Xuan Cándano y Fernando Romero
Hace justo dos años ATLÁNTICA XXII dedicó su portada y su información
preferente a informar de la investigación de la UCO de la Guardia Civil
a UGT-Asturias. La respuesta fue una cascada de denuncias tras una
reunión en el sindicato en la que se instó a todas las personas aludidas
en aquel reportaje a acudir a los tribunales. Algunas no quisieron,
asumiendo que lo publicado era cierto. Al final presentaron cuatro, una
de ellas Carmen Caballero, detenida en la redada de hoy de la UCO, al
igual que el exsecretario general ugetista Justo Rodríguez Braga.
Caballero no ratificó su denuncia. Solo lo hizo el también exsecretario
general Eduardo Donaire, asimismo miembro del Comité Federal del PSOE.
El caso está ahora en el Tribunal Supremo, tras prosperar un recurso en
la Audiencia Provincial a una sentencia que revoca una anterior y que
nos parece una auténtica injusticia.
La ofensiva de UGT contra ATLÁNTICA XXII ya había comenzado antes.
Tras la publicación de otro número con informaciones absolutamente
veraces sobre el sindicato la respuesta también fue una denuncia, en
este caso al director, pero de una manera absolutamente indigna: a
través de una denuncia falsa del comité de empresa de TVE-Asturias,
controlado por UGT. También fue revocada posteriormente por un juez,
tras padecer el responsable de esta revista una sanción escandalosa en
esa empresa pública en la que trabaja.
ATLÁNTICA XXII nunca puso a UGT en el punto de mira informativo,
simplemente investigó su funcionamiento, su financiación y la conducta
de sus dirigentes, como lleva casi ocho años haciendo con otras muchas
organizaciones o instituciones. Incluso informaciones sobre el sindicato
socialista que tenemos la certeza de que son ciertas, y de tanta
gravedad como las publicadas, nunca vieron la luz por falta de aval
documental. Se trataba de matar al mensajero. No lo consiguieron gracias
al gran apoyo popular que tiene la revista, porque fueron sus lectores
los que se hicieron cargo de los enormes gastos provocados por esta
ofensiva judicial a través de una campaña en Internet y en la propia
publicación.
La operación de hoy de la UCO, con un registro en la sede de
UGT-Asturias en Oviedo y la detención de media docena de personas,
confirma la veracidad de lo publicado y tiene una enorme carga política.
UGT es un bastión clave en el entramado de poder establecido en
Asturias prácticamente desde la restauración democrática. En el Gobierno
autonómico no es que tenga influencia, tiene presencia a través de
personas como su portavoz y consejero de la Presidencia, Guillermo
Martínez. Las relaciones de Javier Fernández y Justo Rodríguez Braga,
que aspiraba a ser diputado autonómico socialista, siempre fueron
excelentes. Ambos militan en la agrupación socialista de Gijón.
El Caso UGT tiene también una lectura mediática. En todo este tiempo
nos hemos sentido muy arropados por la opinión pública, pero no por la
publicada. Como es habitual, ni un solo medio recogió aquella
información en primicia. Justo Rodríguez Braga tenía previsto contestar a
preguntas sobre este asunto tras aquel número de ATLÁNTICA XXII, pero
nunca las hubo en las numerosas ruedas de prensa que protagonizaba.
Cuando se inició el acoso con las denuncias, la Asociación de la
Prensa salió en defensa de la revista y sus redactores, pero una llamada
de Justo Rodríguez Braga acabó con esa solidaridad profesional. El
Colegio de Periodistas se negó a amparar a ATLÁNTICA XXII y a los
periodistas denunciados, como si aquello no fuera un obvio ataque a la
libertad de expresión y un intento de silenciar voces críticas.
Los familiares de los muertos en el accidente del Yak-42 dicen que no
quieren dinero, sino simplemente que alguien les pida perdón. No
podemos comparar aquella tragedia con este episodio, uno más en la pugna
entre los poderes y el periodismo libre. Pero podríamos exigir lo
mismo.
Atlántica XXII/ DdA, XIV/3441
No hay comentarios:
Publicar un comentario