Hace unos días
falleció en Madrid el arzobispo titular del ejército español, más conocido como
vicario general castrense. Se llamaba Juan del Río Martín, había nacido en
Ayamonte (Huelva) y es de esperar que descanse en paz. Según la información que
publicó el diario El País, al tal prelado se le consideraba la
sonrisa de la obispalía, habitualmente circunspecta y estridente.
Se dice del
fallecido que era “afirmativo en un colectivo instalado en el no, y se mostraba
partidario de la moderación en los frecuentes combates de la jerarquía
eclesiástica con el poder político. “¿Por
qué perder el tiempo quejándose de la noche mientras nos espera la luz del día?
¡Todos los problemas de la vida tienen su amanecer!”, escribió el risueño monseñor
en Twitter el pasado 2 de diciembre.
Lo que no leemos en
el citado periódico es que el señor vicario rondaba unos haberes anuales de
60.000 euros y un presupuesto de cuatro
millones para su negociado, compuesto por casi un centenar de clérigos, contratados
como capellanes y distribuidos de esta guisa: el ya mencionado vicario general, con rango
de general, nombrado a propuesta del rey; cinco vicarios episcopales (incluido
el vicario general); tres vicarías en el Ejército de Tierra; tres en la Armada
y uno en el Ejército del Aire, y 84 capellanes en el llamado Cuerpo Eclesiástico
y Servicio de Asistencia Religiosa.
Los capellanes castrenses tienen la consideración
de oficial, con los emolumentos propios del estamento. Los capellanes permanentes
con más de 25 años de servicios tienen el empleo de coronel; si llevan 15 años,
se les considera teniente coronel, y el resto son comandantes. Los capellanes de
carácter temporal tienen el grado de capitán.
Después de ser suprimido en tiempos de la segunda
República el llamado Servicio Religioso Castrense, durante la guerra fue
habilitado en su zona por los militares sublevados, a fin de prestar auxilio
espiritual a quienes fueron ejecutados y permanecen aún en su mayoría en fosas
y cunetas. A término del conflicto ese servicio fue reorganizado, al tiempo que
la Ley de Responsabilidades Políticas requería de los curas párrocos puntuales
informes para la delación de los vencidos.
Han pasado más de cuarenta años desde que tenemos
una Constitución en cuyo artículo 16, 3 establece el principio de
aconfesionalidad del Estado, pero el convenio suscrito sobre la jurisdicción
castrense y asistencia a la Fuerza Armadas, firmado en 1950, fue ratificado y
firmado el 15 de diciembre de 1979 en El Vaticano.
La subsistencia del vicariato castrense a cargo
del presupuesto público es de hacer constar en una etapa en que la sanidad
pública nos defiende, extenuada y herida por la precariedad laboral y
asistencial, de una pandemia que no deja de contar miles de muertos desde hace
un año, con la mitad de las víctimas al menos en residencias de ancianos
convertidas en indignantes negocios usurarios.
No nos preguntemos por qué los vicarios y
capellanes castrenses son más necesarios que contratar con menos precariedad más
personal sanitario y disponer de más plazas en los hospitales públicos. Durante
la santa Transición y hasta nuestros días nadie se atrevió a tocar los
privilegios adquiridos por la iglesia católica durante la dictadura. “Ganaron
una guerra hace ochenta años y de ahí no los baja ni el hijo de Dios, que fue
ejecutado por un pretor y un sumo sacerdote”, apunta mi estimado profesor David
Rivas.
*Artículo publicado hoy también en La última hora
DdA, XVII/4752
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