EL JUEZ QUE PUDO SER CURA PERO NO LE HIZO CASO A SU MADRE

Juan González Posada

Juan Carlos Peinado, el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, tiene una biografía que rara vez se cuenta entera.

Antes de ser juez, estuvo encaminado al sacerdocio: fue su madre quien quiso que lo fuera. Él no le hizo caso. En los años 80 y 90 ejerció la abogacía en un despacho de Ávila junto a Ángel Acebes, futuro ministro de Justicia e Interior con Aznar, y a Sebastián González Vázquez, después tesorero nacional del PP con Pablo Casado y con quien, además de la profesión, le une un parentesco familiar. Tras cerca de una década como secretario de ayuntamiento, entró en la carrera judicial a los 40 años, en 1994, y no por oposición convencional, sino por el “tercer turno”: una entrevista reservada a juristas con experiencia, no un examen. También ha sido, durante años, profesor de Derecho y Periodismo en la CEU San Pablo y en la Complutense.

En 2013 se presentó, sin éxito, como candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial —su nombre figura en la lista oficial de 55 aspirantes que publicó entonces la prensa jurídica—. En 2019 lo intentó de nuevo: esta vez para cubrir una plaza de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juzgado de los grandes casos políticos que entonces dirigía Manuel García-Castellón, hoy ya jubilado. Tampoco lo consiguió.

No es la primera vez, además, que ha llevado una causa política más allá de donde llegaba la ley. En 2022, a iniciativa propia, admitió una querella de Vox contra la editorial Santillana y dos de sus editoras por incluir, en una edición provisional de un libro de texto, un mapa que situaba al partido entre las formaciones de extrema derecha europeas. Procesó a la empresa y a ambas, pese a que, según los tribunales, una persona jurídica no puede cometer delitos de injurias, y a que ni siquiera se había celebrado el trámite de conciliación exigido. Más de dos años después, en diciembre de 2024, la Audiencia Provincial archivó la causa por unanimidad: no había delito, ni base legal para procesar a nadie.

Ese mismo patrón —admitir la causa, llevarla más allá de lo razonable, dejar que otro tribunal lo corrija— reaparece en el caso que lo ha hecho famoso. En junio de 2026, tras dos años de instrucción, registros anulados y ninguna prueba directa según la propia Fiscalía, decidió enviar a juicio por jurado a Begoña Gómez por cuatro delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación—, retirándole el pasaporte y obligándola a comparecer en el juzgado cada quince días.

Tampoco su vida privada está libre de irregularidades administrativas. Su chalet en Ávila —con piscina, registrado en el catastro como “almacén” y todavía sin la licencia de primera ocupación que le falta desde hace veinte años por no estar conectado al alcantarillado— sigue investigado por el ayuntamiento y la Fiscalía. Su familia gestiona, además, cinco cuadras de caballos sin declararlo a Hacienda. Su caballo ganador se llama Canalejas.

Ninguno de estos datos prueba nada por sí solo, y no es motivo legal de recusación. Pero compone un perfil —un despacho de juventud compartido con un futuro ministro del Interior y con un futuro tesorero nacional del PP, dos intentos fallidos de entrar en la cúpula judicial y en el tribunal de los grandes casos políticos, una causa contra una editorial que los tribunales acabaron corrigiéndole por carecer de base legal, un chalet propio con más de veinte años de irregularidades urbanísticas sin resolver, y ahora un juicio por jurado contra la mujer del presidente, abierto pese a dos años sin una sola prueba directa— que la cobertura diaria del caso rara vez completa.

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Fuentes consultadas: Informalia (El Economista), El Plural, Wikipedia, El Independiente, The Objective, Noticias Jurídicas, Deia, Habilitados Nacionales, Ara, Canal Red, Ernesto Ekaizer (Analítica), El Periódico de Catalunya, Infobae.

DdA, XXII/6438