Presenta el Gobierno los Presupuestos para 2014 como los presupuestos
del "primer año de la crisis con creación neta de empleo". Pero no es
"empleo" los bodrios laborales creados día a día en las aguas de la
precariedad y la explotación. Se lían los políticos del gobierno y de la
oposición, así como los comentaristas y tertulianos de todos los puntos
ideológicos cardinales, intercambiándose variaciones anuales y tasas de
empleo, pero la cuestión es previa: llamar "empleo" al desvarío laboral
urdido sobre todo desde la Reforma Laboral del PP es un sinsentido.
Hace aproximadamente un mes, el Gobierno de Mariano Rajoy, por boca de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
anunció que iba a simplificar las 41 modalidades de contrato existentes
en nuestro país, reduciéndolas a cinco. En realidad, las 41 de ahora y
las 5 anunciadas pueden reducirse, a su vez, a un único común
denominador: el contrato laboral está dejado casi en exclusiva en manos
del contratante, sin que la persona contratada tenga nada que negociar.
En un contrato debe haber dos partes que libre y responsablemente
estipulan los términos del mismo. En cualquier mercado hay un comprador y
un vendedor que acuerdan o no la compraventa de un producto o una
mercancía. En el mercado laboral la libertad brilla hoy más que nunca
por su ausencia: quien únicamente estipula los términos del contrato,
quien puede romperlo mediante mil mecanismos puestos a su servicio,
quien puede saltarse a la torera un contrato laboral es la parte
contratante, el empresario, y muy raramente el trabajador.
En
este marco, suena a cachondeo el artículo 35.1 de la Constitución
Española: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho
al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a
través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo". Un derecho fundamental de la
ciudadanía está siendo conculcado e ignorado por la clase política y
empresarial (los sindicatos se merecen otro análisis serio a este
respecto) y seis millones de ciudadanas y ciudadanos carecen de medios
para ganarse honrada y dignamente su vida y la de los suyos.
Por lo mismo, llamar "austeridad" a la política de recortes y demolición
sistemática de los derechos y servicios sociales de la ciudadanía
sobrepasa los límites del eufemismo y entra de lleno en el terreno de la
mentira capciosa. Pocos pondrán en duda la necesidad de ajustar los
ingresos y los gastos de las administraciones públicas del Estado, así
como también depurar responsabilidades en numerosos casos de despilfarro
y otras figuras delictivas por parte de los culpables. Sin embargo, es
criminal e ilegítimo hacer recaer solo sobre las espaldas del pueblo el
pago de la deuda pública del Estado más sus intereses, que en realidad
pertenece en su mayor parte a la deuda privada de las grandes empresas e
instituciones financieras. Poner la economía de un país al servicio de
los intereses de los acreedores privados de unos entidades privadas
(bancos y entidades especulativas nacionales y extranjeras) no es
conseguir alcanzar el "objetivo de déficit", sino un fraude y una estafa
al pueblo. Cercenar los derechos de sus ciudadanos y desmantelar el
sistema de servicios sociales básicos de un país, abandonándolo en manos
del negocio privado y de la ideología neoliberal, convertida cada vez
más en praxis salvaje, es una traición a las obligaciones fundamentales
de todo político y todo gobernante. Llamar a todo eso "austeridad"
atenta contra la razón, remueve las tripas y empuja hacia la
insurrección.
No hay dinero --dicen--, pero la banca española
recibe para su rescate 60.000 millones de euros de dinero público. No
hay crédito --dicen--, pero la banca española ha obtenido, como mínimo,
medio billón de euros del BCE al 1% para volver a especular. Sube la
energía --dicen--, pero las grandes empresas energéticas españolas, como
Iberdrola, Endesa o Gas Natural, casi duplican sus ganancias respecto
de las empresas energéticas de la UE (no en vano chupan de sus ubres
expresidentes y exministros de Gobiernos anteriores). Crean un nuevo
"superregulador independiente" (Comisión Nacional de los mercados y la
Competencia, CNMV) y una sobrina del Ministro Luis de Guindos pasa a ocupar el puesto de directora general de Competencia, ocupando la vacante dejada la hija de Miguel Arias-Cañete, ministro de Agricultura.
"Empleo" --dicen--, y a la mentira del gobernante le sigue el silencio
sepulcral del gobernado: tiene miedo y aún vive lo suficientemente bien
como para pensar que volverán las golondrinas anunciando primaveras y
veranos, cuando ya solo queda el desierto, producto de la política de
tierra quemada gubernamental. (En su despacho, un dirigente sindical
escucha la Internacional por Spotify).
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