El gobierno, ya sea para el caso central o autonómico, no deja de dar lecciones pro-vida desde que elaboró la regresiva ley del aborto, bien sea tiroteando con balas de goma a los inmigrantes en Ceuta (15 muertos por ahogamiento y total desfachatez a la hora de explicarlo), bien sea en los pasillos de los hospitales públicos, cada vez más desasistidos de personal y espacio para atender a los pacientes. Los efectos de los recortes en Sanidad de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha, a modo de avanzada de lo que aguarda al resto de España si no se mantienen actitudes de firme y modélica resistencia como la de Madrid, se han dejado notar en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Según información emitida ayer por la Cadena Ser, dos pacientes de 91 y 100 años, que estaban siendo atendidos en el servicio de urgencias de ese centro, fallecieron en los pasillos sin que los médicos pudieran atenderlos en otro lugar. El pasado 2o de diciembre, el personal médico de ese mismo servicio de urgencia remitió un escrito al Colegio de Médicos de Toledo en el que denunciaban
la actual situación "caótica" del servicio con "sobresaturación de
pacientes pendientes de ingreso en planta". Según este escrito, el
colpaso que sufre el sector de urgencias es tal que se están registrando
"incorrecciones e incluso imposibilidad de administrar los
tratamientos". El Complejo
Hospitalario de Toledo, por su parte, ha negado estos hechos y aclara que estas dos
pacientes fallecieron en la sala de reanimación de urgencias después de
que empeorara su situación.
Ayer informaba Un Espía en el Congreso (UEC) que el ministro García-Margallo, a través de tres gabinetes de prensa (Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Hospital Gregorio
Marañón), había tratado encubrir la noticia difundida por las redes sociales y este DdA referente al uso por su parte del Hospital Gregorio Marañón, perteneciente a la sanidad pública, para una liposucción abdominal llevada a cabo el pasado 7 de febrero: “fue una operación quirúrgica menor”; la intervención “estaba programada desde hace más de un año“; la pérdida de grasa se debe a que “en las últimas semanas se ha sometido a una dieta de adelgazamiento
para pasar por el quirófano en condiciones óptimas”; “no ha sido
sometido a una operación de cirugía estética porque en las
intervenciones de hernia suele ser necesario también realizar una reducción de la grasa abdominal por razones estrictamente médicas”; “no se han pagado salarios extraordinarios a personal médico para atenderlo”; “sólo se bloqueó la habitación doble que ocupaba, dejando inutilizada únicamente la otra cama de la estancia por estrictos motivos de seguridad”. Sin embargo, los testigos proliferan: el ministro abusó de su cargo
para conseguir un trato privilegiado en la sanidad pública. Las acusaciones del personal sanitario son muy concretas y se consignan en UEC.
DdA, X/2.629
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