viernes, 29 de junio de 2018

LA OTRA GRAN LACRA NACIONAL: LOS BEBÉS ROBADOS*

 Hace unos día se celebró en España el primer juicio por un bebé robado. Miles de niños en España fueron presuntamente separados a la fuerza de sus padres para ser vendidos por redes que empezaron a funcionar durante el franquismo y se prolongaron durante décadas. Ahora, más de 260 supuestas víctimas del tráfico de menores exigen a la justicia que abra una investigación.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) estima que unos 300.000 menores fueron robados. Al principio, la mayoría eran hijos de simpatizantes de la izquierda republicana que perdió la Guerra Civil española en 1939 y dio paso al régimen militar de Francisco Franco. El tráfico de menores continuó después de la muerte del dictador los años noventa.
Junto al Valle de los Caídos  donde está inhumado el dictador y los miles de republicanos que permanecen enterrados  en fosas comunes después de cuarenta años de democracia, la de los bebé robados en sin duda la otra gran lacra históica del vigente régimen en este país. Habrá historiadores que las tengan en cuenta en el futuro.

Juan Ignacio González
Profesor del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Oviedo, y Coportavoz de EQUO Asturias

No hay ninguna falsa polémica alimentada por madres que no han superado el duelo de la pérdida temprana de sus hijos, ni por madres cuyas terribles vidas las condenaron a la entrega “voluntaria” de sus hijos y que ahora, tras los años, pretenden vía reclamo público, enmendar sus “decisiones” de entonces profundamente arrepentidas de las mismas.
En este país se han robado niños, cientos o miles, al menos esas son cifras que se pueden intuir, desde los años de la postguerra hasta primeros de los noventa, cuando la legislación y los procedimientos cambiaron tanto que harían hoy prácticamente imposible el engaño y mucho menos el mercado, al menos, en las intervenciones en territorio nacional.
Y para entender esta práctica criminal basta conjugar factores: tiempo, poder, y valores, constatar el funcionamiento de las organizaciones de tutela de menores en el franquismo y en los primeros años de la democracia, así como recorrer en el sentido más estricto los derechos (o la ausencia de los mismos) con los que se construyan los procedimientos tutelares en “los años de plomo de la infancia robada”.
Si añadimos la inyección de valores retrógrados y conservadores con los que se aderezaban las decisiones, y conjugamos un tiempo de silencios frente al poder omnímodo de la iglesia, la resultante es que hay caso, o mejor hay casos, hay cientos o miles (me inclino por lo último) casos abyectos de bebés robados con total impunidad, un negocio lucrativo para la iglesia, los sanitarios sin escrúpulos, y las familias pudientes del régimen.
Baste saber que en el periodo del que hablamos, las Entidades y Organismos de Protección a la Infancia se articularon en torno a:
1) La Obra de Protección de Menores en cuya estructura tuvieron un enorme peso los Tribunales tutelares de menores y las Juntas Provinciales con su enorme red de centros (en total 129 instituciones propias y 688 centros colaboradores).
2) El Instituto Nacional de asistencia Social (INAS) Organismo estatal especializado en la actividad asistencial a todos los colectivos (ancianos, menores, minusválidos...). El origen de las residencias infantiles gestionadas por el INAS se remonta a 1936 cuando nacen las instituciones denominadas "Auxilio de Invierno", más tarde “Auxilio Social”, siendo su cometido la asistencia a menores cuyas familias carecían de recursos económicos o educativos, paliando la situación a través de diversas ayudas, que oscilarán desde la subvención económica hasta el internamiento total para casos de imposibilidad familiar.
3) Las Diputaciones provinciales que tuvieron competencias en Hogares Infantiles para la atención de menores carentes de ambiente familiar hasta el fin de la edad escolar, Institutos de puericultura o Maternología, para el acogimiento de recién nacidos ”abandonados” o madres de lactantes, la gestión para la Adopción de Huérfanos y expósitos.
4) Otros organismos, entre ellos, el Patronato de Protección a la Mujer, cuyo origen se sitúa en el Real Decreto Fundacional del Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, entre cuyos recursos, todos ellos destinados a mujeres desde la etapa adolescente, se encontraban: colegios, hogares para adolescentes y residencias de gestantes y madres solteras. En sus inicios, su objetivo era recuperar a mujeres que practicaban la prostitución o bien velar por las jóvenes en "peligro moral". Con los años, su finalidad fue cambiando hasta convertirse en centros de internamiento para chicas con problemas de inadaptación social. Los centros dependientes del Patronato, eran normalmente administrados por religiosas.
Como se deriva de cuanto antecede, la atención a la infancia hasta bien entrados los años ochenta, se caracteriza por una gran variedad de recursos dependientes de diferentes organismos, con funciones y objetivos muchas veces, solapados, pero casi todos gestionados por la Iglesia o por las organizaciones ideológicas del franquismo (La Falange, la Sección Femenina y otros) que funcionaron como una auténtica administración paralela, y es en ese caldo de cultivo de omnipresencia del poder y de cercenamiento de mínimos básicos de garantía de derechos donde se ejerció con saña el mercadeo infantil de la compraventa de niños.
Una sociedad sin un marco básico de derechos frente al poder, con una tasa de analfabetismo galopante, con miedo secular al peso de la Iglesia. Una sociedad con una escala de valores indoctrinados desde la mesa, la escuela y el púlpito, que perseguía con saña los derechos más elementales de las mujeres sobre su cuerpo y su maternidad.
Una España secularmente subdesarrollada donde arraigó con fuerza la ley del silencio en estos casos porque cuestionar las decisiones era cuestionar el poder y eso no estaba en la agenda ni en el libro de ruta del español medio.
Una iglesia nutrida en sus conventos de “analfabeto/as hambrientos/as” a los que su poder dio oportunidad de tomar, sin resistencias y aún sin piedad, decisiones abyectas, y unos profesionales sanitarios que vieron en esta conjunción su oportunidad para lucrarse hicieron el resto.
Por eso, si fue verdad, que en España se robaron niños, muchos más que en la Argentina de las Juntas militares, y si fue verdad que hubo connivencia de los poderes reales de entonces, y que está forma de actuación criminal llegó hasta la década de los ochenta cuando las leyes y los derechos fundamentales se instalaron y se comenzaron a ejercer.
Será difícil desentrañar las tramas, los papeles se destruyen, se ocultan, los responsables envejecen y mueren sin confesar, pero queda todo un trabajo de archivo e investigación pendiente y son muchas las líneas de investigación posibles, un trabajo en el que la administración democrática y la justicia no deben mirar para otro lado.
Un trabajo en el que los ciudadanos y ciudadanas de buena fe deben colaborar y no mirar para otro lado, y en el que padres y madres “buscantes” no deben encontrarse solos frente a los muros del olvido y el silencio. Un trabajo que puede comenzar porque usted solicite su partida “literal” de nacimiento en el Registro Civil, que a veces es el principio de su derecho a saber y a la justicia.

*Artículo publicado hace cuatro años en El Comercio.

DdA, XIV/3891

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor, publique un comentario