Desde diciembre de 2024, el investigador Roberto Fernández Suárez, autor de libros como ‘La Sierra convulsa’ o ‘Convulsiones a las Puertas de Madrid’, está en un tira y afloja por lograr ver los documentos sobre la Guerra Civil en Alcobendas. Pese a que accedió a ellos en el verano de 2023, cuando vuelve a pedirlos un año y medio después, se lo niegan. El cambio de gobierno coincide justo en este tiempo, cuando PSOE y Ciudadanos dejan el consistorio y pasa a manos del PP con el apoyo de Vox.
Laura L. Ruiz
“Los estuve viendo sin ningún tipo de problemas, como en cualquier archivo al que he acudido”, explica el investigador a El Salto. Su rastreo por los archivos militares y civiles hizo posible terminar de concretar las identidades de los 108 represaliados que acabaron en fosas comunes en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, donde gracias a la primera exhumación en la Comunidad de Madrid con fondos estatales se logró extraer los restos de 77 personas. Todos ellos pertenecientes a municipios del norte de la región.
“Cuando decido volver
a consultar los archivos, para concretar alguna duda pese a tener ya el libro
armado, pido una docena de documentos, voy al archivo y me dicen que de esos
seis me los dan pero cuatro no porque era información sensible”, comenta Fernández
Suárez, que explica que eran documentos nuevos para terminar de afinar “flecos”
de su investigación -un libro sobre la historia del municipio entre principio
del siglo XX hasta la década de los 40 y que será publicado por la Asociación
Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes-. “Hice una reclamación al
archivo municipal y a los pocos días me dijeron que según la Ley de
Transparencia son documentos sensibles, con temas sindicales y de afiliación, y
que por eso no los podían dejar” indica, sin dejar de mostrar su sorpresa, ya
que gran parte de sus investigaciones consisten en sacar identidades y luchas
de vecinos de estos municipios
silenciados por la dictadura.
En este momento, el
investigador acude a la Comunidad de Madrid en busca de amparo.”Reclamo ante el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
tardan tres meses, que es el plazo, y ellos me dicen que pudo ir al archivo,
que puedo ver los documentos siempre y cuando no sea información sensible de
personas que aún estén vivas”, comenta, algo que se da por hecho ya que son
personas que en 1937 tenían en torno a 20 años. “En caso de que estuvieran
vivos, siempre me pueden facilitar los documentos anonimizados”, comenta sobre
la respuesta de la Comunidad de Madrid que este medio ha podido ver.
“Es coartar la
libertad y una investigación de memoria histórica, porque la idea es saber de
las personas”, indica el investigador que advierte del riesgo en el futuro
La clave del conflicto
es que mientras para los investigadores y gran parte de los archivos como el
regional o los estatales la Ley de Patrimonio de documentos históricos está por
encima de la Ley de Transparencia y de Protección de Datos, para el Ayuntamiento
de Alcobendas desde que cambió de partido la jerarquía está invertida. “La
normativa por la que el archivo municipal me niega el acceso a los documentos
íntegros es una ley nueva que hace referencia a la información sensible como la
salud o datos financieros de personas vivas para evitar que se les ataquen,
nada que ver con el caso”, argumenta. Pese a que este medio ha preguntado por
el asunto al consistorio madrileño, no ha tenido respuesta.
Con el dictamen de la Comunidad de Madrid, el investigador acude de nuevo a los archivos de Alcobendas. Entonces lo que hace el consistorio madrileño es darle los documentos anonimizados. “No se entendía nada de lo que me dieron, todo estaba tachado”, denuncia Roberto Fernández Suárez, que aunque habló con la archivera jefa se dio contra un muro. “Es coartar la libertad y una investigación de Memoria Histórica, porque la idea es saber de las personas”, indica y asegura que cree que “están en la línea de no dejar información a los investigadores, una postura totalmente política a mi entender”.
El paso siguiente es
interponer una nueva reclamación asegurando que no han interpretado bien el
dictamen de la Comunidad de Madrid Memoria, que, en su opinión, le ampara.
Recibe por carta la respuesta del ayuntamiento el pasado miércoles asegurando,
de nuevo, que habían aplicado la Ley de Transparencia 19/2013 y la ley
autonómica 10/2019. “Este ayuntamiento procedió a facilitar la información
requerida garantizando, en todo caso, la disociación de los datos personales
que puedan figurar en la documentación”, indican en la respuesta por escrito
firmada a principios de febrero.
“En ningún archivo me
han bloqueado así”, explica el investigador que lo ha comentado con otros
colegas y le han confirmado que esto solo ha pasado en algunos archivos
municipales. “Vas a los archivos militares, a los nacionales, al Archivo de
Salamanca y no tienes problemas en consultar sentencias de muerte, condenas,
información muy importante”, comenta y recuerda que en estos archivos
municipales tampoco ha tenido problemas cuando no era la derecha quién estaba
en el poder.
“Estamos muy
preocupados ya que consideramos que es una batalla que hay que ganar porque si
no los ayuntamientos de PP y de Vox van a bloquear muchos archivos locales”
“Imagínate que quiero
conocer el tejido asociativo de mi pueblo, Alcobendas, y no me dejarían, porque
vendrá que alguien era afiliado a CCOO, por ejemplo. Lo que están haciendo es
coartar el trabajo y la labor del investigador en conocer el pasado. Lo que me
preocupa más que mi trabajo ahora mismo es que los investigadores del futuro lo
van a tener muy crudo con esta estrategia de la derecha”, reflexiona el
investigador.
“El archivo regional
de la Comunidad de Madrid cuenta con muchos documentos locales, de municipios
que no tienen archivos propios o copias de los que sí tienen, esos los puedes
consultar sin problema pero los mismos documentos en los archivos locales no”,
reclama. Roberto Fernández Suárez ha consultado su situación con asociaciones
de Memoria Histórica. “Estamos muy preocupados ya que consideramos que es una
batalla que hay que ganar porque si no los ayuntamientos de PP y de Vox van a
bloquear muchos archivos locales”, comenta el investigador.
EL SALTO DdA, XXII/6285
No hay comentarios:
Publicar un comentario