Félix Población
De entre todas leyes promovidas por el Gobierno bajo la administración del Partido Socialista, la aprobación de la Ley de Dependencia fue una de las conquistas sociales más significativas y merecedoras de encomio durante la pasada legislatura. Es de señalar que esa ley se aprobó en octubre de 2006 y entró en vigor el primero de enero del año siguiente, cuando en España había más de un millón de personas con un grado de dependencia grave.
Han pasado por lo tanto más de tres años y la gestión en la aplicación de esa ley debería ser todo lo fluida que cabe esperar cuando buena parte de los beneficiarios se encuentran en el último tramo de su existencia. Sin embargo, en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, que aprobó esa ley, la dilación es la principal característica, cuando no la paralización, como en la comunidad de Madrid, algo que ayer criticó muy duramente la vicepresidenta del Gobierno.
A María Teresa Fernández de la Vega le parece esa paralización intolerable y exige a la presidenta Esperanza Aguirre que ponga en marcha esa ley. Según Fernández de la Vega, es una deslealtad institucional, ya que es algo que está recogido en la ley, que ha sido aprobada en el Parlamento, por lo que la soberanía popular y el esfuerzo de todos debe ser respetado.
La señora vicepresidenta podrá emplear el más duro de los lenguajes que tenga a su alcance para reprobar la actitud de la lideresa, pero que esa situación se esté dando en la comunidad madrileña más de un trienio después de que la ley entrara en vigor debería merecer mucho más que duras palabras. Es lo que con toda seguridad pensarán los afectados que llevan más de dos años esperando las ayudas solicitadas y han tenido que asistir en no pocos casos al fallecimiento de sus familiares ancianos sin que las recibieran.
El Gobierno de la nación no puede limitarse en esta materia a hacer críticas de cara a la galería para denostar a su adversario político. Estando en juego la calidad de vida miles de ciudadanos al término de su existencia, creo que es competencia de la administración central haber investigado ya si el comportamiento del gobierno de la señora Aguirre obedece a discrepancias ideológicas o a intereses electorales, o si el problema radica en una grave desviación de los fondos destinados a la dependencia.
Doña Teresa debería tener en cuenta, si con lo dicho aspira a preservar los votos a su partido de los madrileños, que si la Ley de Dependencia sufre una intolerable paralización en esa comunidad y se aplica con no menos intolerable lentitud en otras bajo la administración del PP, esto se debe que esa ley no la promovió el Partido Popular y los beneficiarios en su mayoría bien pueden votar al partido promotor, el PSOE. A los votantes del PP les importará un rábano que se aplique o no la Ley de Dependencia porque mantendrán la fidelidad de su voto al margen de algo que nada les incumbe porque por status no lo necesitan.
No ocurrirá probablemente lo mismo entre quienes sí votarían al PSOE por haber promovido una ley tan valorable y necesaria para apoyar a los dependientes pero no se pueden conformar con que, más de tres años después, desde el Gobierno central, se limiten únicamente a criticar a quienes no la cumplen. Así que como doña Teresa no haga más que eso, quien sigue ganando en Madrid es Aguirre, aunque sea a costa de su falta de humanidad cristiana y cívica.
3 comentarios:
Debería darse cuenta, Félix, que el PP no tiene memoria histórica, y los viejos de familias modestas forman parte de esa memoria y no cuenta a la hora de contar votos "populares". Usted lo dice muy bien.
nO ES LA DEPENDENCIA SÓLO, ES LA SANIDAD, ES LA EDUCACIÓN, MADRID DEBE REACCIONAR ANTE LA PRIVATIZACIÓN DE SU SANIDAD, Y SU EDUCACIÓN.
Hay razón en lo que escribe, D. Félix.Creo que fue el Conde de Romanones quen dijo una vez esta frase: "Que ellos hagan las leyes. Nosotros haremos los Reglamentos". La vivarcha lideresa de la Comunidad de Madrid se ha arreglado para esterilizar una Ley que fue promulgada con la mejor voluntad del mundo por un Gobierno socialista. Quien stas líneas escribe está lejos políticamente hablando del socialismo - por lo menos del "socialismo español" - pero no por ello deja de reconocer que algunos destacados miembros de la llamada derecha española son expertos en destruir a base de ordenanzas, disposiciones varias, aplicaciones de leyes y cosas por el estilo lo que el poder legislativo construye.
Lo que ocurre en Madrid y en otras comunidades autónomas con la Ley de Dependencia debería avergozar a todos aquellos que, llamándos a sí mismo católicos, no dudan en dejar sin ayuda a las personas que la necesitan.Luego se quejarán de la Ley del Aborto. Pues qué ¿acaso la vida de un anciano no vale igual que la de un niño?
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