Jaime Richart
Corrían los años sesenta y,
estudiando yo economía de manera intensiva para la primera oposición que
se convocaba a Técnicos de Administración Civil del Estado, tropecé con
la siguiente proposición de Karl Marx: "La política es una mera
superestructura cambiante de lo económico". Sabía a que me exponía si
hacía uso públicamente de esta certeza que imprime su carácter
depredador al capitalismo, pero no pude evitarlo y comencé con ella mi
exposición. Ya podéis imaginar qué suerte me deparó aquella osadía en el
franquismo aun tardío.
Eppur
si muove... Porque en efecto, una cosa es que la política esté
supeditada inevitablemente a los recursos disponibles, y otra que la
disponibilidad de los recursos esté condicionada por los que
parcialmente los allegan y además la consientan quienes han de
administrarlos. Pues esto es lo que sucede, en más o en menos, en las
democracias capitalistas y más en países atrasados en ética civil de los
gobernantes que es el caso de España.
Y
es que si el aserto era irrefutable cuando Marx lo formuló, así ha
seguido siendo en occidente hasta hoy. Ello, por más que quienes deciden
el destino de este país lo consideren académicamente sacrílego, y por
más que quienes deciden el de otras naciones más prósperas hayan
proscrito todo pensamiento marxista aunque lo tengan en cuenta para ir
corrigiendo el desequilibrio frecuentemente ominoso entre la economía y
la política, denunciado por Marx. .
Pues
bien, el reto que tiene ante sí esta democracia española de mínimos en
la que es anecdótico el demos, es invertir los términos del binomio. Es
decir, hacer que la economía sea una mera superestructura cambiante de
la política y no al revés. Lo vienen pidiendo a gritos la naturaleza de
las cosas, la ética humanista y el sentido universal, más que el común.
Sea
como sea, lo nieguen o no lo expertos, todo lo que nos viene sucediendo
en España en los últimos tiempos es efecto de la trampa tendida a la
ciudadanía, a través de la política, por el poder económico y el
financiero; trampa en cuya virtud los políticos y gobernantes españoles
que desfilaron a lo largo de estas tres últimas décadas, desconociendo
(en el más benévolo de los casos) la sodomización de la política a cargo
de la economía, han ido sucumbiendo a esa fea realidad que en detalle
es, que ellos no pintan nada en la distribución de la riqueza, y por eso
tienen una de estas tres opciones: seguir su dictado, abandonar o
revelarse. Está claro que hasta ahora siempre han elegido la primera.
Pero,
digan lo que digan los que hacen de ella un laberinto sólo para
iniciados, la Economía es mera contabilidad, cuadernos contables sobre
los que los administradores deben decidir prioridades. Por ello ha
llegado el momento de la rebelión, el momento de que la política
doblegue a la economía poniendo los recursos al servicio de su legítimo
destinatario: el pueblo. Y el decidir las prioridades en España
significa empezar por no permitir que banqueros, financieros, empresas
energéticas y las 35 empresas más importantes decidan la suerte de 47
millones de personas. Así es que hagamos todo lo posible para evitar esa
regla fatídica indicada por Marx y confiemos que los movimientos
sociales sean capaces de la hazaña. Pero si no lo son, seguiré
certificando que el dictum de Marx que recordé en 1963 es irrevocable,
tanto como este otro suyo: "El ejecutivo del Estado moderno no es otra
cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía"
... que en España es el Ibex 35.
DdA, XI/2858
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