Se cumplen 2000 días de los protocolos de la vergüenza y nadie ha pedido hasta ahora perdón. Nunca tuvo Madrid más motivos para castigar electoralmente al gobierno responsable de aquella masacre, que ahí sigue, con la colaboración de una justicia que se inhibe a investigar por qué más de siete mil ancianos fueron condenados a morir de manera angustiosa y cruel, desatendidos de cobertura sanitaria. Ahí están para la historia y la conciencia del Consejo General del Poder Judicial las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid:
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