Lazarillo
El Pleno del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad en 2017 que la amnistía fiscal que lanzó el Gobierno del PP en 2012 fue inconstitucional y debe ser anulada. La sentencia tumba el proceso porque recuerda que no puede aprobarse una medida que afecta a uno de los deberes fundamentales de la Constitución, como es el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, mediante un Real Decreto-ley. Además, recrimina al Gobierno que aprobara medidas que legitimaron el fraude fiscal, lo que cree que supone una “abdicación del Estado”.
El fallo llegó a los cinco años de que el PSOE recurriera la amnistía en 2012, con lo que su efecto fue limitado, como advierte el Constitucional (TC), “en virtud de la seguridad jurídica”, y no afectará a las regularizaciones firmes. Pero sí que puede tener consecuencias para quienes tengan comprobaciones abiertas antes de que prescribieran los ejercicios que se declaraban en la amnistía, 2007-2010. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apuntó en el Congreso que Hacienda abrió inspecciones al 10% de los 30.000 amnistiados. Según eldiario.es, en muchos casos no se llegó ni a ese porcentaje. Mi apreciado Alejandro Álvarez se pregunta hoy si el presidente del Gobierno va a cumplir en este caso -vistas las desmesuras del Partido Popular contra el ejecutivo y su persona- aquella promesa, formulada antes de llegar La Moncloa, de hacer pública la lista de cuantos se acogieron a esa amnistía fiscal de Montoro para favorecer a los suyos. Me temo que no Dadnos todo lo que tenéis y os ayudaremos a salir de la pobreza, dice hoy El Roto:
DdA, XXI/6.047
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