Félix Población
Ante el ingreso en prisión del que fuera vicepresidente de
la Generalitat y su siete ex consellers, leo la reacción del partido en el gobierno, el de los sesenta casos de corrupción denunciados en su día por Irene
Montero desde la tribuna del Congreso, y me ratifico en los que desde el pasado 1
de octubre vengo sosteniendo: "Estaban advertidos de que estaban cometiendo ilegalidades y que como todo el mundo en este país, tarde o temprano, el que la hace la paga."
El Partido Popular, el gobierno y su justicia, la que es incapaz de actuar con
la celeridad y diligencia requeridas para que esas corrupciones en que abunda el PP no queden
impunes, ha venido actuando desde la jornada de celebración del referendo
ilegal en Cataluña con ánimo de venganza y propósito de humillación, algo totalmente condenable en un asunto como el que se ventila.
Así como para no
dar validez al referendo bastaba que así se hiciera por los organismos
competentes, sin necesidad de apalear con mayor o menos rigor a los pacíficos
ciudadanos que se dieron cita ante las urnas -dando con ello la peor imagen que
puede ofrecer un gobierno democrático-, no creo que el ingreso en prisión provisional del ex vicepresindente Junqueras y siete de sus ex consellers sea lo que más favorezca la imagen de un gobierno que acaba de conovocar elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre próximo.
A los aludidos se les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación, acerca de los cuales discuten los expertos en el Código Penal, pero lo cierto es que, para que parte del cesado govern de la Generalitat haya
dormido esta noche en la cárcel, ha sido preciso que la magistrada Carmen Lamela arguyera que el alto poder adquisitivo de los acusados les permite
"abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero", recordando que "algunos querellados ya se han desplazado a otros países
eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber
incurrido". ¿No hubiera
bastado con privarles de su pasaporte?, se preguntaba ayer alguno de los
abogados defensores
Si el pasado 1 de octubre, con la exhibición de
fuerza bruta ofrecida por el gobierno central en Cataluña, fue humillada sin necesidad la dignidad cívica de los ciudadanos que pretendían votar, algo así ha ocurrido ahora con el cesado govern de la Generalitat. Este no solo representaba a los electores partidarios de la indepedencian sino a todo aquel país, con algo más de la mitad de la población que no comparte esa alternativa, aunque ese govern no los haya tenido en cuenta a la hora de convocar un referendo unilateral e ilegal, punto de partida para haber llegado hasta donde ahora estamos.
Si Puigdemont y sus consellers presumían que lo que pasa iba a pasar, como creo desde el primer momento, la culpas están repartidas y obedecen a intereses políticos aquí y allá. Puede que le haya salido bien la jugada. Ayer el gobierno central prendió la esperanza de una campaña electoral muy favorable a quienes ha condenado.
DdA, XIV/3679
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