Yo estaría a favor de cualquier reducción salarial siempre que no sea corporativa y se extienda a los farmacéuticos que, por ejemplo, hacen negocios con las mascarillas y con otros fármacos imprescindibles para la salud y no reparten sus ganancias con los más necesitados; o a los funcionarios de primer nivel, que tienen asegurado su puesto de trabajo; o a los generales del Ejército español, que reciben su nómina a fin de mes, estén o no estén los que apoyaron en el Gobierno
Vicente Bernaldo de Quirós
Entre los tics franquistas que nos han contagiado a todos los españoles, rojos incluidos, durante los cuarenta años de dictadura que hemos padecido, está el de desprecio absoluto a la política que solo favorece a quienes detentan el poder por encima de cualquier gobierno y de las elecciones democráticas. Posiblemente esta forma de abordar los asuntos políticos se ejemplarice en todo su apogeo cuando se habla del sueldo de los políticos, lo que siempre parece avergonzar a quienes lo reciben y sobre todo molestar a los que opinan que ser diputado o concejal es una especie de voluntariado gratuito que deberán cumplir obligatoriamente todos los que se dedican a la cosa pública.
Ya en los primeros tiempos de la democracia, la derecha irredenta de este país reprochó a los alcaldes democráticos que se pusieran un sueldo, recordándoles que cuando ellos mandaban no cobraban, pero escondiendo que hacían pingües negocios con su condición de regidores y moldeaban las leyes a su antojo para pasar por legales, sus tráficos de influencia.
Yo creía que el asunto del sueldo de los cargos públicos se había agotado por inanición, pero resulta que ahora vuelve por todos los fueros, a causa de la pandemia o de cualquier crisis de las que ciclicamente asuelan nuestro solar patrio. El argumento de la mayoría de los partidarios de los recortes salariales a los políticos tienen que ver con la empatía que deberían tener por quienes peor lo están pasando económicamente, por lo que les aconsejan, cuando no exigen, que se bajen su sueldo.
Sería loable este planteamiento sino fuera porque la reclamación se limita a los políticos que ocupan cargos o son dirigentes de un partido o de un sindicato, pero ni se les exige a los directivos de grandes empresas, ni a los arquitectos o a los ingenieros que disfrutan de una excelente remuneración por su competitiva función social. Incluso aquellos que han llegado al mundo de la política para asaltar los cielos se plantean que los políticos solo cobren un tanto por ciento por encima del salario mínimo, aunque parece que esta exigencia va perdiendo fuerza.
Yo estaría a favor de cualquier reducción salarial siempre que no sea corporativa y se extienda a los farmacéuticos que, por ejemplo, hacen negocios con las mascarillas y con otros fármacos imprescindibles para la salud y no reparten sus ganancias con los más necesitados; o a los funcionarios de primer nivel, que tienen asegurado su puesto de trabajo; o a los generales del Ejército español, que reciben su nómina a fin de mes, estén o no estén los que apoyaron en el Gobierno. Pero, parece que solo los políticos son quienes tienen que modificar sus emolumentos.
Y eso que cada cuatro años se someten al escrutinio popular, cosa que no les sucede ni a los jueces, ni a los abogados del Estado ni a los albañiles, ni siquiera a los obispos de nuestra Conferencia Episcopal que cobran puntualmente sin los sobresaltos de tener que encarar los embates de la oposición política.
No sé si se acabará alguna vez este tic con respecto a nuestros cargos públicos, pero me temo que pasarán aún unos cuantos años antes de que la sociedad madure y se dé cuenta de que quien ocupa un trabajo debe tener un sueldo digno y acorde con su labor que, por cierto, excede en más de ocho horas a la de cualquier currito. Y es que la sociedad española se parece un huevo a aquel personaje encarnado por José Sazatornil que cuando le preguntaban decía con orgullo. ¿Yo? Apolítico. De derechas, como mi padre.
DdA, XVI/4692
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