martes, 11 de noviembre de 2014

COMPLOT POLÍTICO-JUDICIAL PARA NO SENTAR A UNA INFANTA EN EL BANQUILLO

Fernando de Silva

Parece el cuento de nunca acabar, en el que el juez Castro, un magistrado honesto e independiente que trata de hacer justicia al pretender sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina por sus presuntas conductas delictivas, lucha contra los elementos, que no son otros que un fiscal sometido a las directrices del Gobierno, que se ha convertido de hecho, equivocando su papel, en un vehemente defensor de la Infanta;  una Abogacía del Estado dependiente directamente del Ministerio de Justicia,  que se niega a proteger los intereses del propio Estado; y una Inspección de Hacienda controlada por el Ministerio de Hacienda, que mantiene que la hermana del Rey no ha cometido delito fiscal.
Triste espectáculo que demuestra una vez más que la justicia no es igual para todos; y de eso tendría mucho que decir la propia Isabel Pantoja cuando, por unos hechos muy similares, está  a punto de entrar en prisión.  Y la parodia continúa, al entrar esta semana en escena la Audiencia Provincial de Baleares, aparentando imparcialidad al mantener la imputación de la Infanta por dos delitos fiscales, pero poniéndose en evidencia al levantar la imputación por un delito de blanqueo de capitales.

Aparentemente los ciudadanos pueden pensar, después de conocer la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares, que la justicia funciona, aunque sea a medias. Pero hay gato encerrado, que es preciso sacar a la luz, para poder confirmar que existe un complot político-judicial que trata a  toda costa de impedir que la Infanta Cristina se siente en el banquillo de los acusados. Todo es cuestión de matices, por lo que es preciso hilar muy fino.

Inicialmente partiremos de la base de que ni el fiscal ni la Abogacía del Estado van a a acusar a la Infanta, por lo que tan solo cabe que lo haga Manos Limpias, en su condición de acusación popular. Y es ahí donde puede entrar en juego la doctrina Botín, un invento del Tribunal Supremo para evitar que en el año 2007 Emilio Botín tuviese que sentarse en el banquillo de los acusados; que contrasta con la doctrina Atutxa, otro invento del Tribunal Supremo para impedir que el político vasco Juan María Atutxa pudiese beneficiarse de la aplicación de la doctrina Botín, como también ocurrió en alguno de los procesos seguidos contra el juez Garzón.

Para que todos podamos entender la diferencia: la doctrina Botín solo es aplicable en delitos que dañan a alguien en concreto,  por entender que solamente el fiscal o el directamente perjudicado puede acusar, sin que lo pueda hacer en solitario la acusación popular. Mientras que la doctrina Atuxta es aplicable cuando no existe un perjudicado concreto, sino que el daño lo sufren los intereses colectivos, en cuyo caso la intervención de la acusación popular es suficiente.

Parece evidente que en el  delito fiscal, por el único por el que se puede acusar ahora a la Infanta, existe un perjudicado concreto, como es la Agencia Tributaria, por lo que sería posible la aplicación de la doctrina Botín, que impediría sentarla en el banquillo si solo acusa la acusación popular y no lo hace ni el fiscal ni el Abogado del Estado. Lo que no ocurriría en el supuesto de que hubiese sido imputada por un delito de blanqueo de capitales, que permitiría que la acusación popular pudiese mantener la acusación en solitario por estar dañados los intereses colectivos.

Como hemos dicho todo es cuestión de matiz y tenemos que hilar muy fino. Pero lo ocurrido nos permite pensar que muchas voluntades se han aunado para buscar una salida a la Infanta, sin dañar aparentemente la justicia. Una lamentable parodía para salvar a la hermana del Rey. Tiempo al tiempo.

Por cierto ¿alguién conoce algún caso en el que un cuidadano sea imputado por un delito fiscal, al haber defraudado al fisco, y no sea acusado por ello ni por el Ministerio Fiscal ni por  la  Abogacia del Estado?. Pues, de confirmarse nuestras sospechas, ya tendríamos un nefasto y escandaloso precedente, propiciado por el propio Gobierno, presidido por Don Mariano Rajoy; el mismo que en las últimas horas se ha presentado como cruzado contra la  corrupción. Buen comienzo si lo hace junto a Monago  y al mismo tiempo se convierte en defensor de los defraudadores.

DdA, XI/2839