Rafael Jiménez Claudín
Mariano
Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas,
Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y otros cargos
del Partido Popular aparecen citados en listados contables elaborados
por los tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas para controlar
las entregas de dinero procedentes de ingresos anónimos de personas y
empresas incursas a su vez en casos de corrupción política y
administrativa, en lo que supone el caso más grave de atentado al estado
de derecho en España desde el fatídico 23 de febrero de 1981.
Según el resumen de la información de El País que aportamos hoy en Periodistas-es,
el periódico documenta retribuciones no oficiales de altos cargos del
PP que provienen de empresarios imputados en casos de corrupción, entre
ellos de la trama Gurtel, y esta relación invalida cualquier pretendida
investigación que se pueda hacer sobre los hechos, tanto desde el propio
PP como desde el Gobierno, ya que serían parte involucrada en el
proceso, como se ha puesto de manifiesto en el trato dado por Hacienda a
Luis Bárcenas a través de la Amnistía Fiscal.
Pero
siendo grave las imputaciones de financiación ilegal, alegal o atípica,
da igual la formulación final que tengan las llamadas donaciones hechas
por simpatizantes y empresarios al PP, es aún más grave que se
establecen conexiones entre los procesos de privatización de servicios
públicos emprendidos en distintos ámbitos de gobierno del PP con las
empresas adjudicatarias, que muestran un vaciado total del estado de
bienestar en favor de la mercantilización de la gestión de la sanidad,
la justicia, la educación o de recursos fundamentales como el agua,
pasando por encima de cualquier consideración de profesionales o
ciudadanos afectados, sin olvidar el vaciado de las entidades bancarias y
de las cajas de ahorro en favor de consejeros y especuladores.
Hay
que reconocer que esta gente del PP se lo ha montado muy bien, y que
para llegar al poder se han beneficiado de dos legislaturas socialistas
que generaron el mayor desencanto conocido de la mayoría de centro
izquierda que compone el electorado español desde la Transición, para
ejercer ahora ese poder de forma contundente en beneficio de los
intereses y objetivos sociales de una derecha que aglutina posiciones
extremas y que considera que ha llegado el momento de implantar en
España un nueva era de oscurantismo social, cultural, económico,
religioso, para lo que cuentan tan solo con esta legislatura.
Y
aquí surge la gran duda, porque si el descontento social sigue
creciendo hasta el punto de invalidar una posible nueva mayoría del PP y
otros partidos de la derecha en las urnas, el único recurso que le
quedaría al entramado de poder actual es cercenar la base democrática
del estado de derecho, y en esta línea de pensamiento hay que evaluar
iniciativas de reducir la participación parlamentaria y cambiar las
circunscripciones electorales que se están llevando a cabo o proponiendo
en comunidades autónomas, y que se trasladarían al Congreso y Senado
antes de que acabe el mandato.
El
problema es que para frenar la involución democrática en España la
ciudadanía no puede contar con partidos políticos de centro izquierda
que se presenten libres de ataduras y complicidades que lastren su
actuación, y que el movimiento ciudadano que ha comenzado a manifestarse
carece de la articulación necesaria para imponer una agenda de
regeneración a corto plazo.
Y
en este escenario conviene recordar que los estallidos sociales
motivados por la degradación de las situaciones personales hasta el
punto de no tener nada que perder, como se han visto en la Francia de
Sarkozy o la Grecia también son posibles en España, y que estamos
abocados a ello si no se produce una reflexión rápida de la derecha
democrática sobre la invalidez del proceso actual, que no se está
desarrollando en favor de conceptos ideológicos que pueden se válidos,
sino para acopiar recursos y fortunas por personas o grupos que
medrarían igual con regímenes dictatoriales.
En
España lo hemos vivido recientemente, desde el año 1936 al 1977, pero
una gran mayoría de la ciudadanía no lo ha sufrido directamente, y eso
dificulta aun más la toma de conciencia sobre qué está pasando y cómo
podemos evitar volver al pasado.
DdA, IX/2.291
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