LA EJECUCIÓN PÚBLICA DE LOS TERRORISTAS

Después de haber escrito, hace muchos años, dos artículos titulados, respectivamente, A los delicuentes se les puede matar y A las delincuentes se las puede violar, mi estimada Lidia Falcón firmó ayer este en el diario Público.es, A los terroristas se les puede matar, que concluye con los párrafos que siguen y que de seguro puede plantear un interesante debate acerca de la frecuencia con que se están dando este tipo de ejecuciones públicas en Europa cuando los terroristas cometen una de sus masacres. Se podría pensar con toda lógica que con la muerte de quienes llevan a cabo estas atrocidades se pierden caminos de investigación policial para conocer más datos acerca de la organización o la célula a la que estaban adscritos. Pero por más que maten a los perros no se acabará la rabia. Más bien al contrario.

Ya se sabe, todo sospechoso de terrorismo, aunque sea de este terrorismo de cuchillos que nos aterroriza a la población europea -que no recibe los bombardeos con drones con que las potencias occidentales obsequian cotidianamente a las poblaciones de Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, causando cientos de muertos- será abatido por la policía en el momento de su captura, disparando a la cabeza, aunque sólo esgrima un chaleco explosivo falso como toda arma. Policía que recibirá toda clase de parabienes por su heroica acción.

En 1976 escribí en Vindicación Feminista un artículo sobre la busca y captura del delincuente apodado el Rubio, perseguido en Canarias por ser sospechoso de haber asesinado a un industrial llamado Eufemiano Fuentes. Entonces, unánimemente, tanto los medios de comunicación como la policía como los gobernantes del momento exigían que se le capturara, vivo o muerto, al estilo del Oeste americano. Titulé mi artículo “A los delincuentes se les puede matar”.  En el acoso a que la policía sometió a la familia llegaron a violar a la hermana, actuación que muchos medios comprendieron arguyendo que también era una delincuente. Y escribí otro artículo que titulé “A las delincuentes se las puede violar”. No obtuve más que un clamoroso desprecio por mi sensiblería.

Todos los que luchamos denodadamente contra la dictadura franquista reclamamos que la democracia aboliera la pena de muerte como se estaba aprobando en toda Europa. Una de las condiciones que se exigen al país que pretenda formar parte de la UE es que haya eliminado ese bárbaro castigo. Y entre las garantías para los acusados se implantaron la presunción de inocencia, los varios recursos judiciales que se pueden plantear contra la primera sentencia, la necesidad de presentar pruebas suficientes para ser condenado, garantías todas que existen en los ordenamientos jurídicos de los países democráticos. O por lo menos así lo dicen.

Ya imagino las encolerizadas respuestas de los fascistas, racistas, xenófobos  e ignorantes habituales contra mi defensa de los terroristas. Porque la población ya habrá decidido que esos hombres abatidos por la policía lo eran y merecían ser ejecutados. Contra ellos no tenemos más información que la que las fuerzas de seguridad nos han proporcionado. Ninguna de las víctimas ni de los testigos presenciales de los atentados han identificado ni al conductor de la camioneta ni a los atacantes de Cambrils. Y por supuesto no se han presentado las pruebas en las sesiones de un juicio, pero todo el mundo los da ya por culpables.

Los demócratas exigimos que se aboliera la pena de muerte incluso cuando el acusado hubiera sido declarado culpable de crímenes terribles – naturalmente a nadie se le ocurría, en el siglo XX, que se pudiera condenar a muerte a persona alguna por otros delitos- y después de un juicio justo con sentencia firme, que suponía varias instancias judiciales.

Lo que no podíamos ni pensar es que el sistema democrático permitiera a las fuerzas de seguridad la ejecución pública de los acusados por meras sospechas, y que además aquellas fueran calificadas de héroes y condecoradas por su meritoria actuación. 

DdA, XIV/3619