En España no existe una regulación que garantice el trabajo de los
profesionales de la comunicación ni otros aspectos que vienen recogidos
en el artículo 20 de la Constitución Española sobre libertad de
expresión y de información y que no se han desarrollado, a pesar de la
importancia que tiene el periodismo como uno de los principales pilares
de los estados democráticos. Debería ser motivo de alarma saber que en nuestros país, según estudios recientes, más del 80 por ciento de los periodistas sufren presiones en su trabajo.
Así lo han expresado hoy varios investigadores y profesionales de la
comunicación en la mesa redonda “Sindicalismo y ciudadanía en el derecho
a la información”, organizada por la Unión de Profesionales de la
Comunicación de Canarias (UPCC) en el marco del VIII Congreso
Internacional Latina de Comunicación que se ha celebrado en la
Universidad de La Laguna.
Agustín Yanel, secretario general de la Federación
de Sindicatos de Periodistas (FeSP), destacó la importancia de contar
con una ciudadanía que reclame el pleno cumplimiento del derecho a la
información al igual que sucede con derechos como la Sanidad y
Educación, aunque consideró que gran parte de la responsabilidad en la
crisis del periodismo estriba en la “mala utilización” que han hecho los
partidos políticos de los medios de comunicación.
En esta misma línea se manifestó Gerardo Pérez, profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de La Laguna, al cuestionar la
“desregulación” en España y también criticar el nulo interés que tienen
los partidos políticos por regular un derecho que “no les dará una
rentabilidad política”. Según Pérez, tiene que haber una “respuesta
legal” a problemas como las noticias falsas u otros relacionados con
nuevas tecnologías, aunque también existen otros problemas que se
arrastran desde hace varias décadas y que no se les ha puesto solución,
como el principio de veracidad o derechos como la cláusula de conciencia
y el secreto profesional de los periodistas. Para solucionarlos aboga
por un proyecto o proposición de ley que regule “el valor constitucional
del periodismo”.
También José Luis González, profesor de Periodismo
en la Universidad Miguel Hernández de Elche, denunció que “España es el
paradigma de la desregulación periodística” y que es necesario que ante
un panorama de “crecimiento alocado y desregulado” en el sector se opte
por un esfuerzo colectivo que involucre a las empresas de la
comunicación, a los colectivos profesionales y a las universidades. En
este último punto instó a los centros públicos a que garanticen no solo
un conocimiento técnico del periodismo sino una formación humanística.
Asimismo, consideró que es necesario educar en comunicación desde el
colegio y seguir haciéndolo a los profesionales que ya trabajan en los
medios.
En esta defensa del Derecho a la información, Agustín Yanel remarcó
que los derechos profesionales y laborales deben estar estrechamente
unidos: “Sin unas condiciones de trabajo dignas se resiente la calidad
de la información”. Destacó además que según diversos estudios, más del
80 por ciento de los periodistas han reconocido sufrir presiones en su
trabajo al tiempo que prosigue creciendo la concentración mediáticas,
particularmente en el sector audiovisual, donde sólo dos empresas
acaparan casi el 90 por ciento del mercado publicitario.
DdA, XIII/3407
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