Cacerolada ante la sede del Partido Popular el pasado día 25
Julián Aceitero Gómez
Que un juez de la Audiencia Nacional investigue y
ordene el ingreso en prisión sin fianza del
expresidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González González del Partido Popular -PP-, que la Guardia Civil haya encontrando pruebas que le
incriminen, que un grupo mayoritario de fiscales haya apoyado que aspectos de
su investigación se llevaran a cabo en contra del criterio de su superior
jerárquico, afín al Gobierno del PP, y que la misma no haya sido cuestionada
por los grandes medios de comunicación son hechos de conocida como “Operación
Lezo”. Aunque aquellos hechos, aisladamente, no son propios de las castas
judicial, policial, política y mediática, respectivamente, lo serían si estuvieran
incardinados para culminar la estrategia de que
todo cambie para que todo siga igual pergeñada por sus dueños, es decir, por
quienes ostentan el poder del dinero. Para lograrlo, estos poderosos:
1. Cambiaron al titular de la Jefatura del Estado,
forzando al rey Juan Carlos I ‘El
Campechano’ a que abdicara para que reinara su hijo, Felipe VI ‘El Preparado’.
2. Pretendieron sustituir al PP por C’s, disponiendo una
campaña en sus medios de comunicación no solo de publirreportajes del último de
dichos partidos y de su líder Albert Rivera, sino también de “filtración” de casos
de corrupción de los dirigentes del primero de los mismos. Pero Mariano Rajoy
Brey, liderando al PP, resistió tal envite y obtuvo en las dos subsiguientes elecciones
un resultado que le ha permitido presidir el Gobierno que sigue satisfaciendo a
aquellos que ostentan el poder del dinero. No obstante, estos poderosos seguirían
empeñados en aquella estrategia con respecto a su casta política, aunque limitándola
ahora a "sustituir" el liderazgo de este partido.
Si así fuera, podría ocurrir que Mariano Rajoy se oponga
a ser sustituido, en cuyo caso la investigación judicial en curso, conocida
como Operación Lezo, seguiría dando resultados espectaculares contra dirigentes
del PP o se avenga a serlo, en cuyo caso dicha investigación no daría ningún
resultado significativo contra los dirigentes aludidos.
Tal hipótesis sobre la investigación judicial en curso
está sustentada, exclusivamente, en informaciones que los medios de comunicación
han divulgado sobre dicha investigación judicial, es decir, en datos “filtrados”
de la misma e interpretados conforme a los intereses de los dueños de los
mismos, por lo que es lógico desdeñarla por sus fuentes. Afortunadamente, dicha
deficiencia metodológica podría ser corregida si *PODEMOS* se personara como
acusación popular en dicha investigación y, conforme a lo legalmente
establecido, hiciera públicos los datos obtenidos en la misma para que pudieran
ser debidamente analizados.
A día de hoy, la susodicha investigación ni siquiera se
encuentra en fase de sumario, sino de “diligencias previas”, y es “secreta porque
el Juez que la instruye ha denegado la solicitud del Fiscal para que deje de
serlo, excepto el auto mediante el cual anula la imputación indiciaria por los
delitos de coacción e intimidación a Francisco Marhuenda García y Mauricio
Casals Aldama, director y consejero del diario La Razón, respectivamente (1).
Aunque dicho auto ha sido publicado por La Razón, su interpretación cabal
requiere la lectura de la documentación aludida en el mismo, es decir, el
informe de la Guardia Civil y las declaraciones judiciales de las personas
relacionadas con aquellos delitos, pero permanecen bajo “secreto”. No obstante,
la simple lectura del mismo da la impresión de que el Juez había tomado la
decisión de retirarles tal imputación, ya pedida por el Fiscal, y que a
continuación la argumentó. Porque para ello asumió la increíble interpretación
que aquellos dos le dieron sobre sus conversaciones telefónicas grabadas con
Edmundo Rodríguez Sobrino, contra quien el Juez había ordenado su ingreso en
prisión sin fianza:
Que en aquellas conversaciones telefónicas trataban de
convencerle de que estaban actuando para que la Presidenta de la Comunidad de
Madrid no le implicara en el asunto del Canal de Isabel II, pero que tal
actuación sería una “mentira piadosa y paliativa”, acreditando la falsedad de
tal actuación mediante una prueba documental aportada por los mismos,
consistente en las noticias y editoriales de su diario La Razón sobre el Gobierno de dicha comunidad. Pero es increíble
que trataran de convencer a su amigo Edmundo Rodríguez Sobrino de una mentira tan
zafia, porque éste la habría evidenciado simplemente leyendo el diario La Razón, del que era consejero
delegado.
DdA, XIV/3521
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