Utilizando la frase del autor que nos sirve de titular para republicar su interesante artículo en el diario La Nueva España, cabe afirmar sin ninguna reserva que, si se diera el caso de que ese partido llegara a gobernar en connivencia con la extrema derecha, lo que tendríamos en nuestro país sería una regresión democrática, auspiciada por el régimen de Donald Trump, cómplice con el Estado de Israel de un genocidio en la Franja de Gaza. Puede que no exista en la ciudadanía una concienciación suficiente para darse cuenta de esta posibilidad.
Armando Nosti
Vivimos tiempos peligrosos para la democracia. Estamos pagando las consecuencias de una mala transición y de decisiones posteriores que nos devuelven al pasado. Hemos conseguido avances sociales importantes que cómo la democracia, están en peligro. Quienes patrocinaron el golpe del 36 mueven los hilos de nuestros políticos para repetirlo.
El Tribunal de orden público, inviable en una sociedad democrática, se disolvió en 1977 creándose en su lugar la Audiencia nacional que integró a la mayoría de sus miembros. Aceptar un simple cambio de collar fue un error grave. El Consejo general del poder judicial que debería garantizar la independencia de jueces y magistrados, no lo hace. Secuestrado vergonzosamente por el PP durante años, se renovó de forma no menos vergonzosa repartiéndolo entre PP y PSOE. La Constitución dice que “será elegido por Congreso de Diputados y Senado por mayoría de tres quintos”, y aunque tiene esa mayoría, ignorar al resto de partidos convierte la renovación en un cambalache.
Frases como “Controlamos la sala segunda del Supremo desde atrás”, “Esto nos lo afina la fiscalía” o “El fiscal va p´alante” no necesitan traducción. La diferencia en el trato judicial y mediático que se da a la esposa del Presidente y el que se da a la pareja de la Presidenta, tampoco. Como no la necesita la actuación de la jueza del Caso Kitchen y el del Caso Koldo, o la tramitación de los casos Montoro y Pujol. El PP presume de información judicial privilegiada y exige presunción de inocencia para los suyos mientras la niega a los demás pidiendo dimisiones y malversando el Senado por un simple titular. La condena del Fiscal general por indicios ofrece pocas garantías.
Si se demuestra la culpabilidad de Zapatero que lo pague, pero que no sirva de sordina para los audios que implican a Rajoy y a Cospedal de los que el tribunal del caso Kitchen cortó la señal en directo al reproducirlos en sede judicial o para los 43 imputados de la Diputación de Almería o los 11 de Murcia por un fraude a la Seguridad social de 7 millones de euros. Esto está ocurriendo mientras hablamos de Zapatero. El partido más corrupto de la historia de España no puede erigirse en alternativa para una regeneración democrática que se hace imprescindible. Hay que decir basta y buscar una solución con un cambio de paradigma desde la voluntad y el compromiso ciudadano.
Los grupos de Podemos obtuvieron 69 diputados en 2015; una campaña de desprestigio sin precedentes, cuarenta querellas archivadas, la policía patriótica del PP, los ataques del PSOE temiendo el sorpasso, el mirar para otro lado de Sánchez y errores propios de una organización en formación los llevaron a la irrelevancia pese a demostrar en el Gobierno de coalición como se gobierna para el ciudadano. Si la idea de Rufián es capaz de movilizar a los desencantados de Podemos y unir fuerzas, sin egos ni tiquismiquis, podremos acabar con esta lacra, si no, seguiremos hasta que entendamos que el poder es nuestro y decidamos ejercerlo o nos acostumbremos a la condición de súbditos.
DdA, XXII/6356
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