jueves, 24 de noviembre de 2016

LA ÚLTIMA ESTATUA Y EL ÚLTIMO MEDALLÓN DE FRANCO

Félix Población

El alcalde de Salamanca y el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, ambos del Partido Popular que gobierna en España, se resisten a cumplir la Ley de Memoria Histórica, aprobada haca casi nueve años por el gobierno de la nación. El señor Mañueco, al frente del Ayuntamiento de la ciudad del Tormes, se ha permitido incluso blindar la efigie del dictador que figura en uno de los medallones de la Plaza Mayor para así preservarla de cuantos se ofendan con la misma y puedan dañarla con motivo de la fecha de su muerte. 

El presidente de Melilla, por su parte, alega que la estatua de Franco permanece en aquella ciudad porque conmemora la defensa que el entonces comandante de la Legión hizo de la plaza en 1921, al enfrentarse a las tropas de Abd el-Krim tras el llamado Desastre de Anual. Ubicada en las cercanías del puerto y conocida por Franquito, se trata de la última estatua del dictador que se mantiene en pie en España y ya hay una sentencia firma que obliga al presidente de Melilla a retirarla, sin posibilidad de recurso. 

Dado que la ciudad es de las que cuenta con más símbolos de la dictadura, también está obligado don Juan José a presentar un catálogo completo de los mismos en el plazo de seis meses. Es de hacer constar, para rebatir al señor presidente, que la estatua fue de las últimas -si no la última- erigidas en honor a Franco, con la significativa dedicatoria "al insigne caudillo", dos años después de la muerte del dictador.

Por lo que respecta a Salamanca, sede del Centro Documental de la Memoria Histórica, también hay que consignar que es una de las cinco ciudades españoles que más símbolos de la dictadura mantiene hasta la fecha, hasta treinta y seis -según la asociación Memoria y Justicia-, dándose la circunstancia de que el ejército golpista asesinó aquí -donde apenas hubo resistencia armada a la insurrección- a su alcalde republicano Casto Prieto Carrasco y a varios concejales, cuyo único delito fue haber sido elegidos mediante el voto democrático por los ciudadanos.

DdA, XIII/3395

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