¿Habríamos consentido que cuando el terrorismo de ETA se cobraba varias víctimas mensuales se hubiera mantenido en libertad a los matones de la banda que amenazaban con asesinar a cualquiera de sus víctimas?, se pregunta Lidia Falcón en este artículo, ante el asesinato esta última semana de julio de tres mujeres. Pero lo evidente -continúa la escritora e histórica líder feminista- es que nunca se admitió que la actividad de los etarras fuera un asunto privado entre los verdugos y las víctimas. Como sucede con la violencia machista. Convertirla, de una vez, en un asunto de Estado es prioritario. ¿Cuánto tardaré en verlo?
Lidia Falcón
En esta última semana de julio han asesinado a tres mujeres. Los asesinos son el hombre con el que convivían. En el libro “Mujer y Sociedad”, publicado en 1969, escribí:
«La tipificación de los conflictos conyugales como «asuntos privados» constituye la mayor coartada de la legislación y de la sociedad para abandonar a la mujer a su suerte. Al recluir la violencia en el santuario de la familia, el poder público se convierte en cómplice de las agresiones, garantizando la impunidad del agresor al negar a la víctima el auxilio del Derecho.»
«La doctrina de la no injerencia estatal en los asuntos del hogar ha servido históricamente de cobertura para perpetuar la impunidad del agresor. Al consagrar el espacio familiar como un recinto sagrado e inaccesible para la acción de la justicia, el Estado no adopta una postura neutra, sino que delega el ejercicio de la coerción en el cabeza de familia.
Esta renuncia de la autoridad pública a tutelar los derechos fundamentales de la mujer en el seno del hogar equivale a una cesión de soberanía al varón. El ‘secreto familiar’ y el ‘pundonor’ son construcciones ideológicas destinadas a impedir la denuncia y a asegurar que el conflicto no trascienda a la esfera pública, donde la violencia revelaría su dimensión de vulneración masiva de derechos. El abandono institucional de la víctima no es una omisión involuntaria, sino un imperativo del mantenimiento de la estructura patriarcal.»
Cuando escribí este párrafo en 1969 no existía la Ley de Violencia de Género que con toda pompa y publicidad se aprobó en el año 2004, y que convertía el asesinato de la esposa o compañera en un delito específico, no así si la víctima no tiene relaciones sentimentales con el agresor. Se pretendía con dicha ley no sólo castigar más severamente al culpable sino reducir -puesto que acabar es imposible- el número de feminicidios que ya empezaron, después de siglos, a convencer a las instituciones responsables de la protección de las mujeres: el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Interior, el gobierno del Estado, de que era preciso perseguir seriamente la violencia machista tras medio siglo de denuncias, protestas y movilizaciones del Movimiento Feminista.
La aprobación de dicha ley y la constitución de varios juzgados especializados en “violencia de género” fue para el gobierno y el PSOE, el partido al que pertenecía, el éxito mayor que se podía alcanzar en la persecución de la violencia machista, dado que el Congreso aprobó la ley “por aclamación”. Vean las imágenes de todos los diputados de la Cámara de pie aplaudiendo el resultado de la votación. Y para ciertos sectores del MF también. Pero la experiencia ulterior no confirma ese entusiasmo.
En España se han registrado oficialmente 1.372 víctimas mortales por violencia de género acumuladas desde que comenzaron los registros en 2003. Solo durante los primeros meses del año 2026, los órganos judiciales han recibido decenas de miles de denuncias y se han confirmado múltiples asesinatos machistas por parte de parejas o exparejas.
Datos judiciales y denuncias
Se han presentado 50.911 denuncias en los juzgados y comisarías de toda España durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento respecto al año anterior.
«La violencia que se ejerce en el ámbito doméstico no es un accidente de las relaciones afectivas, sino la garantía de su funcionamiento. Para que la clase de las mujeres continúe realizando de forma gratuita el trabajo de reproducción, mantenimiento y cuidado de la fuerza de trabajo —de la que se apropia la clase de los hombres y el sistema productivo—, se hace imprescindible mantener un dispositivo de coacción permanente.
El terror no requiere de la manifestación física ininterrumpida; actúa mediante la amenaza implícita y la predictibilidad del castigo. La violencia física es solo el vértice visible de una pirámide cuya base está conformada por la dependencia económica, el aislamiento social y la desvalorización sistemática de la víctima. Al confinar este conflicto al recinto de ‘lo privado’, la ideología dominante oculta la naturaleza política del espacio familiar, presentando como un asunto de desamor o incomunicación lo que en realidad es una relación de explotación garantizada por la fuerza.» Esto lo escribí en La razón feminista (II) el año1982. Casi medio siglo después, las cifras de los asesinatos son idénticas o mayores que los años anteriores , y aquí no incluyo las de las denuncias de malos tratos ni violencia sexual que dan lugar a procesos escandalosos.
