Jaime Richart
Este escrito puede parecer el alegato
de un abogado defensor de la causa catalana y de la causa personal de los siete
políticos del gobierno catalán, expuestos ridícula y absurdamente a perder la
libertad prácticamente de por vida.
No puedo evitar empezar diciendo que
es muy mala señal que, absurda y cínicamente, se responda desde las instancias
políticas y parte de las periodísticas que esos siete procesados no son presos
políticos. Parecen no darse cuenta de que tampoco lo eran para el Régimen
franquista los encarcelados y ejecutados por comunistas, por socialistas, por
anarquistas o por republicanos. Se necesita tener la desvergüenza propia del
dictador y de la dictadura para afirmar, como hizo el gobierno anterior de
este simulacro de democracia -el que dio lugar a la situación-, pero también
como hace el actual d otro supuesto signo opuesto, que los siete políticos
catalanes en prisión preventiva hace más de un año, que son presos comunes.
Aunque no existe la pena de muerte, tienen la vida pendiente de un hilo, pues penden
de un veredicto que puede condenarles a prisión por el tiempo que virtual o
realmente les queda de vida. El veredicto de un juicio, por cierto, para cuya
sustanciación se calculó de antemano la friolera de tres meses pese a que se
reduce a la práctica de una sola prueba: si hubo o no violencia por parte de
los acusados en su convocatoria de referéndum y en consecuencia cometieron o
no el delito de rebelión o de sedición. Total, una cadena por ahora de
disparates políticos y forenses, por lo que concierne a Fiscalía, a la espera
de verse si también judiciales. Confiemos, aunque es mucho confiar, en que la
Justicia del Tribunal Supremo, pese a que no da muchas señales en otras materias
de remontar las taras ideológicas incrustadas en España después de la dictadura,
corrija el entuerto, el entramado artificioso creado, y absuelva de toda culpa
a los siete procesados...
(Parece el alegato de un abogado
defensor, decía, pero de hecho lo es parte del argumentario, pues en la Sala,
nadie puede salirse del guión y todos los testigos están conminados a ceñirse
exclusivamente a responder lo que sucesivamente vieron en los días de autos;
no pueden hacer otras consideraciones que, de manera machacona, el presidente
del tribunal tacha de impertinentes. Es tal el ruido, la turbulencia y la
confusión que existe en torno a todo lo que viene ocurriendo desde hace tres
años en Cataluña, que no veo por ningún lado que se piense, se hable y se escriba
con claridad de ideas y objetividad, de tejas abajo, esto es, fuera de
Catalunya.
El caso es que este aparatoso juicio
es la culminación de una trampa, seguida por una cadena de felonías a cargo de
la casta dominante que acapara las instituciones políticas y las judiciales.
Recapitularé la secuencia; secuencia que no va a ser tenida en cuenta en
absoluto en el desarrollo de este juicio circense...
Primero, a instancias del gobierno, el
TC cepilla el Estatut. Luego, el gobierno no autoriza el referéndum
solicitado por el catalán ante el clamor popular que lo demanda. Y luego, ese
mismo gobierno, por medio a la Fiscalía, castiga a siete gobernantes catalanes
a prisión preventiva por haberlo convocado sin su autorización. La
interpretación política obtusa, autoritaria y tramposa, desprovista de toda
motivación técnica, del artículo 149, 32º de la Constitución: “El Estado
tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 32º Autorización
para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” es la
causa de este desaguisado.
La primera consideración es, que no
sería tan inconstitucional el referéndum, como luego lo ha calificado él mismo,
cuando el líder de la oposición en 2008, Mariano Rajoy, exige a voz en grito en
el Congreso al presidente del gobierno Zapatero, el referéndum en Cataluña.
Que tuviese luego, diez años después, en 2018, ya presidente, la desfachatez de
proceder contra siete de los miembros del gobierno catalán por los delitos de
rebelión por haberlo convocado, pone de manifiesto, primero que aquella
exigencia suya fue una inducción al gobierno de 2008 a la inconstitucionalidad
como él la entendió en 2018. Pero al mismo tiempo, aparece ahora como una
trampa tendida a ese mismo gobierno central y, de paso, al gobierno catalán
que, al celebrar pese a todo el referéndum, no pudo creer que el cinismo de Rajoy
llegase tan lejos al haberlo exigido él mismo diez años antes.
Y es que la “legalidad” y la
constitucionalidad de la que tanto hablan en este grave asunto pero también en
otros los gobiernos de los dos colores, son manejadas de manera miserable. Los
dos y la casta dominante prostituyen ambos conceptos en su interpretación
literal y su aplicación: ellos son sus proxenetas. Por eso el TC primero y el
TS después, siguiendo la estela de las arbitrariedades interpretadas por la
Fiscalía incitada por la arbitrariedad del gobierno, dieron remate, cada uno
en su momento, a la cadena de despropósitos.
