Hace pocos años, indagando la legislación municipal de Zaragoza sobre cementerios con
el objetivo de reivindicar el carácter civil de los cementerios
municipales y la existencia de recintos laicos para la celebración de
funerales, leí con asombro, al final de la Normativa Municipal del
Reglamento del Cementerio principal, hasta entonces vigente: "Este
reglamento fue aprobado en sesión del 30 de marzo de 1938. II Año
Triunfal". En otras palabras, aquel reglamento, presente hasta entonces
en el sitio web oficial del Ayuntamiento de Zaragoza, o era del agrado
de los munícipes zaragozanos que lo hubieran leído o nadie se había
molestado en leerlo.
En otro (¿el mismo?) orden de cosas, 400.000
personas y familias han ido quedando desahuciadas desde 2007, a un
ritmo de 517 desahucios hipotecarios al día en el primer trimestre de
2012. La legislación hipotecaria española, que se remonta
originariamente, con algunas modificaciones, a 1909 y 1946, les ha
parecido de perlas (a los hechos contantes y sonantes me remito) a los
sucesivos gobiernos y mandatos del PP y del PSOE, pues ninguno de ellos
ha tenido nunca a bien cambiar o revisar siquiera tal legislación.
Mientras socialistas y populares discutían hasta hace unos días sobre
galgos y podencos en su nonato pacto contra desahucios, personas de
carne y hueso y familias enteras se quedaban en la calle, y las
entidades financieras, impertérritas en su voracidad carroñera,
mostraban cada año públicamente una parte de sus copiosos beneficios
amasados durante el ejercicio anterior. O nuestros gobernantes no habían
leído la legislación hipotecaria vigente (cosa harto probable) o les
importaba un carajo (cosa aún más probable) o se limitaban a secundar
las directrices y acatar los chantajes de los amos del dinero y también
de sus deudas crediticias (cosa, está sí, segura).
Pues bien, el
Tribunal de Justicia de la UE dictaminaba el pasado jueves que la
normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios es
incompatible con la directiva europea de protección de los consumidores,
aprobada en 1993 (o sea, no precisamente anteayer), por lo que los
jueces podrán suspender cautelarmente los procedimientos de ejecución e
impedir los desalojos que incluyan cláusulas abusivas en un contrato
hipotecario. ¿Alguien se ha declarado o se declarará en España
responsable de los centenares de miles de tragedias de personas y
familias abandonadas a su suerte, sin vivienda y al pairo exclusivamente
de las maniobras de las entidades financieras?
Como si nada fuese con los actuales gobernantes, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy,
enrocado hasta el último minuto en su decisión de quedar a la espera de
la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y no tocar la actual
legislación hipotecaria española, pues de hacerlo, encarecería, según
él, los créditos en España, se ha limitado a decir que "estamos
estudiando la sentencia", "intentaremos adecuar la legislación a lo que
desde Bruselas se nos pide" y "tomaremos una decisión a la mayor
celeridad posible", mientras que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
anunciaba que "serán corregidos" todos los "aspectos" de la legislación
hipotecaria española "contrarios a la legislación europea".
La
realidad humana y ciudadana queda así invertida y pervertida, a la vez
que los derechos fundamentales quedan ignorados y silenciados. Lo que
parece importar a los políticos es la legislación, y muy poco, en
cambio, los derechos sobre los que debe sustentarse toda legislación. Lo
definitivo para ellos son las normativas y las leyes, y el poder
económico-político se cuidará muy mucho de que alguna legislación vaya
en contra de sus intereses y de su acopio de beneficios. Por lo mismo,
parece carecer de importancia para ellos que millones de ciudadanas y
ciudadanas estén privados, de hecho, por tal legislación de derechos
fundamentales, tales como el derecho al trabajo o a una vivienda digna y
adecuada. Sin embargo, por encima de la ley están los derechos humanos y
la conciencia personal de cada ser humano como instancia ética suprema.
La policía pide el carné en la calle y amaga con fuertes sanciones y
multas a personas que manifiestan pública y pacíficamente sus denuncias y
sus reivindicaciones de derechos y libertades fundamentales. Son
policías cuyos hijos acuden diariamente a escuelas cada vez más
recortadas, tienen menos acceso a becas y ayudas, visitan hospitales y
centros de salud cada vez con menos recursos. Son policías sin paga
extra, con reducción de salarios, y que intervienen directamente en el
drama de los desahucios, de los EREs, de la desesperación ciudadana.
Cumplen órdenes por obediencia debida. Triste y esquizoide. Legal, pero a
menudo también inhumano. La realidad humana y ciudadana queda así
pervertida, invertida. Obedecen a sus amos directos (jefes, delegados
gubernamentales, ministros), son servidores mudos, sordos y ciegos de
los intereses de los amos del mundo con su dinero, sus delitos fiscales,
sus trapicheos, sus pelotazos y sus disfraces de mercaderes tramposos. Y
el infierno está lleno de cumplimientos de órdenes.
*Artículo publicado hoy en El Periódico de Aragón
PUNTOS DE PÁGINA
Concejales huyendo del pueblo
Los concejales del municipio pontevedrés de Ponteareas, que presentan a sus ciudadadnos, hubieron de huir de esta guisa de los ciudadanos estafados por las participaciones preferentes. (+@La Voz de Galicia)
+@"Lo de Chipre tiene una definición que es: atraco a mano armada". (Arcadi Olveras)
+@"Lo de Chipre tiene una definición que es: atraco a mano armada". (Arcadi Olveras)
DdA, IX/2338
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