Bernaldo de Quirós

A  mí me hubiera gustado que los integrantes del Tribunal Constitucional que decidieron considerar no ajustado a derecho el estado de alarma en España hubieran pensado más en las víctimas del coronavirus antes que en sus intereses personales e ideológicos, algunos de ellos ciertamente bastardos, pero tratar de encontrar sensibilidad con los muertos con quienes su único objetivo obsesivo es deslegitimar al Gobierno de la izquierda plural es como pedirle peras al olmo.

   Lo cierto es que el Alto Tribunal la ha vuelto a pifiar en su intento de estrujarle el cuello a Pedro Sánchez y a los suyos por su acomplejada posición en el marco formal de la vigencia de su mandato. A punto de jubilarse, al igual que el Consejo General del Poder Judicial porque ya están fuera de plazo, los magistrados más antigubernamentales del mundo occidental le ponen una vela a Dios (quiere quedarse para seguir mandando) y otra al diablo (ruegan al PP que sigan oponiéndose a renovar los órganos judiciales para poner sentenciar a su antojo). Esta esquizofrenia judicial es la causante de todos esos fallos que alarman a la sociedad, sorprenden a los juristas de buena voluntad y enojan hasta el paroxismo a los jueces europeos.

   Los jueces han preferido tensar la cuerda hasta el máximo y poner al Ejecutivo al pie de los caballos, en función de sus gustos ideológicos y religiosos, aunque corra el peligro la separación de poderes y se dañen las finanzas de las administraciones públicas.

   Porque en realidad esa solemne tontería jurídica de que el Gobierno en marzo de 2020 no debía aplicar el estado de alarma sino el de excepción tiene como misión fundamental dar una ráfaga de oxígeno a la extrema derecha española sin tener en cuenta la urgencia de salvar vidas debido a la pandemia. Si en vez de declarar la alarma y luego acudir al Parlamento a reforzarla, se plantea que primero decidan las Cortes y luego se aplique el estado de excepción solo serviría para que se produjeran más muertes y para perder más tiempo.

   El otro propósito judicial es que se puedan recurrir, mediante esta sentencia del TC, las multas impuestas a los ciudadanos irresponsables que se pasaron por el forro de las narices el confinamiento y las órdenes de la autoridad competente y se diera cancha libre a las broncas de los cayetanos del barrio de Salamanca durante las semanas más críticas de la Covid 19.

   Pero ya que los jueces de este país han decidido seguir echando un pulso al Poder Ejecutivo, por su ilusión de ser los tres poderes a la vez y orientar el sentido neofranquista de la política española, creo que va siendo hora de que el Parlamento y la izquierda acepte la provocación y ponga en marcha medidas contundentes contra el desvarío de las togas.

   La participación del Partido Popular en la renovación de los órganos judiciales es importante, pero no imprescindibles. La suma de los votos de los partidos que apoyan al Gobierno es suficiente para que se desarrollen los cambios. Ya había una propuesta de ley cuando aún era ministro de Justicia Juan Carlos Campo para rebajar las exigencias aritméticas para el pacto, pero que una falsa alarma de la derecha que decía estar dispuesta a negociar, hizo decaer la iniciativa. Creo que es hora de recuperarla hasta el final para evitar ese chantaje del neofranquismo de que los jueces son de los nuestros y no pensamos modificar su actual estatus quo.

   Ya que es poco probable que las tesis de que a los jueces los elijamos los ciudadanos por sufragio universal salgan adelante, al menos, evitar que se siga extendiendo esta inconstitucionalidad encubierta de la que salen beneficiados los sentenciadores de las élites y los partidos de la derecha,

   Los españoles no nos merecemos estos ridículos constantes que protagonizan los jueces de alcurnia de nuestro país y que cuando se confrontan con las sentencias europeas, nuestros magistrados quedan a la altura del betún. Me temo que esta sentencia inútil a corto plazo no pueda ser elevada a Estrasburgo, pero hay que poner en su sitio a aquellos juzgadores a que sus colegas del Viejo Continente desprecian por parciales y orientados por sus creencias y sus manías. Estamos en un momento en el que el problema judicial es uno de los más graves de España.

     DdA, XVII/4899