Lidia Falcón
Resulta enormemente frustrante observar como las fuerzas de izquierda
repiten y repiten los mismos errores, siglo tras siglo. Me refiero a la
izquierda que no se rinde al capital como sucede con la
socialdemocracia. La reclamación repetida de un referéndum sobre
monarquía o república que están planteando los partidos políticos y las
asociaciones ciudadanas creyendo que de celebrarse sería el comienzo del
ciclo republicano, es tan torpe como ingenua. Y sin embargo, por su
aparente equidad, está convenciendo a la ciudadanía, que tiene tan mala
memoria como desconocimiento de los mecanismos del poder.
Ese poder que desde la Transición tiene puesto el pie en el cuello
del pueblo. Porque en España, a diferencia de Suiza o Francia, la
izquierda no tiene ninguna esperanza de ganar ni un plebiscito ni
siquiera una consulta popular. Para evitar que los partidos políticos de
izquierda y los sindicatos tuvieran alguna posibilidad de dirigir el
destino del país, se organizaron eficazmente todas las fuerzas de la
derecha en la redacción de la Constitución, que consiguieron la sumisión
del Partido Comunista y del PSOE, a los que se les dio,
conmiserativamente, vela en el entierro. Así, ni siquiera se puede tener
la seguridad de ganar una consulta popular. La solicitud debe ir
acompañada de medio millón de firmas, recogidas en un máximo de nueve
meses, con garantía notarial en cada ciudad. Presentadas ante el
Congreso, los partidos que componen la Cámara pueden decidir en media
hora que ni siquiera quieren discutir la propuesta, como sucedió con la
solicitud de las Asociaciones de Viudas para que se les subiera por
caridad la miserable pensión de que disfrutan, después de haber reunido
dos millones de firmas.
El régimen franquista, del que es continuador esta monarquía, alarga
sus tentáculos muy eficazmente. Esa Constitución tan alabada aparta a
los ciudadanos de la posibilidad de reclamar los derechos sociales que
tan pomposamente recita en su texto: nadie puede exigir la tutela
judicial para lograr un empleo, una vivienda, un ambulatorio ni un
colegio.
Es realmente penoso plantearse que la proclamación de la III
República dependa de una consulta popular, cuando nos arrebataron “manu
militari” la II, que tan heroicamente defendió el pueblo español. No se
plantean en referéndum los derechos fundamentales, se proclaman y se
hacen cumplir.
Pero si hablamos del tan deseado referéndum, sería bueno saber, para
comenzar, que el Artículo 92 de la Constitución impone que sea convocado
por el rey y que no tiene carácter vinculante. Ninguna de las fuerzas
políticas que organizan la campaña por esa consulta popular parece
haberlo leído. Quienes lo reclaman, con una ingenuidad sin igual, piden
que se plantee con una pregunta concreta sobre si queremos monarquía o
república, y al parecer no se han enterado de lo que nos sucedió con el
referéndum sobre la OTAN. Vean ustedes, “aviven el seso y despierten”,
recordando la pregunta que se planteó en el referéndum:
“El Gobierno considera conveniente, para los intereses
nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que
dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”
La falacia con que organizaron la pantomima de aquel referéndum es
tan enorme que no se comprende como después de que el gobierno de Aznar
nos integrara en la estructura militar de la OTAN (y nunca nos han
contado lo que tal situación nos cuesta), de que se esté ampliando
continuamente la presencia militar de EEUU en España, (3.000 militares
estadounidenses más se esperan este año en Rota), de que las bases de
Rota y de Torrejón de Ardoz sirvan para enviar las operaciones de
bombardeo contra Irak, Afganistán, Libia; de que los vuelos de la CIA
transportando prisioneros secuestrados de Guantánamo y otras prisiones
secretas reposten en Mallorca, y de que nadie inspeccione si las bases,
los aviones, los submarinos y los barcos de la OTAN que se han instalado
en nuestro país, tienen armas nucleares, nuestra gente no haya salido
masivamente para acabar con semejante sumisión del gobierno español al
de EEUU.
