LA MAYORÍA PARLAMENTARIA COMO DICTADURA IDEOLÓGICA

Camilo José Cela Conde

Saber por qué razón votó al Partido Popular cada uno de los muchísimos ciudadanos lo hicieron en las últimas elecciones es un objetivo imposible. Sin embargo, no parece que haya de errar mucho quien, pese a esa ignorancia, afirme que la mayoría de los votantes pensaba que las cosas habrían de cambiar con Mariano Rajoy en la Moncloa. Lo han hecho, sí, pero no en el sentido subyacente al anhelo de cambio. Los palos de ciego, la sumisión a la voluntad de Merkel, el acoso que de los mercados y, en suma, las angustias derivadas de la crisis económica, siguen. En realidad han empeorado. El cambio prometido existe, pero es otro. Lo que bajo el amparo de una mayoría absoluta indiscutible se nos ha colado con nocturnidad y alevosía, porque no era eso lo que se buscaba, es un ramillete de valores que pone de manifiesto con bastante claridad hacia dónde vamos.

El indulto a los políticos corruptos de Convergència i Unió fue la primera advertencia acerca de por dónde iban a ir las cosas. Toda una declaración de intenciones que si desde el Gobierno se cree que sintoniza con las ideas y los principios de la mayoría que les votó, debería hacérselo mirar. En una coyuntura histórica en la que quienes provocaron la crisis y quienes pagan con ella no coinciden en nada, se apuesta por los corruptos a la vez que se califican de inevitables los ajustes durísimos. ¿También era ineludible ese indulto? Y si es así, ¿por qué?

Un segundo frente se abre con el empeño, anunciado, eso sí, desde hace mucho tiempo de reformar la asignatura de Ciudadanía. Hacerlo forma parte de las prerrogativas de quien dispone del poder absoluto. Pero meter en ese saco las exigencias del sector más reaccionario que existe en España, el de los obispos, ni era necesario ni hace otra cosa que empeorar la situación. Volvemos al aplauso de la homofobia justo cuando más escándalos asociados a ese mismo colectivo aparecen —desde los económicos, librándoles de los ajustes económicos, a los sexuales, con historias harto conocidas que no han podido mantenerse ocultas.

Como paso más de la pendiente resbaladiza, un golpe de Estado —nunca mejor dicho— ha cambiado las reglas de la radio y la televisión públicas justo cuando, por primera vez en nuestra historia, se había conseguido que esos medios gozasen de libertad de opinión y trabajo. Con el cambio de reglas, se abre la puerta para pasar del modelo BBC al modelo orgánico que tan bien representó Urdaci. No tardaremos en comprobar hasta dónde se llega pero tampoco hacen falta más evidencias para entender que la mayoría parlamentaria se entiende como una forma de ejercer la dictadura ideológica.

Con el poder legislativo y el legislativo en tales manos, ¿en qué podemos confiar? ¿En unos tribunales como el Superior de Justicia de Andalucía que evitan que vaya a la cárcel un juez reo de haber liberado a presos a cambio de dinero? Reconforta leer, como se lee, que quienes están mal son los griegos.

NUEVE PUEBLOS DE ESPAÑA SIN APENAS PARO
El estudio ha sido verificado por la Universidad Complutense, bajo la dirección del geógrafo Jesús Tébar, y no entiendo por qué donde dice ocho no dice nueve, pues a las ocho localidades españolas con un desempleo inferior al 5 por ciento habría que añadir al menos la de Marinaleda, según tituló New York Times hace un par de años: Trabajo para todos y sin hipotecas.
Los otros pueblos son Arjona, Arjonilla, Chilluevar, Santo Tomé y Santiago Pontones, en la provincia de Jaén; Iznájar, en la de Córdoba, y Palol de Revardir y Vall de Bianya, en la de Gerona. En estos casos, se trata de pequeños municipios con la economía muy vinculada con el sector agrícola y la industria alimentaria, cuyos ayuntamientos tienen las cuentas saneadas y muy poca población. ¿Será casualidad que en ninguna de esas localidades gobierne el Partido Popular? Lazarillo +@El Plural

ALGÚN DÍA TODO ESTO NOS SALDRÁ MUY CARO
El caso Dívar muere antes de empezar. La fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia contra el presidente del Tribunal Supremo sin siquiera ir a juicio. La decisión es un absoluto despropósito, por mucho que se vista de legalidad. Según la Fiscalía, el presidente del Supremo no tiene por qué explicar en qué se gasta el dinero de todos: si él asegura que es un viaje oficial no hace falta decir más. Según la Fiscalía, algunos de estos gastos pueden ser “de carácter reservado” y el señor Dívar tiene derecho a no revelar los detalles, como si fuese un agente secreto en misión especial en Marbella. +@Escolar.net