EFECTOS NEGATIVOS DE UN NUEVO PEAJE EN VÍAS RÁPIDAS

Alejandro Prieto

En previsión del ahorro energético, en el año 2011, el gobierno anterior tomó la decisión de reducir a 110 km/h la velocidad máxima en las autovías y autopistas. La medida generó bastante debate público y político, resultó estéril como remedio que frenara o minimizara el avance de la crisis y fue anulada pasados unos meses.

Dada la evolución del coste de los combustibles, así como la del poder adquisitivo de la mayor parte de los ciudadanos, en el caso de establecerse peajes para circular por la red de vías rápidas del territorio nacional, la velocidad media de los vehículos bajará sin recurrir a limitaciones extraordinarias, pues habrá millones de conductores que tendrán que volver a rodar por las carreteras nacionales y comarcales (de doble sentido de circulación), en las que, por cierto, tienen lugar el 75% de los accidentes mortales.

¿En qué grado puede elevarse la tragedia? ¿Cuántas personas se verán obligadas a dejar de usar estas vías en sus traslados diarios hacia los centros o lugares de trabajo? ¿Cómo afectará a la fluidez del tránsito y a la contaminación ambiental (acústica y del aire) de pueblos y zonas urbanas que hasta ahora son bordeadas al circular por las rondas exteriores? ¿Qué impacto llegará a tener en los precios de actividades y artículos?

A primera vista, no parece ser una acción que favorezca la productividad y competitividad de los negocios ni que aporte beneficio a la economía de las familias, pues, por un lado, aumentan los costes derivados de los desplazamientos, con la repercusión que ello tiene en las maltrechas cuentas de gran parte de autónomos y empresas, así como en el bolsillo del cliente que, con probabilidad, acabará pagando un mayor importe por la prestación de servicios y adquisición de productos. Y, por otro, la no utilización de vías rápidas supone una disminución del rendimiento, una pérdida de tiempo efectivo de trabajo.

La impresión final de la población es que, mientras los impuestos y tasas tienden a la obesidad, las prestaciones y servicios del Estado están en un proceso que conduce a la más extrema delgadez.

LO DE BANKIA A LO CLARO

7.000 millones de euros. Es lo que el Gobierno calcula que tendrá que prestar a Bankia para empezar a hablar. No está claro si hará falta más dinero y tampoco que vayamos a cobrar. Tampoco es el primer cheque: el Estado ya había prestado antes otros 4.465 millones, hace dos años. En total, son 11.465 millones: más que todo el hachazo en educación y sanidad (10.000 millones), casi seis veces más que los recortes en Ciencia e I+D (2.000 millones), tres veces lo que se ahorró con la bajada de sueldos de los funcionarios (4.000 millones) o más de siete veces lo que se recortó al congelar las pensiones (1.500 millones).-+@Escolar.net

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS BANCOS?

Yo creo que la cuestión relevante es esta: ¿qué debemos pedir a los bancos a cambio de un rescate? Para empezar, no podemos permitir que los antiguos gestores se retiren con pensiones millonarias. Segundo, mientras haya dinero público, los bancos deberían priorizar la salud de nuestra economía sobre los intereses de sus accionistas. También deberíamos aprender algo de Islandia: exigir responsabilidades penales a quienes han destrozado las vidas de millones de familias.+@PRINCIPIA MARSUPIA