José Ignacio Fernández del Castro
«No obstante, tras casi un siglo de fortalecimiento del Estado nacional y de la “nación”, a fines de la década de 1980 comienza a darse una institucionalización considerable de de los “derechos” de las empresas multinacionales, la desregulación de las empresas transfronterizas y el aumento del poder o de la influencia de algunas organizaciones supranacionales. [...] Resulta cada vez más evidente que la función del Estado en el proceso de desregulación implica la producción de nuevos reglamentos, leyes y medidas judiciales, es decir, la producción de toda una nueva clase de “legalidad”.
La condición de fondo aquí es que el Estado conserva su función de garante de los derechos del capital global –la protección de los derechos contractuales y de propiedad y, en líneas generales, la legitimación de dichos derechos-.
Entonces puede concebirse al Estado como la representación de una facultad técnica administrativa que posibilita la implantación de la economía global corporativa.» Saskia SASSEN (La Haya, Holanda, Países Bajos,
5 de enero de 1949), Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013:
Elements for a Sociology of Globalization –Una sociología de la globalización- (2007).
Vivimos tiempos en los que el poder del Estado-nación languidece ante los poderes económicos transnacionales... Tiempos en los que, en patética deriva, el Estado-nación trata de conservar alguna función reguladora (hablando en plata, de hacerse sentir útil para esos poderes reales) olvidándose de una ciudadanía aplastada bajo el enmarañado tropel legislativo que nos convierte a todos en ignorantes de la ley (y, en algún sentido, más que probables infractores), y dedicándose con solícito afán a proteger los derechos de propiedad y los atropellos contractuales del capital global y local...
Se autopostula así el Estado-nación actual como la instancia paradójicamente legitimadora (a través de un marco normativo desregulador de los derechos generales) de los derechos específicos (incluyendo los abusos de poder) de las grandes corporaciones que actúan en la economía global (y financiarizada).
Esos son los intereses que realmente representan (con independencia de la mejor o peor voluntad, de la mayor o menor honradez, de la más o menos clara conciencia de cada caso concreto) las castas políticas de nuestras pseudodemocracias... Porque, a fin de cuentas, bien saben que la permanencia de la estructura misma del Estado-nación depende, en último extremo, de ser útiles a esos poderes económicos globales, de “poner la cara en el escenario” mientras ellos permanecen el la tramoya.
Lo grave, pues, de esta gran impostura democrática no son tanto las corrupciones concretas como la sumisa y tramposa deriva del propio concepto de representación popular hacia una representación corporativa. Porque, para ello, no se duda en poner las leyes básicas que regulan los derechos universales (a la salud, a la educación, a la información, al tránsito interterritorial, a la libre expresión, a la vida) en la vía hacia una más eficaz estandarización del pueblo al servicio de esas mismas corporaciones...
Mientras, de paso, se hacen concesiones (utilizando la religión como añagaza ideológica, los sistemas escolares como reguladores del estar en el mundo anulando las veleidades del ser, los medios de comunicación como creadores permanentes de los imaginarios colectivos convenientes…) a los representantes de las viejas fuerzas vivas (Papa o Ayatollah, enseñantes convertidos en aplicadores de protocolos de ciudadanía ejemplar, periodistas como prescriptores de opinión o influencers) con el objeto de que sigan colaborando en la tarea de control social sin dar demasiado la lata.
Así que patria, himno o bandera (y sus enemigos) no son ya más que decadentes señales propiciatorias de la anacrónica sumisión de un manso rebaño.
DdA, XXII/6328
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