Nº: 249
Julio
2016
¡Libertad para Julian Assange!
Ignacio Ramonet
Se
acaban de cumplir cuatro años desde que, el 19 de junio de 2012, el
ciberactivista australiano Julian Assange, paladín de la lucha por una
información libre, se viera obligado a refugiarse, en Londres, en las
oficinas de la Embajada de Ecuador. Este pequeño país latinoamericano
tuvo el coraje de brindarle asilo diplomático cuando el fundador de
WikiLeaks se hallaba perseguido y acosado por el Gobierno de Estados
Unidos y de varios de sus aliados (el Reino Unido, Suecia). La Justicia
sueca exige que Assange acuda a Estocolmo a presentar directamente su
testimonio sobre las acusaciones de agresión sexual hechas por dos
mujeres a las que él habría mentido sobre el uso de un preservativo.
Julian
Assange rechaza estas acusaciones y sostiene que las relaciones con
estas dos demandantes fueron consentidas, y afirma ser víctima de un
complot organizado por Washington. El fundador de WikiLeaks se niega a
ir a Suecia, a menos que la Justicia de ese país le garantice que no
será extraditado a Estados Unidos, donde podría ser detenido, conducido
ante un tribunal y, quizás, según sus abogados, condenado a pena de
muerte por “delito de espionaje”.
En
varias ocasiones, Assange también ha propuesto responder por
videoconferencia a las preguntas de los encargados suecos de la
investigación. Pero éstos han rechazado esa posibilidad, argumentando
que él huyó de Suecia aunque sabía que había una investigación abierta
contra él. El Tribunal Supremo sueco rechazó de nuevo, el 11 de mayo de
2015, su demanda de que fuera anulada la orden de detención que pesaba
sobre él.
En
realidad, el único crimen de Julian Assange es haber fundado WikiLeaks.
En todas partes ha habido acalorados debates sobre si WikiLeaks hizo
prosperar o no la causa de la libertad de prensa, si resulta bueno o
malo para la democracia, si se debe o no censurar esta plataforma. Lo
que es seguro es que el papel de WikiLeaks en la difusión de medio
millón de informes secretos relativos a los abusos cometidos por
militares en Afganistán y en Irak, y de unos 250.000 comunicados
enviados por las Embajadas de Estados Unidos al Departamento de Estado,
constituye “un hito en la historia del periodismo” que ha marcado un
antes y un después. WikiLeaks fue creada en 2006 por un grupo de
internautas anónimos, con Julian Assange como portavoz, y asumió la
misión de recibir y hacer públicas filtraciones de información (leaks)
garantizando la protección de las fuentes (1).
Recordemos
las tres razones que, según Julian Assange, motivaron su creación. “La
primera, la muerte a escala mundial de la sociedad civil. Rápidos flujos
financieros por transferencias electrónicas de fondos que se mueven más
rápido que la sanción política o moral, destrozando la sociedad civil a
lo ancho del mundo. […] En este sentido, la sociedad civil está muerta,
ya no existe, y hay una amplia clase de gente que lo sabe y está
aprovechando que saben que está muerta para acumular riqueza y poder. La
segunda […] es que hay un enorme y creciente Estado de seguridad oculto
que se está extendiendo por el mundo, principalmente basado en Estados
Unidos […] La tercera es que los medios de comunicación internacionales
son un desastre, […] el entorno de los medios internacionales es tan
malo y tan distorsionador que nos iría mejor si no hubiera ningún medio,
ninguno”.
Assange
aporta una visión radicalmente crítica del periodismo. En una
entrevista llega incluso a afirmar que “dado el estado de impotencia del
periodismo, me parecería ofensivo que me llamaran periodista. […] El
mayor abuso fue la guerra [de Irak y de Afganistán] contada por los
periodistas. Periodistas que participan en la creación de guerras a
través de su falta de cuestionamiento, su falta de integridad y su
cobarde peloteo a las fuentes gubernamentales”.
La
filosofía de WikiLeaks se basa en un principio fundamental: los
secretos existen para ser desvelados. Toda información oculta nace con
vocación de ser revelada y puesta a disposición de los ciudadanos. Las
democracias no deben ocultar nada; los dirigentes políticos, tampoco. Si
las acciones públicas de estos últimos no son incompatibles con sus
actuaciones públicas o privadas, las democracias no deberían temer la
difusión de “información filtrada”. En este caso –y solo en este caso–,
ello significaría que son moralmente ejemplares y que el modelo político
que encarnan –juzgado como “el menos imperfecto de todos”– podría de
verdad extenderse, sin obstáculo ético alguno, al conjunto del planeta.
¿Por qué tendrían que callarse los periodistas en una democracia
cuando un responsable político afirma una cosa en público y la contraria
en privado?
WikiLeaks
ofrece a los internautas la posibilidad de hacer públicos, a través de
su plataforma, grabaciones, vídeos o textos confidenciales sin indagar
en cómo han sido obtenidos pero cuya autenticidad verifica. WikiLeaks
vive de las donaciones de los internautas y de fundaciones y no acepta
ayudas públicas ni publicidad. Un buen número de instancias públicas ha
reconocido la utilidad de su trabajo. En 2008 recibió el Index on
Censorship Award que otorga el semanal británico The Economist, y en
2009, Amnistía Internacional le concedió el premio al mejor “medio de
comunicación nuevo” por haber sacado a la luz, en noviembre de 2008, un
documento censurado relativo a un caso de malversación de fondos
efectuado por el entorno del antiguo presidente de Kenia, Daniel Arap
Moi.
