Pedro Olalla
Hace tiempo que estamos asistiendo, cotidianamente, como simples espectadores pasivos, al desmantelamiento del Derecho Internacional, del Estado de Derecho y de las conquistas políticas de la historia de la humanidad. Y además, estamos aplaudiendo. Nuestros líderes políticos y nuestra prensa sistémica secundan, justifican y aplauden con furor. Estamos viendo, impasibles, cómo la Ley del Más Fuerte sustituye al Derecho, cómo la Ley del Más Fuerte genera Derecho. Y todo, con el beneplácito de nuestros líderes.
Y no es que las acciones hayan cambiado de signo: sino que estamos contemplando, de forma cada vez más descarada, que nuestro sistema no está basado en la verdad, sino en la hipocresía; que estamos dispuestos a defender la verdad, sólo si coincide con nuestros intereses. Y todo esto es extremadamente grave; porque, cuanto consentimos que una persona –aunque sea la más perversa– sea privada de sus legítimos derechos, estamos abriendo peligrosamente el camino a que cualquier persona –cualquier país, Estado o pueblo– sea privado de sus legítimos derechos.
No nos engañemos. Todos sabemos que, si el país agresor no fuera EE.UU. y el país agredido no fuera Venezuela, el relato sería distinto. La respuesta sería distinta.
En la misma cabeza debe caber que no simpaticemos con un determinado régimen político y que estemos en contra de una injusta intervención militar. Hoy es Venezuela. Mañana será Colombia, Groenlandia, México o la Unión Europea. Unamos, cuanto antes, nuestras fuerzas y nuestras estrategias para impedir que la justicia vuelva a ser tan sólo la voluntad del más fuerte.
DdA, XXII/6230
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