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Félix Población
El consejo de guerra al que fue sometido Miguel Hernández incluyó medio año de angustia hasta que se le conmutó la pena de muerte por 30 años de reclusión. El poeta no aceptó la oferta del nuevo régimen de recuperar la libertad a cambio de retractarse. Para ello habría bastado con la anulación de su matrimonio civil con Josefina Manresa por otro canónico. Si al final accedió a esto último fue cuando su enfermedad presagiaba una muerte inminente, “para que no trataran a su compañera como a una mujerzuela”, recordó en este mismo periódico la nuera de su hijo. “Alégrate, que mañana nos vamos a casar”, escribió Miguel a Josefina, profunda creyente.
El Tribunal Supremo ha negado a la familia de Miguel Hernández la posibilidad de presentar un recurso de revisión para anular la sentencia que condenó a muerte al poeta. Con ello, dicho tribunal se atiene a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, evitando que ese caso pueda servir de precedente al de otros miles de sentenciados que sufrieron la misma pena.
Leo que fue especialmente cruel el comportamiento como fiscal de Arias Navarro, “El carnicerito de Málaga”, a quien le bastaba la delación de un adicto al régimen o la de un cura para que grupo de veinte o treinta personas detenidas un viernes fueran condenadas un lunes sin posibilidad alguna de defensa. Tras unos días en prisión, eran fusiladas en las tapias del cementerio de San Rafael, el mismo lugar donde fueron halladas hasta 18 fosas con más de 250 cadáveres en alguna de ellas.
Coincido en parte con quienes afirman que no es cierto que los familiares y el movimiento memorialista quieran recuperar con la identificación de sus restos la dignidad de los fusilados, pues difícilmente se puede recuperar algo que jamás perdieron quienes fueron ajusticiados así. Es la Justicia, la misma que ha llevado al juez Baltasar Garzón a los tribunales por defender la dignidad de los represaliados, la que está perdiendo dignidad y decencia por amparar aquellos crímenes y darles una pátina de legalidad. Aparte de los asesinados sin ningún trámite, más de 4000 personas fueron fusiladas en la provincia de Málaga tras la celebración de juicios/farsa equivalentes al que condenó a Miguel Hernández.
Hace algo más de un año firmé en Público un artículo (Miguel Hernández y Franco) en el que señalaba la gran paradoja de que Franco y Miguel Hernández, verdugo y víctima, fueran hijos predilectos de Alicante, pues una moción del PSOE para que que se le retirara tal honor al extinto caudillo fue rechazada por el Partido Popular. Alegó el PP que tal nombramiento era vitalicio y no caducaba. Lo mismo ocurre con las sentencias y condenas dictadas por razones políticas e ideológicas que la Ley de Memoria Histórica considera ilegítimas, pero no las anula. Sirva la voz de dos de nuestros mejores poetas víctimas de esa barbarie (García Lorca y Miguel Hernández) como mayor testimonio de tal ignominia.
+@Miguel Hernández sigue perseguido después de muerto.
+@Manifiesto al Tribunal Supremo
4 comentarios:
Parecida suerte tiene Lluís Companys. La indignidad de este país es inconmensurable. Todavía hay vencidos y vencedores.
Tanta voz llamará a Bruselas y veremos lo que pasa.
Lorca, Machado, Hernández...¿Cuándo volveremos a tener otros poetas así?
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