Lo dicho es en relación al espíritu y
la letra entonados por el partido “conservador”. Pero no le va a la zaga el
partido “un poco progresista”. Lo prueba inequívocamente el ministro de Asuntos
Exteriores español, Josep Borrell, hace un par de semanas al responder al
periodista y presentador del programa Deutsche Welle, Tim Sebastian,
para el programa ¿Conflict Zone?. El entrevistador citó en el transcurso
de ella el 70 por ciento de españoles favorables a la reforma de la
Constitución, dato publicado por el CIS, cuando el ministro dijo defender la
legalidad. Ello hizo perder los papeles al ministro, que dijo al entrevistador
que mentía, no pudo mantener las formas, se quitó el micrófono, abandonó su
asiento y dejó plantado a su entrevistador. Luego, aconsejado por sus asesores,
volvió. Volvió, pero para increparle : "Es increíble lo ignorante
que es usted". "Podría hacer mejor sus preguntas", le espetó
Borrell al periodista al regresar. Y éste no dudó en responderle: "No
estoy aquí para hacerle preguntas que le gusten". ¿Podemos pensar que
este supuesto socialista campeón de la “legalidad” tal como la interpretan los
“constitucionalistas” y los “legalistas” de las derechas, no calca la
ideología política en este terreno de la de Rajoy y su camarilla? (Incidente,
por otra parte, que se explica fácilmente al estar “nuestros” gobernantes del
gobierno central acostumbrados a las entrevistas pasteleras de los periodistas
españoles).
En todo caso, la devoción por la
Constitución de este pesoísta y su desconocimiento del dato del CIS
muestran lo alejados que están de la realidad social que bulle por abajo, no
sólo los franquistas de las derechas sino también los mal llamados socialistas.
Porque la reforma de la Constitución española que pide ese 70 por cierto que
Borrell ignoraba, es consecuencia de su redacción y de las circunstancias en
que fue redactada, pero también, efecto del caprichoso y arbitrario modo de
interpretarla, de aplicarla y de “manejarla” los gobiernos, la Fiscalía, el
TC, el TS y los medios subvencionados desde 1978. No tuvieron, por eso
mismo, los gobiernos del bipartidismo pudor alguno al introducir el artículo
135 que fija el techo del déficit dando prioridad en el cobro a los acreedores
internacionales sobre cualquier otra derecho, por la puerta de atrás, sin
aprobación del Congreso, y aquí no pasó nada; la Constitución prevé el
referéndum y la consulta popular, pero los gobiernos de la alternancia y la
judicatura los impiden. Pues otro ejemplo bien reciente a propósito de las
consultas, ilustra la bellaquería que hay tras este tinglado sociológico: el
Tribunal Supremo acaba de blindar la tauromaquia al vetar la consulta en una
de sus recientes resoluciones. Así es que, por el lado jurisdiccional, tampoco
el Supremo las autoriza. Lo que evidencia que, para la casta dominante,
referéndum y consulta son de esas instituciones que, como ocurría con las
leyes franquistas, las menciona el legislador pero los encargados de aplicar
la ley las hacen inoperantes, papel mojado. Figuran de adorno (como de adorno
ha estado cuarenta años el partido comunista, sólo para permitir al bipartidismo
presumir ante el mundo, de democracia). Así pues, todo lo que sucede
evidencia que el epígrafe 32º del artículo 149 está de relleno, pues sólo vale
para consultar a los españoles, por ejemplo, si prefieren a la virgen del
rocío o la moreneta. Pero en absoluto para asuntos de calado,
como lo son las aspiraciones catalanas y la tauromaquia...
Pero es que, además del capricho
ideológico y otras razones, las consultas populares no sólo no interesan a los
gobiernos por razones políticas poco o nada democráticas próximas a la ideología
franquista. Tampoco interesan a los medios de comunicación, ni a las empresas
demoscópicas asociadas. Pues estas perderían la relevancia que tienen ahora, y
con ello horas y horas de conjeturas y valoraciones de políticos y periodistas
en torno a los resultados de sus encuestas y sondeos. El resultado sin dilaciones
de una consulta popular enerva la inversión de los medios en la empresa
demoscópica. De manera que tampoco sería extraño que detrás de las decisiones
políticas y judiciales impidiéndolas, estuviese la presión de los medios, no
por predominantes más importantes.
¿Creen, por último, estos
politicastros y justicieros trasnochados, rancios e involucionistas, que los
países y tribunales europeos no han de ver este asunto de la negativa a las
consultas populares y al referéndum y el modo de responder al asunto la política
y la judicatura españolas, al igual que otros muchos aspectos de la vida
política y judicial, como la prueba definitiva de que a España le falta todavía
mucho para ser considerada democracia y ser digna de pertenecer a la Comunidad
Económica Europea, como no sea para servir a Europa como gigantesca taberna
de lujo?
DdA, XV/4133
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