Fernando de Silva
Parece el cuento de nunca acabar, en el que el juez Castro, un
magistrado honesto e independiente que trata de hacer justicia al
pretender sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina
por sus presuntas conductas delictivas, lucha contra los elementos, que
no son otros que un fiscal sometido a las directrices del Gobierno, que
se ha convertido de hecho, equivocando su papel, en un vehemente
defensor de la Infanta; una Abogacía del Estado dependiente
directamente del Ministerio de Justicia, que se niega a proteger los
intereses del propio Estado; y una Inspección de Hacienda controlada por
el Ministerio de Hacienda, que mantiene que la hermana del Rey no ha
cometido delito fiscal.
Triste espectáculo que demuestra una vez más que la justicia no es
igual para todos; y de eso tendría mucho que decir la propia Isabel
Pantoja cuando, por unos hechos muy similares, está a punto de entrar
en prisión. Y la parodia continúa, al entrar esta semana en escena la
Audiencia Provincial de Baleares, aparentando imparcialidad al mantener
la imputación de la Infanta por dos delitos fiscales, pero poniéndose en
evidencia al levantar la imputación por un delito de blanqueo de
capitales.
Aparentemente los ciudadanos pueden pensar, después de conocer la
resolución de la Audiencia Provincial de Baleares, que la justicia
funciona, aunque sea a medias. Pero hay gato encerrado, que es preciso
sacar a la luz, para poder confirmar que existe un complot
político-judicial que trata a toda costa de impedir que la Infanta
Cristina se siente en el banquillo de los acusados. Todo es cuestión de
matices, por lo que es preciso hilar muy fino.
Inicialmente partiremos de la base de que ni el fiscal ni la Abogacía
del Estado van a a acusar a la Infanta, por lo que tan solo cabe que lo
haga Manos Limpias, en su condición de acusación popular. Y es ahí
donde puede entrar en juego la doctrina Botín, un invento del Tribunal
Supremo para evitar que en el año 2007 Emilio Botín tuviese que sentarse
en el banquillo de los acusados; que contrasta con la doctrina Atutxa,
otro invento del Tribunal Supremo para impedir que el político vasco
Juan María Atutxa pudiese beneficiarse de la aplicación de la doctrina
Botín, como también ocurrió en alguno de los procesos seguidos contra el
juez Garzón.
Para que todos podamos entender la diferencia: la doctrina Botín solo
es aplicable en delitos que dañan a alguien en concreto, por entender
que solamente el fiscal o el directamente perjudicado puede acusar, sin
que lo pueda hacer en solitario la acusación popular. Mientras que la
doctrina Atuxta es aplicable cuando no existe un perjudicado concreto,
sino que el daño lo sufren los intereses colectivos, en cuyo caso la
intervención de la acusación popular es suficiente.
Parece evidente que en el delito fiscal, por el único por el que se
puede acusar ahora a la Infanta, existe un perjudicado concreto, como es
la Agencia Tributaria, por lo que sería posible la aplicación de la
doctrina Botín, que impediría sentarla en el banquillo si solo acusa la
acusación popular y no lo hace ni el fiscal ni el Abogado del Estado. Lo
que no ocurriría en el supuesto de que hubiese sido imputada por un
delito de blanqueo de capitales, que permitiría que la acusación popular
pudiese mantener la acusación en solitario por estar dañados los
intereses colectivos.
Como hemos dicho todo es cuestión de matiz y tenemos que hilar muy
fino. Pero lo ocurrido nos permite pensar que muchas voluntades se han
aunado para buscar una salida a la Infanta, sin dañar aparentemente la
justicia. Una lamentable parodía para salvar a la hermana del Rey.
Tiempo al tiempo.
Por cierto ¿alguién conoce algún caso en el que un cuidadano sea
imputado por un delito fiscal, al haber defraudado al fisco, y no sea
acusado por ello ni por el Ministerio Fiscal ni por la Abogacia del
Estado?. Pues, de confirmarse nuestras sospechas, ya tendríamos un
nefasto y escandaloso precedente, propiciado por el propio Gobierno,
presidido por Don Mariano Rajoy; el mismo que en las últimas horas se ha
presentado como cruzado contra la corrupción. Buen comienzo si lo hace
junto a Monago y al mismo tiempo se convierte en defensor de los
defraudadores.
DdA, XI/2839
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