miércoles, 30 de agosto de 2017

114.226 DESAPARECIDOS EN LAS CUNETAS DE NUESTRA DEMOCRACIA


Lazarillo

Acaso peor que mantener enterrados como alimañas en fosas y cunetas a más de cien mil víctimas de la dictadura franquista, casi ochenta años después de la Guerra de España, sea imaginar que en este país haya familias con desaparecidos que con el paso del tiempo y el olvido los acabaron por enterrar en su memoria. Lo cierto es que en esta fecha de hoy se conmemora El día mundial de los Desaparecidos y todos cuantos en este país guardan recuerdo de los mismos deberían estampar públicamente sus imágenes, tal como hace mi apreciado Emilio Silva con su abuelo Emilio Silva Faba, militante de Izquierda Republicana, defensor de la enseñanza pública y laica, asesinado con 44 años por un grupo de pistoleros de falange el 16 de octubre de 1936. Su cuerpo permaneció en una fosa común -escribe Silva-, en una cuneta, junto a los de otros doce hombres, civiles, militantes de izquierdas. Sus asesinos nunca se sentaron frente a un juez; al contrario, fueron premiados porque el exterminio de quienes quería un país moderno, democrático y libre, estaba premiado por la dictadura de los franquistas. En el año 2000 su familia lo encontró y consiguió que un grupo de arqueólogos y forenses voluntarios lo exhumaran. Dos años después fue identificado por una prueba de ADN y enterrado junto a su mujer Modesta Santín. Habían pasado 25 años desde la muerte del dictador y ningún Gobierno en democracia aceptó la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas. A ese acto de inhumanidad le llamaron reconciliación. Todavía hay 114.226 desaparecidos en las cunetas de nuestra democracia.

Es de toda necesidad y justicia recordar en una fecha como la de hoy los diez suspensos que la ONU aplica a nuestro país en relación son su Memoria Histórica, según el informe del relator de esa organización internacional, Pablo de Greiff:

1. Remoción de símbolos franquistas

De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.   
"El Valle de los Caídos difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador".

2. Valle de los Caídos

"El sitio constituye en sí mismo la exaltación del franquismo", observa el relator, que critica la falta de información. "Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas" o sobre "los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas", afirma. "Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica", ni por qué Franco "fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil". De Greiff recomienda "resignificar" el lugar como guardián de la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. "Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador".

3. Educación deficiente

El informe destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen referencias globales, "manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica". De Greiff considera que la mayoría de los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue "un conflicto entre dos Españas" y en la que se reforzaba la política del " borrón y cuenta nueva" en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.

4. Policías, militares y jueces poco formados

La ONU considera que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura que los jueces no reciben formación de temas específicos de derechos humanos, ni de la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. 

5. Falta de información

"No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura", enumera el informe. Además, destaca temas "subexplorados" como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer una institución "independiente pero oficial" de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias asociaciones.   

6. Acceso restringido a los documentos

Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados  "invocando riesgos a la seguridad nacional" y "sin criterios claros". De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos legales que generan este problema.

7. Exhumaciones 'privatizadas'

El relator expresa su "preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos" y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó "la legitimidad de este reclamo", sino que en general despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. "Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado". Asegura que el desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas.

El relator de la ONU, Pablo de Greiff, ha reprochado al Estado que no investigue ni enjuicie los "graves" crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. \ EFE
El relator de la ONU, Pablo de Greiff, ha reprochado al Estado que no investigue ni enjuicie los "graves" crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. \ EFE

8. El obstáculo de la Ley de Amnistía

Aquí es donde se observan mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan "sin que los jueces siquiera conozcan los hechos". Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las "interpretaciones restrictivas" –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos. 
De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, "pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir".

9. Jurisdicción universal

Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La ONU ve "con precupación" las reformas de 2009 y 2014 que "limitan significativamente" que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y asegura que "sigue atentamente" los procesos en marcha "como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas" invoando estándares internacionales. 
Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: " sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables".  

10. Víctimas 'de segunda'

"Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como 'víctimas de segunda categoría", describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza "por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a [...] víctimas del terrorismo". El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima como oportunidad para incluir "todas las categorías de víctimas".
DdA, XIV/3620

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor, publique un comentario