La
deuda pública española es el monto de las deudas que el Estado Central, las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos contraen frente a prestamistas. Las
cantidades de su evolución, de sus intereses y de su previsión son de tal
magnitud que muchas personas, en especial las de edad avanzada, somos incapaces
de conseguir su comprensión y, en consecuencia, interpretarlas. Para
conseguirla, quizá, pueda ayudar que cada
una de aquellas cantidades vaya acompañada de su equivalencia en euros por
habitante [€/hbtte.],
calculada suponiendo que en España existan cuarenta y seis millones y medio de
habitantes durante el periodo analizado.
La
deuda pública al finalizar 2011 era de 743.581 millones de € [15.991 €/hbtte]
y al finalizar 2014 alcanzó 1.033.848 millones de € [22.233 €/hbtte.],
lo que supuso, pues, en un trienio de gestión del Gobierno del Partido Popular (PP) su incremento en
290.267 millones de € [6.242
€/hbtte.], cuyo desglose es: 147.412 millones de € [3.170 €/hbtte.]
en 2012, 75.176 millones de € [1.617
€/hbtte.] en 2013 y 67.679 millones de € [1.455 €/hbtte.]
en 2014.
Y
dicho gobierno prevé en sus Presupuestos
Generales del Estado (PGE) que la deuda pública sea en 2015 de 1.050.000 millones
de € [22.581 €/hbtte.].
Sin embargo, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) prevé que su cuantía sea entonces muy superior: 1.084.622
millones de € [23.325
€/hbtte.] y que siga incrementándose, aunque con menor
intensidad, hasta alcanzar 1.148.832 millones de € [24.707
€/hbtte.] en 2020.
España
no solo pagó a los prestamistas los intereses de los préstamos de la deuda
pública que vencieron en 2012 (28.848 millones de € [620 €/hbtte.]),
en 2013 (33.329 millones de € [717
€/hbtte.]) y en 2014 (36.662 millones de € [789 €/hbtte.]),
sino que también les devolvió los correspondientes capitales, pero concertó
nuevos préstamos de capital cuya cuantía superaba a la de los capitales
devueltos, porque solo así se explica el incremento anual de la deuda pública durante
aquel trienio. Y las previsiones del FMI acerca de la deuda pública apuntan a que
ésta seguirá siendo así gestionada, al menos, hasta 2020.
Los
prestamistas de la deuda pública española en 2012 eran los bancos privados españoles, alemanes y
franceses, a los que el Banco Central
Europeo (BCE) prestaba dinero a un interés del 1% y aquellos concedían préstamos
al Gobierno español a un interés medio del 5%. La deuda pública así gestionada
es, pues, una tapadera urdida para que la banca privada obtenga pingües
beneficios a costa del erario, lo que Julio Anguita González, cuando era el
Coordinador General de Izquierda Unida
(IU), nos anunciaba con una pedagogía y paciencia encomiables y preveía,
además, que su cuantía alcanzaría tal magnitud que su devolución sería
imposible.
Y
por advertirnos de que el Tratado de
Maastrich impondría aquella gestión de la deuda pública para enriquecer a
los prestamistas a costa del erario, Julio Anguita sufrió ataques furibundos no
solo del Gobierno del PSOE, que entonces la gestionaba y se afanaba en la
adhesión de España a dicho tratado, sino también de los medios de comunicación
de masas que la encubrieron.
Aunque
los gestores de la deuda pública aseguran así pingües beneficios a los
prestamistas, cabe preguntarse aquí no solo qué cuantía alcanzará, sino
también cuándo y cómo se devolverá. Los
sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han tejido un entramado legal para que el
pago a los prestamistas tanto de los intereses como del capital de la deuda
pública tenga “prioridad absoluta” en los presupuestos de todas las
Administraciones del Estado, según consta en el artículo 135 de la Constitución,
que tanto los diputados como los senadores de aquellos dos partidos y los del
partido Unión del Pueblo Navarro
(UPN) reformaron en 2011.
Y
en el punto 3º, párrafo 2º del recién citado artículo se afirma que la deuda
pública no podrá superar el valor establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que la Ley Orgánica
que desarrolla aquel artículo concreta que sea el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
prevé que la deuda pública sea el 96,4% del PIB en 2020. Cabe, pues, sospechar que
los presupuestos que a partir de entonces se elaboren contemplarán el pago
prioritario a los prestamistas de los intereses y del capital de los préstamos
que venzan en las correspondientes anualidades, durante las cuales, además, no
podrían solicitárseles nuevos préstamos, al menos hasta que la deuda pública
represente el 60% del PIB.
Y mientras
tanto, si así ocurriera, la experiencia de esta prolongada deudocracia o estafa de la deuda pública, denominada “crisis” tanto
por los gobiernos que la gestionan como por los medios de comunicación de masas
que la encubren, apunta a que las partidas presupuestarias de índole social seguirán
sufriendo recortes, pero tan severos que causarán “llanto y rechinar de dientes”.
¡Ojala esta previsión sea errónea!
Al
respecto, Pablo Iglesias Turrión, secretario general de Podemos, denuncia que, a pesar de los recortes sociales impuestos a
la mayoría de la población, la deuda pública no ha disminuido, sino que se ha incrementado
año tras año, por lo que, si llegara a gobernar tras las próximas elecciones
generales, propondría auditarla para que la parte de la misma que no sea legal,
es decir, que haya sido contraída en contra de los intereses generales del
pueblo español, no sea pagada; y propondría la reestructuración del pago de la
deuda que fuera legal para que permita inversiones públicas que dinamicen la
economía y, consecuentemente, se obtengan recursos con los que pagarla.
El
gobierno griego de Syriza ya ha
llevado a cabo unas propuestas similares a las que aquí podría proponer un
eventual gobierno de Podemos, pero de
las mismas no pueden extraerse conclusiones, porque su desenlace definitivo aún
no se ha producido.
DdA, XII/3005
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