AMAL KHALIL Y LA OBSTRUCCIÓN DE LAS LABORES DE RESCATE

La teníamos entre las manos, escribe la firmante, directora regional para Oriente Medio y Norte de África del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), en referencia a la periodista libanesa Amal Khalil, asesinada recientemente por las tropas invasoras israelíes, y a quien por el valor de sus crónicas se la llamaba La Voz del Sur. Estaba allí, viva y atrapada bajo los escombros del edificio, y lo sabíamos. Ese conocimiento no solo nos causa dolor, sino que también nos recuerda nuestra responsabilidad. Y el hecho de que esa responsabilidad se examine adecuadamente determinará no solo cómo se recuerda a Amal Khalil, sino también si el próximo periodista atrapado bajo los escombros será tratado como alguien que aún puede ser contactado, o si los sistemas destinados a protegerlo ya lo han descartado.

Sara Qudah

Sabíamos que estaba viva bajo los escombros: una presencia real, que respiraba. No en abstracto, ni como rumor ni esperanza. La periodista Amal Khalil , de 40 años , cuya voz acababa de llegar a su familia y colegas, dependía de si se permitiría que la maquinaria de rescate funcionara como corresponde según el derecho internacional y el derecho de la humanidad.

Eso fue lo que hizo que lo que siguió fuera tan difícil de asimilar, no solo emocionalmente, sino también estructuralmente. Porque no se trató de una desaparición en la niebla de la guerra. Fue un caso de supervivencia cercana que se desvaneció en una muerte confirmada cuando el rescate aún era teóricamente posible.

Amal Khalil, periodista libanesa conocida por su labor periodística y su inconfundible sonrisa, fue asesinada por las fuerzas israelíes el 22 de abril de 2026, tras un ataque israelí en el sur del Líbano. Se encontraba trabajando junto a su compañera, la periodista Zeinab Faraj, en Al Tayri cuando el edificio donde se refugiaban fue alcanzado por el fuego enemigo, quedando atrapadas bajo los escombros.

Según varios informes, durante siete horas se conoció su paradero , se estableció contacto con ella y se intentaron labores de rescate en medio de un incendio activo y con acceso restringido. La Cruz Roja finalmente llegó al lugar, pero solo después de retrasos e interrupciones que resultaron fatales para Khalil. Es aquí donde el dolor por sí solo resulta insuficiente, y la supervivencia permanece evidente y desprotegida.

El derecho internacional humanitario no deja esta cuestión sin resolver. Los periodistas son civiles según el artículo 79 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra. Su protección no depende de la afiliación política, la ubicación geográfica ni el contenido de sus reportajes. Es absoluta, salvo que participen activamente en hostilidades. En teoría, esta es una de las protecciones más claras del derecho internacional humanitario. Pero Israel confirmó , una vez más, al mundo que la claridad en la ley no garantiza su cumplimiento en la práctica.

Las circunstancias que rodearon la muerte de Khalil plantean múltiples preocupaciones interrelacionadas que no pueden resolverse únicamente con una narración. En primer lugar, el ataque que provocó el derrumbe del edificio donde se refugiaban los periodistas. En segundo lugar, las amenazas previas que había recibido, incluidas las acusaciones de una amenaza de muerte atribuida a las fuerzas israelíes en 2024. En tercer lugar, la obstrucción y la demora de las operaciones de rescate en medio del incendio impidieron una evacuación oportuna a pesar de que se sabía que estaba atrapada.

Cada uno de estos elementos requiere una investigación independiente. En conjunto, se aproximan a un fallo sistémico de los mecanismos de protección jurídica diseñados precisamente para prevenir tales resultados.

Esta distinción es importante porque si consideramos todas las muertes de civiles en la guerra como algo inevitable, eliminamos los mecanismos de presión legales y morales que limitan la conducta. El derecho internacional humanitario no se basa en la premisa de que el daño a la población civil puede eliminarse en la guerra; se centra en la exigencia de que el daño sea limitado, que se distinga entre combatientes y civiles, y que no sea causado intencionalmente.

La obstrucción de las labores de rescate es particularmente significativa en este caso. Según el derecho internacional humanitario, las partes en conflicto tienen la obligación no solo de evitar atacar a civiles, sino también de permitir y facilitar la asistencia humanitaria rápida. Cuando las ambulancias se retrasan, cuando el acceso está condicionado por el fuego enemigo, cuando los equipos de rescate se ven obligados a retirarse repetidamente, la cuestión ya no se limita al ataque inicial, sino que se centra en si se cumple con el deber continuo de preservar la vida después de que se haya producido el daño.

Se trata de un deber aún mayor: preservar la vida tras un ataque. Este deber suele pasarse por alto en el discurso público, que tiende a centrarse en el momento del impacto en lugar de en las horas críticas posteriores al ataque, cuando el rescate puede salvar vidas. Se trata de un patrón generalizado: ya lo hemos visto antes en Gaza y ahora en el Líbano.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), han documentado un número sin precedentes de muertes de periodistas en múltiples zonas de conflicto desde octubre de 2023. Israel fue responsable de dos tercios de todos los asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en 2025, lo que elevó el número total de personas asesinadas en todo el mundo el año pasado a la cifra récord de 130 , la cantidad más alta jamás documentada por el CPJ desde que la organización comenzó a llevar registros hace más de tres décadas.

Cuando esos testigos son asesinados y las investigaciones se retrasan o se incumplen, resulta más difícil establecer responsabilidades y que el derecho internacional se base en un registro verificado. El derecho depende de la documentación. La rendición de cuentas depende de las pruebas. Y las pruebas dependen de la supervivencia.

Su muerte no puede entenderse únicamente como una tragedia individual, aunque así lo sea para todos los que la conocieron, para todos los periodistas de la región y para mí. También debe entenderse como una prueba de fuego para los sistemas que supuestamente deben prevenir este desenlace: alerta temprana, protección, acceso humanitario y rendición de cuentas. En cada una de estas dimensiones, el caso plantea interrogantes sin resolver.

Nos destroza a todos pensar que su rescate era perfectamente posible pero no se concretó, y que su supervivencia era previsible pero no se aseguró; el peso moral del suceso cambia. Es en esa brecha donde reside la responsabilidad, para bien o para mal.

La teníamos entre las manos. Estaba allí, viva y atrapada bajo los escombros del edificio, y lo sabíamos. Ese conocimiento no solo nos causa dolor, sino que también nos recuerda nuestra responsabilidad. Y el hecho de que esa responsabilidad se examine adecuadamente determinará no solo cómo se recuerda a Amal Khalil, sino también si el próximo periodista atrapado bajo los escombros será tratado como alguien que aún puede ser contactado, o si los sistemas destinados a protegerlo ya lo han descartado.

THE NEW ARAB  DdA, XXII/6327