Examinen ahora como se organizaría el famoso referéndum por la
República. Porque no solamente el rey nos tiene que hacer la concesión
de convocarlo sino que sería este Ministro del Interior, el ilustre
Jorge Fernández Díaz, miembro numerario del OPUS DEI, el que tendría que
organizarlo, dirigirlo y realizarlo, a través de sus delegados del
Gobierno, de los alcaldes –la mayoría se reparten entre el PP y el
PSOE-, con el concurso y la protección de las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
En manos de ese Estado, copado hoy por la Casa Real, su camarilla y
el partido Popular gobernante, se encuentran todos los medios de
titularidad pública: televisiones y radios, que son los voceros de la
campaña que se montaría entre los partidos monárquicos, incluido el
PSOE, a tenor de las deplorables declaraciones de apoyo al rey y a la
monarquía que están haciendo desde Felipe González a Rubalcaba, Elena
Valenciano, Soraya Rodríguez, y otros ilustres dirigentes. Incluso en
contra del sentir de las bases del partido, que de todos modos padecen
una evidente afonía. Y hay que ver el repugnante servilismo con que los
medios de comunicación privados están alabando a Juan Carlos, a su hijo
y a toda su familia, con desprecio absoluto a todo rigor histórico y
veraz. Lo que deberíamos preguntarles, de una vez, es cuanto cobran los
periodistas más encumbrados del país por afirmar que “el rey ha
mantenido una férrea neutralidad”, que la concesión de las autonomías se
la debemos al Borbón, y hasta -que a tanto se atreven- que el rey ha
jurado la Constitución y hacerla cumplir, cuando debería ser de todos
sabido que este Rey que se va nunca ha jurado nada más que los
Principios del Movimiento Nacional.
Y ante el enorme desafío de la convocatoria de la consulta popular la
oposición republicana, tan dormida hasta ahora, despertaría sin
organización, sin dinero, sin televisión y sin periódicos. Y sí,
haríamos un esfuerzo sobrehumano, una vez más, por intentar
contrarrestar la infame propaganda del régimen monárquico que nos
domina, para comprobar que, una vez más, perdíamos un referéndum.
En esta bendita etapa democrática que dura 39 años, se han convocado
únicamente dos: el de la OTAN y el de la Constitución Europea y en los
dos ha salido triunfante el poder. Pero, no se puede descartar que ante
tanta insistencia de los partidos de izquierda, de los movimientos
sociales –nada se podrá esperar de los sindicatos cuando Cándido Méndez
hace obsequiosas alabanzas al rey-, de los medios de comunicación que
defienden la consulta, no se le ocurra al nuevo rey convocarla.
Porque, en definitiva, ¿a quien beneficiaría un referéndum? Únicamente a Felipe de Borbón.
Este príncipe no ostenta ningún mérito relevante en su trayectoria de
heredero de la Corona. No parece despertar especial entusiasmo en la
ciudadanía, ni siquiera la más joven, y no puede argüir especiales
servicios a la patria para ser admirado y revalidado como buen sucesor
de Juan Carlos. Un referéndum, por tanto, le daría el marchamo necesario
de demócrata y respetuoso con los deseos de su pueblo. Y lo ganaría.
¿Qué más puede querer, en consecuencia, la Corona que ser refrendada por
una amplia mayoría, para demostrar “urbi et orbe” que la insidiosa
campaña republicana provocada y orquestada por los comunistas,
sectarios, nostálgicos y radicales de siempre, no tenía ninguna
correspondencia con los verdaderos deseos del pueblo español, que se
siente entusiasmadamente monárquico?
En definitiva, parafraseando a Marx, este sería el exitoso 23 de febrero de Felipe de Borbón.
DdA, XI/2.728
No hay comentarios:
Publicar un comentario