Félix Población
Leyendo el artículo publicado anteayer en el diario El País, en el que la diputada y secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE Elena Valenciano muestra su satisfacción por el compromiso acordado en Dublín contra la fabricación, uso, posesión o venta de bombas de racimo, tal parece que el gobierno de ZP, durante los pasados cuatro años, era uno de los que estaban libres de esa lacra.
Leyendo el artículo publicado anteayer en el diario El País, en el que la diputada y secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE Elena Valenciano muestra su satisfacción por el compromiso acordado en Dublín contra la fabricación, uso, posesión o venta de bombas de racimo, tal parece que el gobierno de ZP, durante los pasados cuatro años, era uno de los que estaban libres de esa lacra.
El compromiso de Dublín –dice la señora Valenciano- no ha sido fácil para España. A pesar de algunas reticencias, finalmente, lo hemos logrado. El Gobierno español, junto a las ONG –cuyo papel ha sido decisivo- y miles de ciudadanos y ciudadanas organizados en Internet, hemos conseguido que prevalezcan los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Según lo expuesto por la diputada socialista, se podría tener la falsa impresión de que nuestro país viene manteniendo una actitud totalmente crítica y adversa a la fabricación, uso, posesión y venta de ese tipo de armas, capaces de provocar todo tipo de mutilaciones treinta años después de ser lanzadas. Sin embargo, y tal como se reflejaba en una información publicada por el diario Público hace unos meses, dos empresas españolas, Expal (pública) e Intalaza, elaboran bombas de racimo mientras nuestras tropas trabajan en Líbano para limpiar aquel territorio de los restos sin explosionar de los cuatro millones de artefactos lanzados por Israel durante el conflicto bélico en el verano de 2006.
También se aseguraba en la misma información que el Ministerio de Industria asumía la fabricación de ese material y esgrimía razones de defensa estatal para no renunciar por el momento a su uso. España renuncia a tomar la iniciativa mundial contra esas armas -se decía-, pero respaldará a cualquier país que lance la voz contra ellas.
Por todo esto suscribo la opinión expuesta en la edición de hoy del diario El País por Augusto Klappenbach respecto al artículo de la señora Valenciano. A juicio de este lector la complacencia de la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE con la vergonzosa actitud de nuestro Gobierno es intolerable. Y da dos razones de peso. La primera: España propuso que no se prohibieran todas las bombas de racimo, sino que se exceptuaran algunos modelos, casualmente de los que se fabrican en nuestro país, se supone que por parte de las dos empresas citadas, una de ellas pública.
La segunda: ¿Necesitó nuestro Gobierno la convocatoria de la reunión internacional de Dublín para descubrir la inmoralidad de esas bombas? ¿Por qué razón siguió permitiendo su fabricación y venta durante los cuatro años de la pasada legislatura, pese a la insistente denuncia de las ONG contra el Gobierno, no junto a como malinterpreta la señora Valenciano?
Según lo expuesto por la diputada socialista, se podría tener la falsa impresión de que nuestro país viene manteniendo una actitud totalmente crítica y adversa a la fabricación, uso, posesión y venta de ese tipo de armas, capaces de provocar todo tipo de mutilaciones treinta años después de ser lanzadas. Sin embargo, y tal como se reflejaba en una información publicada por el diario Público hace unos meses, dos empresas españolas, Expal (pública) e Intalaza, elaboran bombas de racimo mientras nuestras tropas trabajan en Líbano para limpiar aquel territorio de los restos sin explosionar de los cuatro millones de artefactos lanzados por Israel durante el conflicto bélico en el verano de 2006.
También se aseguraba en la misma información que el Ministerio de Industria asumía la fabricación de ese material y esgrimía razones de defensa estatal para no renunciar por el momento a su uso. España renuncia a tomar la iniciativa mundial contra esas armas -se decía-, pero respaldará a cualquier país que lance la voz contra ellas.
Por todo esto suscribo la opinión expuesta en la edición de hoy del diario El País por Augusto Klappenbach respecto al artículo de la señora Valenciano. A juicio de este lector la complacencia de la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE con la vergonzosa actitud de nuestro Gobierno es intolerable. Y da dos razones de peso. La primera: España propuso que no se prohibieran todas las bombas de racimo, sino que se exceptuaran algunos modelos, casualmente de los que se fabrican en nuestro país, se supone que por parte de las dos empresas citadas, una de ellas pública.
La segunda: ¿Necesitó nuestro Gobierno la convocatoria de la reunión internacional de Dublín para descubrir la inmoralidad de esas bombas? ¿Por qué razón siguió permitiendo su fabricación y venta durante los cuatro años de la pasada legislatura, pese a la insistente denuncia de las ONG contra el Gobierno, no junto a como malinterpreta la señora Valenciano?
1 comentario:
Hay cosas en las que no cabe más remedio que mojarse y no se puede jugar con dos barajas.
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