miércoles, 7 de noviembre de 2018

¿HA HABIDO TAMAYAZO EN EL TRIBUNAL SUPREMO?

 In memoriam
Félix Población

El Tribunal Supremo decidió ayer que será el cliente quien deberá seguir pagando el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, poniendo fin a la polémica tras la puesta en suspenso de la sentencia que cambió la doctrina que se venía aplicando. El 18 de octubre una sentencia del Tribunal Supremo establecía que eran los bancos y no los clientes quienes deben pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Suponía romper con lo establecido hasta el momento.  

El Banco de España calcula que será al menos de 60.000 millones de euros la  parte del rescate financiero pagado por todos los españoles que no logrará recuperar. La cifra no dista mucho de la ofrecida por el Tribunal de Cuentas Esto supone que se perderá casi el 80% del dinero invertido en sanear básicamente a las Cajas de Ahorros, que recibieron ayudas públicas por valor de más de 76.410 millones de euros.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, criticó recientemente con dureza la subida planteada del salario mínimo (SMI). El banco ha estimado que el alza del 22% que se pretende aplicar costará un 0,8% del empleo, esto es, unos 150.000 puestos de trabajo. "El incremento del salario mínimo en cuantías reducidas tiene poco efecto. Pero tenemos pocas experiencias de subidas altas. Ninguna de un 22%. Y este impacto limitado se derivaba de que el colectivo afectado era pequeño. Los efectos podrían incluso no ser lineales. No vayamos a lograr lo contrario de lo que pretendíamos y reduzcamos el empleo de aquellos a los que se quería ayudar, los jóvenes".

La asociación Facua, después de la sentencia de ayer del  Supremo que supone para la banca un ahorro de 16.000 millones, ha acusado al sector financiero de difundir mensajes “engañosos y alarmistas” para no tener que asumir el impuesto. Puede que al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haga justicia y deje a la justicia española otra vez por los suelos. Igual perspectiva divisa la OCU, que ha tildado el fallo de “bochornoso” por perjudicar a más de 12 millones de familias en España. “Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad”, zanjan en un comunicado en el que pide la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Díez Picazo, de forma inmediata “por la nefasta gestión de esta sentencia sin precedentes que en tiempo récord ha doblado el pulso de la verdadera justicia”.

Mi estimado amigo Félix Maraña, con la perspicacia que le caracteriza por su largo oficio y avisado olfato, cree que lo de ayer del Supremo huele a tamayazo, expresión que como la del estraperlo debería estar ya en el diccionario de la RAE: "La ausencia de tres magistrados -escribe- en el asunto de la morcilla bancaria es un verdadero tamayazo. Porque todos sabemos que es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Y ya sabemos quién elige a estos magistrados, elegidos por políticos, como ese señor que hace unos días dijo que a él le gustan mucho los banqueros. Ese señor que es registrador de la propiedad y no ha trabajado en su vida. "Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político".

Y mientras, el mismo día del supuesto tamayazo del Supremo, la Fiscalía pide hasta cuatro años y diez meses de cárcel para un ciudadano por robar un bocadillo. ¿Por qué no se publica la lista completa de esos magistrados que han agraviado al Estado social y democrático (Constitución, artículo 1), en pro del Estado financiero? Junto al IBEX, dice hoy Rosa María Artal en su artículo, debería inscribirse el Tribunal Supremo como nuevo índice de referencia bursátil.

Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero. 

Léase también@: El Consejo de Europa sitúa a España a la cola en la lucha por la independencia de la justicia. (El País)

                       DdA, XV/4.005                   

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