El pasado 18 de febrero me pilló preparando un viaje a Londres.
Quería explorar algunos fondos de los Archivos Nacionales británicos. En
tres días, gracias a la tablet, tomé 2.300 fotografías de documentos.
Los archiveros me tenían preparados 18 legajos previamente
identificados. Los cincuenta restantes los pedí sobre la marcha. Incluso
me dio tiempo para presentar en la London School of Economics, en el
seminario de Paul Preston, un resumen del estado de mis investigaciones
sobre mi próximo libro.
En ese mismo día, en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados se debatió, y rechazó por 23 votos, todos
del PP, contra 15 una proposición no de ley sobre reapertura del acceso
a archivos. Al final de este post daré los vínculos correspondientes
para que los lectores que quieran ver el desarrollo de las discusiones
puedan hacerlo sin dificultad.
Los investigadores españoles y extranjeros debemos estar agradecidos
al Grupo de Izquierda Unida, motor de la proposición, por querer
convencer al Gobierno del PP de cosas tan espantosas y temibles como las
siguientes: i) que el Estado español no incumpla las recomendaciones
del Consejo de Europa en materia de acceso archivos públicos (el lector
supondrá que tan augusta Asamblea no es un nido de izquierdistas ni de
revolucionarios impenitentes); ii) que deje sin efecto un acuerdo del
Consejo de Ministros no publicado del 12 de octubre de 2010, una de las
mayores patochadas en este campo del Gobierno Rodríguez Zapatero, y de
fundamentos jurídicos más que endebles; iii) adoptar las medidas
oportunas para permitir de nuevo el acceso a los documentos que, a tenor
de dicho acuerdo, afectan a fondos de incluso hasta el siglo XVIII
(período muy peligroso, ya lo vieron así Franco y sus acólitos); iv)
dotar de medios a los archivos General de Administración e Histórico
Nacional para reabrir en ellos la consulta; v) desclasificar los
documentos de defensa que había dejado ya preparados la ministra Chacón
(ignoramos su posición respecto al acuerdo que cerraba otros, incluidos
los del siglo de las Luces), etc.
Todos los intervinientes, salvo por parte del PP, se mostraron
acordes con la proposición no de ley. Incluso el PSOE, cuyo
representante (Alex Saez) lo tenía difícil ya que el PP se escuda en el
acuerdo de 2010 que él, ciertamente, no tomó. Al escuchar las
respectivas intervenciones me parecieron muy notables las del Grupo
Vasco (Aitor Esteban), UPyD (Irene Lozano) y CiU (Jordi Xuclà).
Razonables y coincidentes todas con el hecho de que ese cierre no es
compatible con la “marca España” que tanto le gusta promocionar al
Gobierno y cuyas afirmaciones de que el tema está en estudio (repetidas a
lo largo de un año o año y pico) son escasamente creibles. El
proponente por IU (Joan Josep Nuet) hizo una buena defensa del texto
sometido a discusión y planteó, lo que yo también habría hecho, el tema
fundamental: ¿qué hay detrás de la cerrazón del Gobierno? Los motivos,
obviamente, no pueden ser los mismos que tuviera el anterior, que por
cierto nunca se han explicitado (quizá el PSOE lo haga algún día aunque
me temo que dará gato por liebre pues según mis noticias fueron
absolutamente grotescos).
El señor Nuet se preguntó (yo también me lo pregunto) si por azar las
razones no tendrían algo que ver con las conexiones entre el anterior
régimen y los regímenes fascistas o con el temor de que aparezcan
nombres. Fue muy correcto. Para mí se trata de un caso claro de temor o,
mejor dicho, de pavor al pasado, a la historia, a lo que los
historiadores descubramos.
Naturalmente, para evitarlo hay que destruir documentos. Ya se hizo
en los años de la transición. Se afirma que alguno de sus promotores se
sienta hoy en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En la
actualidad sería más difícil destruirlos porque en el AHN y el AGA,
archivos serios y dirigidos profesionalmente, la operación no quedaría
oculta. Se trata, no lo olvidemos, de centenares de miles de documentos.
Si los documentos no se destruyen, lo único que se gana con su cierre
es tiempo. Quizá es lo que interesa al PP. La diputada popular que se
opuso a la proposición no de ley, Gema Conde Martínez, no fue muy
afortunada en su argumentación, que supongo es la del Gobierno: los
documentos se habrían transferido al AHN y al AGA para facilitar su
acceso; convendría seguir estudiando para ver cómo actualizar el acuerdo
(no olvidemos que pirata y secreto) del Consejo de Ministros; hay que
examinar pormenorizadamente los documentos para ver los que pueden
desclasificarse (antes del acuerdo todos eran accesibles) y si cumplen
con la normativa vigente (antes se suponía que sí, ya que los aspectos
no accesibles estaban perfectamente delimitados). Claro que eso
dependería de la coyuntura económica porque tales acciones necesitan de
medios materiales y humanos y ahora, ya se sabe, desgraciadamente la
herencia que dejó el PSOE no lo permite. En cualquier caso, que el
pueblo soberano no tenga la menor duda: no se trata de no querer
facilitar el acceso. Felicito de todo corazón a la señora Conde Martínez
por su manejo de la neolengua orwelliana.
Ahora bien, si lo que el PP teme es que sus progenitores históricos
no queden bien parados lo tiene mal. En los archivos alemanes,
británicos, franceses y norteamericanos los fondos relativos a los años
de la dictadura están ya abiertos. Al menos en Kew (Surrey) hay material
más que suficiente para sacar los colores a muchas figuras prominentes
del “anterior régimen”, nacionales y locales. No hay que olvidar que la
red de consulados británicos era bastante densa. Mientras tanto, no
entonaremos un ¡viva la santa ignorancia! y diremos al partido del
Gobierno que el cierre de los archivos no destruirá la búsqueda en pos
del conocimiento del pasado.
Laus Deo!
DdA, X/2.641
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