Félix Población
Faltos de argumentos coherentes, paupérrimos de discurso y con muy escaso bagaje intelectual y político para establecer un programa electoral convincente que seduzca a los españoles más dañados por la crisis/estafa, los partidos de la derecha y la neoderecha en España -esto es, el partido de los corruptos (PP) y el partido que aspira a reemplazarlo, Ciudadanos- están recurriendo a un país extranjero para ganar credibilidad entre quienes puedan sentirse tentados a votarles y pretender herir la de un muy concreto adversario al que temen y se llama Unidos Podemos.
Es de hacer constar que en los casi cuarenta años de democracia que median entre 1977 y 2006, sólo Alianza Popular (AP), el partido liderado por Fraga Iribarne y precedente del que hoy malencabeza Mariano Rajoy, pudo haber recurrido entonces -durante las primeras elecciones democráticas- al fantasma del comunismo, identificado por el franquismo y el neofranquismo con la Cuba castrista y la Unión Soviética. Al menos, hasta que Fraga y Carrillo se dieron cita en el Club SigloXXI, una vez el segundo se plegó a las limitaciones de la Santa Transición.
Ahora, PP y Ciudadanos -con la colaboración ocasional del Partido Socialista- centran ese fantasma en la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual Albert Rivera, líder de la neoderecha española, está decidido a viajar a ese país -apoyado por la embajada española en Caracas-, con tal de protagonizar una injerencia a favor de la oposición política que sería inimaginable en cualquier otro Estado del mundo y resulta temerariamente grave en las circunstancias políticas que se dan actualmente en esa nación.
Si cree Albert Rivera que en la España actual puede competir mejor con ese viaje en la pugna electoral contra de Unidos Podemos, habrá que convenir que asuntos como el de esa vecina de 73 años a la espera de una resonancia magnética desde hace siete meses le preocupan a don Albert lo mismo que a don Mariano. Uno y otro se están equivocando de escenario por falta de compromiso con los problemas que afectan a diario a los ciudadanos de su país.
DdA, XIII/3275
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