domingo, 21 de junio de 2015

DATOS A DEBATIR SOBRE LA DEUDA PÚBLICA EN ESPAÑA

Julián Aceitero Gómez

La deuda pública española es el monto de las deudas que el Estado Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos contraen frente a prestamistas. Las cantidades de su evolución, de sus intereses y de su previsión son de tal magnitud que muchas personas, en especial las de edad avanzada, somos incapaces de conseguir su comprensión y, en consecuencia, interpretarlas. Para conseguirla,  quizá, pueda ayudar que cada una de aquellas cantidades vaya acompañada de su equivalencia en euros por habitante [€/hbtte.], calculada suponiendo que en España existan cuarenta y seis millones y medio de habitantes durante el periodo analizado.

La deuda pública al finalizar 2011 era de 743.581 millones de € [15.991 €/hbtte] y al finalizar 2014 alcanzó 1.033.848 millones de € [22.233 €/hbtte.], lo que supuso, pues, en un trienio de gestión del Gobierno del Partido Popular (PP) su incremento en 290.267 millones de € [6.242 €/hbtte.], cuyo desglose es: 147.412 millones de € [3.170 €/hbtte.] en 2012, 75.176 millones de € [1.617 €/hbtte.] en 2013 y 67.679 millones de € [1.455 €/hbtte.] en 2014.  

Y dicho gobierno prevé en sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) que la deuda pública sea en 2015 de 1.050.000 millones de € [22.581 €/hbtte.]. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que su cuantía sea entonces muy superior: 1.084.622 millones de € [23.325 €/hbtte.] y que siga incrementándose, aunque con menor intensidad, hasta alcanzar 1.148.832 millones de € [24.707 €/hbtte.] en 2020.

España no solo pagó a los prestamistas los intereses de los préstamos de la deuda pública que vencieron en 2012 (28.848 millones de € [620 €/hbtte.]), en 2013 (33.329 millones de € [717 €/hbtte.]) y en 2014 (36.662 millones de € [789 €/hbtte.]), sino que también les devolvió los correspondientes capitales, pero concertó nuevos préstamos de capital cuya cuantía superaba a la de los capitales devueltos, porque solo así se explica el incremento anual de la deuda pública durante aquel trienio. Y las previsiones del FMI acerca de la deuda pública apuntan a que ésta seguirá siendo así gestionada, al menos, hasta 2020.

Los prestamistas de la deuda pública española en 2012 eran los bancos privados españoles, alemanes y franceses, a los que el Banco Central Europeo (BCE) prestaba dinero a un interés del 1% y aquellos concedían préstamos al Gobierno español a un interés medio del 5%. La deuda pública así gestionada es, pues, una tapadera urdida para que la banca privada obtenga pingües beneficios a costa del erario, lo que Julio Anguita González, cuando era el Coordinador General de Izquierda Unida (IU), nos anunciaba con una pedagogía y paciencia encomiables y preveía, además, que su cuantía alcanzaría tal magnitud que su devolución sería imposible.

Y por advertirnos de que el Tratado de Maastrich impondría aquella gestión de la deuda pública para enriquecer a los prestamistas a costa del erario, Julio Anguita sufrió ataques furibundos no solo del Gobierno del PSOE, que entonces la gestionaba y se afanaba en la adhesión de España a dicho tratado, sino también de los medios de comunicación de masas que la encubrieron.

Aunque los gestores de la deuda pública aseguran así pingües beneficios a los prestamistas, cabe preguntarse aquí no solo qué cuantía alcanzará, sino también  cuándo y cómo se devolverá. Los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han tejido un entramado legal para que el pago a los prestamistas tanto de los intereses como del capital de la deuda pública tenga “prioridad absoluta” en los presupuestos de todas las Administraciones del Estado, según consta en el artículo 135 de la Constitución, que tanto los diputados como los senadores de aquellos dos partidos y los del partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) reformaron en 2011.

Y en el punto 3º, párrafo 2º del recién citado artículo se afirma que la deuda pública no podrá superar el valor establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que la Ley Orgánica que desarrolla aquel artículo concreta que sea el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la deuda pública sea el 96,4% del PIB en 2020. Cabe, pues, sospechar que los presupuestos que a partir de entonces se elaboren contemplarán el pago prioritario a los prestamistas de los intereses y del capital de los préstamos que venzan en las correspondientes anualidades, durante las cuales, además, no podrían solicitárseles nuevos préstamos, al menos hasta que la deuda pública represente el 60% del PIB.

Y mientras tanto, si así ocurriera, la experiencia de esta prolongada deudocracia o estafa de la deuda pública, denominada “crisis” tanto por los gobiernos que la gestionan como por los medios de comunicación de masas que la encubren, apunta a que las partidas presupuestarias de índole social seguirán sufriendo recortes, pero tan severos que causarán “llanto y rechinar de dientes”. ¡Ojala esta previsión sea errónea!

Al respecto, Pablo Iglesias Turrión, secretario general de Podemos, denuncia que, a pesar de los recortes sociales impuestos a la mayoría de la población, la deuda pública no ha disminuido, sino que se ha incrementado año tras año, por lo que, si llegara a gobernar tras las próximas elecciones generales, propondría auditarla para que la parte de la misma que no sea legal, es decir, que haya sido contraída en contra de los intereses generales del pueblo español, no sea pagada; y propondría la reestructuración del pago de la deuda que fuera legal para que permita inversiones públicas que dinamicen la economía y, consecuentemente, se obtengan recursos con los que pagarla.  

El gobierno griego de Syriza ya ha llevado a cabo unas propuestas similares a las que aquí podría proponer un eventual gobierno de Podemos, pero de las mismas no pueden extraerse conclusiones, porque su desenlace definitivo aún no se ha producido. 

DdA, XII/3005

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