En los veintidós años transcurridos desde la aprobación de la ley de violencia de género he criticado repetidamente la redacción de dicha ley que no impone medidas de protección inmediatas tras la primera denuncia de la mujer y no establece ninguna responsabilidad para las instituciones que no han cumplido su deber de vigilar al denunciado y permite que esté en libertad sin cortapisa alguna. El 30% de las asesinadas habían conseguido del juzgado orden de alejamiento o de protección. No sé en qué consiste el cumplimiento de esas órdenes y no he encontrado ninguna información sobre ello. El marido o novio que amenaza a su pareja con matarla permanece en libertad sin vigilancia alguna. La prueba es el porcentaje de los que a pesar de estar sometidos al alejamiento lo conculcan y rematan el feminicidio. Y la protección no sé en qué consiste, y nadie lo explica puesto que solo sabemos cuando la víctima está muerta.
«La conceptualización de la violencia masculina como un hecho aislado, producto del arrebato, del alcoholismo, de la enajenación mental o de la desestructuración social del individuo, constituye una de las falacias más tenaces del pensamiento patriarcal. Al psiquiatrizar al agresor se opera una doble neutralización ideológica: por un lado, se exculpa al sujeto al convertirlo en un enfermo irresponsable de sus actos; por otro, se despolitiza la agresión, extrayéndola del sistema de relaciones de dominación en el que se origina.
El hombre que golpea, viola o asesina a una mujer no actúa movido por una patología individual ni por un impulso irrefrenable, sino en el marco de una ideología que le ha otorgado el derecho de propiedad sobre el cuerpo y la vida de la mujer. La agresión no es la negación del orden social existente, sino su afirmación extrema: es el ejercicio del poder disciplinario que el patriarcado concede al varón para castigar la insubordinación de la subordinada. Por ello, el maltratador suele ser, en la inmensa mayoría de las facetas de su vida pública, un ciudadano perfectamente adaptado, integrado y normalizado.» (Violencia contra la mujer (1991)
¿Cómo es posible esa ficción cuando hoy existe toda una ley para prevenir y castigar la violencia masculina?. «El edificio jurídico del Estado ha sido construido desde las premisas y las necesidades de la clase dominante masculina. Esta condición androcéntrica del Derecho se manifiesta de manera flagrante en la tramitación penal de los delitos cometidos contra las mujeres. La presunción de inocencia del agresor se transforma, en la práctica procesal, en una presunción de culpabilidad o de mendacidad de la víctima.”
A la mujer agredida se la somete a un escrutinio inquisitorial sobre su conducta previa, sus costumbres, su vestimenta o su resistencia física, exigiéndosele una prueba heroica del rechazo que no se requiere en ningún otro delito contra la propiedad o la integridad física. El aparato judicial muestra así su verdadera función conservadora: desconfiar sistemáticamente del relato de la mujer para evitar la penalización masiva de unas conductas que son la consecuencia lógica de la jerarquía de sexo. Se invierte de este modo la carga de la culpa, convirtiendo el proceso en una segunda agresión institucional.» Violencia contra la mujer (1991)
«Los medios de comunicación han descubierto en el asesinato de mujeres un filón insaciable para la audiencia. No hay interés en explicar las causas políticas y estructurales que originan esta carnicería, sino en explotar el morbo, el dolor de la familia y los detalles espeluznantes del crimen. Se presenta el femicidio como una secuencia dramática de un folletín televisivo, donde la víctima es despojada de su dignidad por segunda vez y el agresor es retratado mediante los clichés del monstruo excepcional o del amante despechado. Esta cobertura mercantilizada no solo no previene la violencia, sino que la anestesia, convirtiendo el horror cotidiano en mero espectáculo de consumo masivo.» La violencia que no cesa (2003)
«Las órdenes de alejamiento y las medidas de protección concedidas por los juzgados se han convertido, en un porcentaje aterrador de casos, en simple papel mojado. El Estado exige a la mujer golpeada y amenazada que dé el paso heroico de denunciar, prometiéndole una tutela que posteriormente es incapaz de garantizar por falta de recursos, de personal especializado y de voluntad política. Firmar una orden de alejamiento y no poner los medios policiales para vigilar su cumplimiento equivale a entregar a la víctima a su verdugo, exasperado ahora por la audacia de la denuncia. La negligencia institucional en la custodia de las mujeres amenazadas no es un fallo burocrático insignificante; es una omisión punible que cuesta vidas.» La violencia que no cesa (2003)
La indiferencia con que tanto las instituciones destinadas a la protección de las mujeres: el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, como el Movimiento feminista en su totalidad, dado el gran número de asociaciones que contiene, responde al conocimiento de los horribles asesinatos y actos de violencia contra las mujeres, es una de las constataciones más desanimadoras que vivo. Y que he querido nuevamente resaltar en este 27 de julio de 2026, 57 después de publicar mi libro “Mujer y Sociedad”. Para que conste. Que nuevamente solicito, exijo, que se modifique la excelsa “ley de violencia de género” a fin de que se obligue a la judicatura y a la policía a privar de libertad al que amenace de muerte a una mujer, inmediatamente después de haber sido denunciado.
¿Habríamos consentido que cuando el terrorismo de ETA se cobraba varias víctimas mensuales se hubiera mantenido en libertad a los matones de la banda que amenazaban con asesinar a cualquiera de sus víctimas?. Pero lo evidente es que nunca se admitió que la actividad de los etarras fuera un asunto privado entre los verdugos y las víctimas. Como sucede con la violencia machista. Convertirla, de una vez, en un asunto de Estado es prioritario. ¿Cuánto tardaré en verlo?.
DdA, XXII/6421
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