Lazarillo
Acaso peor que mantener enterrados como alimañas en fosas y cunetas a más de cien mil víctimas de la dictadura franquista, casi ochenta años después de la Guerra de España, sea imaginar que en este país haya familias con desaparecidos que con el paso del tiempo y el olvido los acabaron por enterrar en su memoria. Lo cierto es que en esta fecha de hoy se conmemora El día mundial de los Desaparecidos y todos cuantos en este país guardan recuerdo de los mismos deberían estampar públicamente sus imágenes, tal como hace mi apreciado Emilio Silva con su abuelo Emilio
Silva Faba, militante de Izquierda Republicana, defensor de la
enseñanza pública y laica, asesinado con 44 años por un grupo de
pistoleros de falange el 16 de octubre de 1936. Su cuerpo permaneció en
una fosa común -escribe Silva-, en una cuneta, junto a los de
otros doce hombres, civiles, militantes de izquierdas. Sus asesinos
nunca se sentaron frente a un juez; al contrario, fueron premiados
porque el exterminio de quienes quería un país moderno, democrático y
libre, estaba premiado por la dictadura de los franquistas. En el año
2000 su familia lo encontró y consiguió que un grupo de arqueólogos y
forenses voluntarios lo exhumaran. Dos años después fue identificado por
una prueba de ADN y enterrado junto a su mujer Modesta Santín. Habían
pasado 25 años desde la muerte del dictador y ningún Gobierno en
democracia aceptó la responsabilidad de buscar a las personas
desaparecidas. A ese acto de inhumanidad le llamaron reconciliación.
Todavía hay 114.226 desaparecidos en las cunetas de nuestra democracia.
Es de toda necesidad y justicia recordar en una fecha como la de hoy los diez suspensos que la ONU aplica a nuestro país en relación son su Memoria Histórica, según el informe del relator de esa organización internacional, Pablo de Greiff:
1. Remoción de símbolos franquistas
De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que
obliga a quitar todos los símbolos y monumentos que exalten el
franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayoría de
ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee información
de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e
insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.
"El Valle de los Caídos difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador".
2. Valle de los Caídos
"El sitio constituye en sí mismo la exaltación del franquismo", observa
el relator, que critica la falta de información. "Nada da cuenta de que
fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo
condiciones inhumanas" o sobre "los cuerpos de las casi 34.000 personas
que ahí están inhumadas", afirma. "Nada explica quién fue José Antonio
Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica", ni
por qué Franco "fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil".
De Greiff recomienda "resignificar" el lugar como guardián de la memoria
y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. "Difícilmente
podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación
[...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del
dictador".
3. Educación deficiente
El
informe destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el
enfoque sobre esta parte de la historia española en los curriculums
escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen referencias
globales, "manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica". De
Greiff considera que la mayoría de los españoles han sido educados en la
idea de que la Guerra Civil fue "un conflicto entre dos Españas" y en
la que se reforzaba la política del " borrón y cuenta nueva" en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.
4. Policías, militares y jueces poco formados
La ONU considera que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las
Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo ni
sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión
de esos delitos. También asegura que los jueces no reciben formación de
temas específicos de derechos humanos, ni de la obligación del Estado en
la persecución de delitos internacionales como el genocidio, los
crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra.
5. Falta de información
"No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones
oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la
dictadura", enumera el informe. Además, destaca temas "subexplorados"
como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos,
represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas
privadas en la violación de los derechos humanos. El relator considera
que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este problema, e
insta al Gobierno a establecer una institución "independiente pero
oficial" de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la
Verdad que impulsan varias asociaciones.
6. Acceso restringido a los documentos
Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy
bien, según el informe. El problema es que en la práctica no se permite
el acceso libre a numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen
clasificados "invocando riesgos a la seguridad nacional" y "sin
criterios claros". De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del
Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos legales que
generan este problema.
7. Exhumaciones 'privatizadas'
El relator expresa su "preocupación porque el Estado no haya hecho más
para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos" y
critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y
asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó "la legitimidad de
este reclamo", sino que en general despachó el tema refiriéndose al mapa
de fosas y las subvenciones para exhumaciones. "Desde 2011 –puntualiza
el relator– el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las
exhumaciones, ha sido anulado". Asegura que el desentendimiento del
Estado en este asunto provoca que no participen autoridades judiciales y
que no existan registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382
fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas.
8. El obstáculo de la Ley de Amnistía
Aquí es donde se observan mayores déficits, y la Ley de Amnistía se
erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los
casos se archivan "sin que los jueces siquiera conozcan los hechos".
Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura
de causas, sino que son las "interpretaciones restrictivas" –tanto de
esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad
jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción
de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.
De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales
que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura
que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una
investigación de los hechos, "pues de otra manera no hay responsabilidad
alguna que se pueda suspender o extinguir".
9. Jurisdicción universal
Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de
la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de las causas
contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar argentino
Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La ONU ve "con
precupación" las reformas de 2009 y 2014 que "limitan
significativamente" que los juzgados españoles puedan investigar
crímenes internacionales graves, y asegura que "sigue atentamente" los
procesos en marcha "como la resistencia de algunos jueces de cerrar las
causas" invoando estándares internacionales.
Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación
de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se
investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En
cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de seguridad acusados
de torturas, el relator es taxativo: " sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables".
10. Víctimas 'de segunda'
"Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo
como 'víctimas de segunda categoría", describe el informe. Un
sentimiento alimentado, analiza "por medidas más ambiciosas en favor del
reconocimiento y reparación otorgadas a [...] víctimas del terrorismo".
El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del
Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima como
oportunidad para incluir "todas las categorías de víctimas".
DdA, XIV/3620
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