Félix Población
Los gravísimos incendios forestales en las provincias de Guadalajara, Ávila y Madrid, que afectan a tres comunidades autónomas, han llevado a declarar la emergencia nacional una vez que el fuego ha afectado a varias localidades madrileñas. Cuando apenas ha transcurrido un mes del verano en curso, el número de hectáreas quemadas en todo el país este año se cifra en 120.000, más del triple que en el mismo periodo del año anterior. España vuelve a ser, con bastante diferencia, la nación mediterránea con más superficie forestal quemada. Desde hace algunos años, vistos los desastres que cada verano vienen sumando centenares de miles de hectáreas calcinadas, se viene insistiendo en la necesidad de un pacto de Estado para que el gobierno central y los gobiernos autonómicos promuevan un plan ambicioso de prevención y extinción. Tanto el presidente del Gobierno como algunos presidentes autonómicos suelen repetir este propósito cuando el fuego arrasa nuestros bosques año tras año. Con este tipo de desastres formando parte de la vida cotidiana en no pocas localidades del país, y con el riesgo de que en lugar de remitir puedan incrementarse si no se toman medidas, es inconcebible que el pacto de Estado que reclama la ciudadanía, con la lógica de una gestión acorde con la dimensión de un grave problema cuya magnitud no deja de crecer, no se haya suscrito ya. ¿A qué diablos se espera? ¿A que en lugar de árboles, animales y viviendas calcinadas, las vidas humanas sean lo siguiente en mayor proporción que ya lo fueron hasta ahora? El pacto de Estado no admite más dilación*.
*Este artículo, ampliado, se publica también en el diario Heraldo de León.
DdA, XXII/6416
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