Imaginemos que el poder proviene del pueblo. Lo sé, a estas alturas
es mucho imaginar, pero hagamos un esfuerzo. Imaginemos que la soberanía
nacional reside en la voluntad de la ciudadanía, que se organiza
socialmente en régimen de libertad, de justicia y de paz, y sobre la
base de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de los derechos
iguales e inalienables de todas y cada una de las personas. Imaginemos
ahora, lo sé, hoy ya cuesta poco imaginarlo, que algunos han decidido
que los derechos fundamentales son pura filfa, no pertenecen a las
personas y deben ser regulados y recortados según las necesidades
económicas y de acuerdo con los intereses de una supuesta clase nacional
y supranacional, que dicta y manda en el mundo y en cada país. La
vivienda digna, por ejemplo, deja de ser un derecho, para quedar sujeta a
los vaivenes del "libre mercado". O que el derecho al trabajo solo es
regulado por el contrato único, los miniempleos, el despido libre y
gratuito y la existencia de seis millones de parados. O que el gobierno
asume, sin consultar al pueblo, que la deuda privada de los bancos y las
grandes empresas es deuda soberana y del país entero, aunque apenas
pueda pagar siquiera los intereses de dicha deuda, detrayendo todos esos
gastos de las verdaderas necesidades de la gente. O que el gobernante
trata a la educación y la sanidad como meras mercancías, rebajables a
gusto de los intereses creados de la enseñanza privada y la sanidad
privada.
Imaginemos ahora qué puede hacer un desempleado de larga
duración que cobra mensualmente una prestación de 399 euros mensuales y
tiene dos hijas en plena pubertad y adolescencia, respectivamente. O
una persona anciana, privada de ayuda domiciliaria por recortes
presupuestarios gubernamentales y cuya mayor preocupación en esos
momentos es no morir sola, demasiado sola. O una madre que debe meter
cada mañana en una fiambrera la comida de su hijo, alumno en una escuela
de Primaria, que ya no tiene beca de comedor ni de material escolar. O
el minusválido que ha de quedarse en casa por carecer del dinero que
ahora le niega el Gobierno para disponer de una prótesis o una silla de
ruedas.O una joven que, terminados sus estudios superiores, sobrevuela
ya la treintena sin trabajo, sin otro currículum profesional que unos
pocos contratos basura.
¿Qué pueden hacer, dime? ¿Qué puede hacer
toda esa gente salvo rebelarse? Ya en 1789, la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano proclama que "los hombres nacen y
permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos" (a. 1) y que "la
finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad,
la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión" (a.2). Sobre
esta base, es razonable concluir que los gobiernos y las instituciones
públicas que no se ocupen realmente de conservar los derechos cívicos,
laborales, sociales, económicos y políticos de la ciudadanía pueden ser
considerados ilegítimos. En otras palabras, la verdadera legitimidad de
los gobiernos no descansa solo en obtener cada cuatro años un respaldo
popular en las urnas, sino principalmente en la realización efectiva de
los derechos ciudadanos, en todas sus vertientes, generalmente expuestos
en los a menudo mendaces programas electorales de los partidos
gobernantes.
El artículo 28 de la Declaración Universal de los
Derecho Humanos de la ONU reconoce que "toda persona tiene derecho a que
se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y
libertades (-) se hagan plenamente efectivos". La reivindicación de
estos derechos conlleva necesariamente el derecho a oponerse a cualquier
autoridad e institución que atente contra los mismos. En otras
palabras, los derechos humanos no son completos si no están acompañados
del derecho a resistir activa y pasivamente frente a quienes, de hecho,
los conculquen o los nieguen. Pues bien, el derecho de resistencia
equivale en determinados momentos al deber de resistir. No hay
democracia sin el pueblo (demos), por lo que el pueblo mismo está
obligado a velar permanentemente por la democratización constante y sin
paliativos de la propia democracia (valga la redundancia) o, dicho de
otro modo, por redemocratizar sin descanso la democracia misma.
El
derecho de resistencia es también derecho de desobedecer, de llevar a
tribunales de garantía al gobernante que da la espalda a los derechos de
la ciudadanía, de impugnar la legitimidad del poder corrupto,
incompetente o abusivo, de ejercer abiertamente el disenso y la crítica.
En resumidas cuentas, el derecho de resistencia es una obligación moral
de la ciudadanía que se sabe responsable del bienestar real y
sostenible de sus conciudadanos y de las generaciones futuras.
Nota de Lazarillo: La foto corresponde al momento previo en que representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) fueron expulsados de las tribunas del Congreso de los Diputados por reclamar a gritos que se debatiera allí la Iniciativa Legislativa Popular, avalada por un millón y medio de firmas ciudadadanas, en la que se plantea la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo y alquiler social, así como la paralización de los desahucios. A priori se pensaba que el rodillo del Partido Popular iba a imposibilitar tal debate, pero finalmente, gracias a la presión y resistencia activas de la citada PAH a lo largo de cuatro años de trabajo, el Pleno de Congreso ha aceptado por 333 votos a favor y una abstención que ese debate se verifique. Hasta el mismísimo PSOE ha reconocido ayer sus errores gubernamentales en materia de legislación hipotecaria y se ha mostrado dispuesto a una moratoria y al apoyo de la dación en pago con alquiler social. Al margen de los resultados que se den en ese dabete, la iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca constituye una lección práctica -a seguir por otros colectivos ciudadanos- de la tesis que Aramayona defiende en su artículo: No hay
democracia sin el pueblo (demos), por lo que el pueblo mismo está
obligado a velar permanentemente por la democratización constante y sin
paliativos de la propia democracia (valga la redundancia) o, dicho de
otro modo, por redemocratizar sin descanso la democracia misma.
DdA, IX/2.304
No hay comentarios:
Publicar un comentario