Desde
su creación, WikiLeaks ha sido un festín permanente de secretos, una
auténtica fábrica de primicias. Ha difundido bastantes más revelaciones
que muchos prestigiosos medios de comunicación en décadas… Entre los
mayores escándalos que sacó a la luz destacan: los documentos que
denunciaban las técnicas utilizadas por el banco privado suizo Julius
Baer Group para facilitar la evasión fiscal; el manual de procedimiento
penal del Ejército norteamericano en la base de Guantánamo; la lista de
nombres, direcciones, números de teléfono y profesiones de los miembros
del Partido Nacional Británico (BNP, de extrema derecha) en la que
figuraban policías; la lista pormenorizada de correos electrónicos
intercambiados con el exterior por las víctimas de los atentados del
World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001; los documentos que
probaban el carácter fraudulento de la quiebra del banco islandés The
New Kaupthing; los protocolos secretos de la Iglesia de la Cienciología;
el historial de los correos personales enviados durante la campaña
electoral por Sarah Palin, candidata republicana a la vicepresidencia de
Estados Unidos, a John McCain desde su ordenador profesional (lo que la
legislación estadounidense prohíbe); los expedientes del juicio del
asesino Marc Dutroux, incluido el listado con los números de teléfono,
cuentas bancarias y direcciones de todas las personas investigadas en
este célebre caso de pedofilia; sin olvidar los recientes “Papeles de
Panamá”, difundidos el pasado mes de abril.
Por
todo eso, al igual que Edward Snowden y Chelsea Manning, Julian Assange
forma parte de un nuevo grupo de disidentes políticos que luchan por un
modo distinto de emancipación y son actualmente rastreados, perseguidos
y hostigados no por regímenes autoritarios, sino por Estados que
pretenden ser “democracias ejemplares”...
El
pasado mes de febrero, el Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que depende del
Comité de Derechos Humanos de la ONU, determinó que Julian Assange se
encuentra “detenido arbitrariamente” tanto por el Reino Unido como por
Suecia. Los expertos independientes internacionales también señalaron
que tanto las autoridades suecas como las británicas deberían “poner fin
a su detención” y “respetar su derecho a recibir una justa
compensación”. Según ese jurado internacional, Julian Assange ha sido
sometido a diferentes formas de privación de libertad: “detención
inicial en la prisión de Wandsworth en Londres” en régimen de
aislamiento, “seguida del arresto domiciliario y, después, del
confinamiento en la Embajada de Ecuador”.
Aunque
el pronunciamiento del Grupo de Expertos Internacionales de la ONU no
es vinculante, supone una gran victoria moral en el campo de las
relaciones públicas para Julian Assange al darle la razón en su larga
lucha contra las arbitrariedades de las autoridades suecas y británicas.
A
este respecto, el presidente ecuatoriano Rafael Correa informó que su
Gobierno brinda asilo y protección al fundador de WikiLeaks porque
“Assange carece de garantías de respeto a sus derechos humanos y a sus
derechos en materia de Justicia”. Por su parte, el canciller
ecuatoriano, Guillaume Long, declaró que Ecuador “mantiene
preocupaciones legítimas sobre los derechos humanos de Assange” y que
Quito considera que hay, contra Assange, algún tipo de “persecución
política”, motivos por los cuales Ecuador le sigue otorgando asilo.
Para
reclamar la libertad de Julian Assange, sus amigos de todo el mundo
organizaron, entre el 19 y el 24 del pasado mes de junio, en varias
capitales del planeta (2) (Atenas, Belgrado, Berlín, Bruselas, Buenos
Aires, Madrid, Milán, Montevideo, Nápoles, Nueva York, Quito, París,
Sarajevo), una serie de actos y conferencias con la participación de
importantes personalidades y grandes intelectuales (Noam Chomsky, Edgar
Morin, Slavoj Zizek, Arundhati Roy, Ken Loach, Yanis Varoufakis,
Baltasar Garzón, Amy Goodman, Ignacio Escolar, Emir Sader, Eva Golinger,
Evgeny Morozov).
En
Quito (Ecuador), el simposio fue organizado por el Centro Internacional
de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y
contó con una intervención del propio Julian Assange a través de
videoconferencia. Durante cinco días se debatieron temas como: El caso
Assange a la luz del Derecho Internacional y los Derechos Humanos,
Geopolítica y Luchas desde el Sur, Tecnopolítica y Ciberguerra y De los
Pentagon Papers a los Panama Papers.
El
académico español Francisco Sierra, director de CIESPAL, declaró:
“Creemos que, en realidad, el problema de Julian Assange es ese: el de
la libertad de información. Cuando no hay libertad de información, de
movimiento ni de reunión, no hay derechos humanos. Y por tanto, el
primer derecho, es el derecho a la comunicación, y hay que poner en
evidencia que el caso Assange es un problema grave de derecho a la
comunicación” (3).
Todos
estos acontecimientos solidarios a lo largo y ancho de la geografía
mundial se fijaron dos objetivos. En primer lugar: reivindicar los
derechos que le han sido negados a Julian Assange, como la presunción de
inocencia o la libertad de movimiento. Y en segundo lugar: recordar lo
que representa WikiLeaks, es decir, el reto tan actual sobre la libertad
de información y de comunicación en un mundo permanentemente vigilado.
(1) Véase Ignacio Ramonet, La Explosión del periodismo, Clave Intelectual, Madrid, 2011.
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