Jaime Richart
Hay periodistas (concretamente
Alfonso Rojo) y políticos (concretamente Antonio Miguel Carmona) que,
allá donde ejercen públicamente la libertad de expresión, exhiben
opiniones o ideas miserables -al menos tan miserables como ellos tratan
las de su adversario ideológico. Y, lo que es más despreciable todavía,
falsean sobre la marcha las publicadas por quienes no piensan como
ellos. Ellos propalan la doctrina neoliberal o una dudosa
socialdemocracia y menosprecian cualquier otra.
Entre
otras tergiversaciones propias del pésimo periodista y piruetas propias
de la jerga contable del economista engreído, el uno y el otro van
diciendo por radios y televisiones que Vicenç Navarro, de 77 años, que
no es un neófito ni alguien que pasaba por ahí (médico, economista,
sociólogo y politólogo, experto en economía política y políticas
públicas, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad
Pompeu Fabra, profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore)
propone a Podemos crear súbitamente 3,5 millones de funcionarios.
Mienten
ambos bellacamente. Lo que propone V.N. a “Podemos” es ir creando
paulatinamente, a lo largo de los próximos años y hasta esa misma cifra,
empleos del Estado. Lo que a todas luces no es lo mismo. El prestigioso
economista toma como referencia a Suecia, donde 1 de cada 4 habitantes
lo son, mientras que en España sólo hay 1 de cada 10. Pero en lugar de
rebatir con argumentos y de razonar con minuciosidad esa idea y esa
práctica, ambos personajes, Alfonso Rojo y Antonio Miguel Carmona, se
limitan a creer que la desmontan presuponiendo que el funcionariado es
indeseable sin decir por qué.
No
son funcionarios, en todo caso, lo que V.N. considera técnicamente como
contribución parcial a la solución que la economía española precisa.
Pero aunque fuesen funcionarios... ¿acaso quien trabaja para un
empresario personal, para una corporación o para una multinacional es
más digno que quien desempeña una función en el Estado? Si fuese así, si
todos abrazásemos semejante disparate, los principales parásitos del
Estado, es decir, los gobernantes, debieran dimitir inmediatamente y
entregar su gestión a un particular o simplemente a la iniciativa
privada. Lo que evidentemente es (por el momento) una majadería.
Porque,
¿de qué se trata en la vida social, para la mejor vida de la
colectividad? ¿Cuál es la misión de los gobernantes si no procurar a
todos los gobernados -todos y no sólo unos cuantos- la máxima felicidad
posible? Si por mantener la idea, el sistema o la filosofía económica
predominante ahora esos gobernantes, sus partidarios, sus acólitos, sus
turiferarios y los periodistas asociados están dispuestos a declarar la
guerra (como en otro tiempos negar a Dios o no ser favorable a un rey
fue causa de toda clase de tribulaciones), no sólo refuerzan la
impresión, ya potente, de que estamos en una democracia de mínimos, sino
también ponen en circulación la evidencia de que hay asimismo casta en
versión periodística que, con la que pulula en la política, representa
lo más abominable de esta sociedad que sufre en su cuarta parte.
En todo
caso, ya que esa gente difamadora, manipuladora y mendaz tiene el
privilegio de hacerse oír de manera persistente, y además cobrar,
debiera ser más prudente. Con falsías y libelos hacen doblemente odiosa y
repulsiva su presencia. Si V.N. compareciese en televisión con la
asiduidad de estos dos villanos, es muy posible que los seguidores de su
inteligente propuesta se multiplicasen. Por eso no le llaman las
televisiones privadas y aún menos las públicas.
DdA, XI/2873
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