Fernando de Silva Si ahora nos quejamos de que las libertades ciudadanas están siendo perseguidas por el gobierno de Mariano Rajoy, qué diremos cuando se vean las consecuencias reales de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada con el exclusivo apoyo del PP. Muy pronto los desahucios que a diario se llevan a cabo por parte de los bancos contra personas que están sufriendo la marginación social por culpa de la crisis, ya no serán noticia, porque nadie se atreverá a protestar o tratar de impedir que se ejecuten, por miedo a que les impongan una multa millonaria; ni se podrá salir a la calle en protesta espontánea contra las injusticias sociales y laborales que a diario se cometen; y mucho cuidado con el contenido de las pancartas que se exhiban en una manifestación legal, no sea que ofendan a nuestras autoridades y apliquen la conocida como "ley mordaza".
Ni en los últimos años de la dictadura franquista se impuso una ley tan represiva como la aprobada la pasada semana. Pero esta situación no ha llegado sola, y son culpables muchos de los que ahora protestan. Dar el poder absoluto a un partido con convicciones ideológicas antidemocráticas tiene su precio, y ahora lo pagaremos todos, menos ellos; quedarse en casa, como hacen la mayoría de los ciudadanos, ante los abusos de poder que se están produciendo, les envalentona aún más para humillarnos. Lo que no entiendo es cómo nuestra sociedad, salvo puntuales excepciones, puede permitir esto, a no ser que estemos conformes con la represión ideológica y la pérdida de derechos consagrados en nuestra Constitución.
A partir de ahora los abusos policiales podrán cometerse con absoluta impunidad; no habrá una foto ni un vídeo tomado por un honrado ciudadano que permita conocer la verdad, para que se haga justicia. Porque enfocar a un grupo de policías que puedan estar pegando una paliza a alguien en plena vía pública, y de esto tenemos algunos ejemplos muy clamorosos en los últimos tiempos, está sancionado con multas muy cuantiosas. Sin embargo podrás acudir a un juicio si has sido testigo de un abuso de autoridad, pero en este momento descubrirás que, por ley, la palabra del funcionario de policía vale más que la tuya. Hasta tiene más valor la palabra del guardia civil detenido por pertenecer presuntamente al Frente Atlético, que la nuestra.
Mientras desayuno, en el mismo diario, leo en la prensa que varios trabajadores de Arcelor Mittal pueden ser condenados a cinco años de prisión por disturbios producidos durante una protesta laboral. Paso la página y me entero de que un tal Rato, que nos engañó a todos cuando presidía Bankia, y nos costó pagar con nuestros bolsillos miles de millones de euros, goza de plena libertad, y se permite el lujo de viajar a Suiza con frecuencia, "no sabemos a qué", dado que ni siquiera se le ha retenido el pasaporte. ¿En qué hemos convertido nuestro país?; en una vergüenza nacional, para sonrojo de propios y extraños.
¿Y qué dicen los jueces a todos esto?. Muchos no se atreven a actuar, otros ya hacen bastante con perseguir con escasez de medios la corrupción de quienes nos gobiernan, pero a partir de ahora quedarán anulados por ley para intervenir en todo cuanto se regula en la Ley de Seguridad Ciudadana, dado que el control de las infracciones lo tendrá la propia administración, que se convertirá en juez y parte, dejando a los ciudadanos en una completa indefensión. Y todo esto lo hacen quienes por la mañana defienden la Constitución y por la tarde la vulneran.
La calle ya no es de los ciudadanos, porque hemos dejado que otros se apoderen de nuestro espacio; pero al menos nos queda la palabra, que debemos de usar para defender nuestros derechos y denunciar las injusticias antes de que nos corten también la lengua, que a buen seguro lo intentarán; que nadie lo dude.
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