Hermes H. Benítez
No cabe duda que la inesperada noticia, difundida en los últimos días del mes de enero, de que al fin, después de 37, años se realizaría en Chile una investigación judicial de la muerte del presidente Allende -junto con la de otros más de 700 casos de víctimas de violaciones de sus derechos humanos cometidas bajo la dictadura- fue recibida con beneplácito y optimismo por amplios sectores de la ciudadanía. Esto se explicaría, entre otras razones, por el hecho de que los resultados y conclusiones del estudio metapericial del doctor Luis Ravanal, dadas a conocer en el 2008, han penetrado lentamente en la conciencia pública, terminando por restarle casi toda credibilidad a la "versión oficial" de la muerte del Presidente. De manera que el anuncio de que, por fin, se realizaría, aunque en forma tardía, aquella investigación, que nunca se hizo en 20 años de gobiernos concertacionistas, vino a producirse en un momento especialmente oportuno.
Con el correr de los días aquel optimismo colectivo inicial ha ido dando paso a una actitud de cautela hacia la capacidad y la voluntad real de las instituciones judiciales chilenas, y de sus organismos técnicos, de llegar a establecer de manera definitiva las causas inmediatas de la muerte del presidente Allende. Después de todo, la justicia chilena, tanto bajo la dictadura como posteriormente a ella, actuó en muchos casos como cómplice y encubridora de incontables atropellos a los derechos humanos de miles de chilenos, y por medio de la acción de jueces obsecuentes y prevaricadores, defendió al tirano, así como a centenares de miembros de las FF. AA involucrados en hechos criminales.
A lo anterior se agrega el hecho que, si hay un organismo público que ha cambiado muy poco desde los tiempos de la dictadura, este es el Servicio Medico Legal, y es precisamente a este al que le corresponderá realizar la totalidad de los peritajes a partir de los cuales se buscará establecer de qué modo preciso murió el presidente Allende. Este organismo tiene una negra historia que, por cierto comenzó el mismo día 11 de septiembre de 1973, cuando sus autoridades, cediendo a las presiones de los golpistas, o por simpatía con sus conductas fascista, hicieron la vista gorda ante múltiples irregularidades, entre las que se cuentan: el ocultamiento de cadáveres, mezcla de restos de diferentes personas, la realización de autopsias incompletas, y la inhumación ilegal de cuerpos no identificados, tanto en el patio 29 del Cementerio General de Santiago, como en otros lugares del país.
Como lo ha declarado Juan Pavín, abogado de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal, gran parte de los problemas que han venido afectando por largos años a este servicio se originaron en la severa intervención política a la que fue sometido bajo la dictadura. Desde aquel momento se rompió allí la antigua y respetable tradición de nombrar médicos de carrera como directores del Servicio Médico Legal, procediéndose a designar doctores que eran enteramente ajenos al campo de la medicina legal. Significativamente, los gobiernos concertacionistas no modificaron esta anómala situación, sino que la mantuvieron, entre otras razones, porque facilitaba la asignación de cargos por medio del cuoteo político.
El primer jefe del SML en ser designado, en 1975, por aquel procedimiento anómalo, fue el doctor Claudio Molina Fraga, bajo cuya gestión se registraron la mayor cantidad de irregularidades en aquel organismo. Recordemos que fue este director quien, al ser encontrados los restos de varios detenidos-desaparecidos en los hornos de cal de Lonquén, decidió y procedió personalmente a trasladarlos hasta el Cementerio Parroquial de Isla de Maipú, donde los arrojó en una fosa común; mientras los familiares de aquellas víctimas esperaban infructuosamente la recuperación de las osamentas de sus muertos, en la Iglesia Franciscana de Recoleta, en total desconocimiento de esta terrible y despiadada acción de Claudio Molina Fraga.
Es atingente recordar aquí, también, que este mismo médico, cuya especialidad es la psiquiatría, fue uno de los especialistas del SML que evaluó y certificó el estado mental del dictador Augusto Pinochet, permitiendo así que éste fuera sobreseído en el caso Caravana de la Muerte.
Otra funcionaria del SML, la doctora América González, que se desempeñó como coordinadora de aquella comisión de especialistas que facilitaron que Pinochet lograra evadir la acción de la justicia, fue quien realizó el peritaje forense del cuerpo de Cecilia Magni, la Comandante Tamara, muerta en 1988, en un ataque al Retén de Carabineros de Los Quéñes. La doctora González determinó en aquella oportunidad que las múltiples lesiones que la combatiente frentista presentaba en su cuerpo se habrían producido al ser arrastrada ella por las aguas del río Tinguiririca, en cuya rivera fue encontrada muerta. En circunstancias que, como se estableció posteriormente, estas lesiones le fueron provocadas a Cecilia, luego de ser capturada viva, por las torturas que le infringieron miembros de los aparatos represivos de la dictadura.(1)
La misma doctora González, contratada por el SML bajo la dictadura, certificó como "muerte súbita", a consecuencia de una afección cardíaca, el fallecimiento de Carlos Godoy Etchegoyen, brutalmente torturado por medio de electricidad, en febrero de 1985, en la Comisaría de Quintero. Según lo registra el Informe Rettig, los antecedentes de salud previos, así como los protocolos de autopsia, no dejan duda que la muerte de Carlos Godoy E. fue causada por torturas a las que fue sometido por agentes del estado.
En lo referente a la identificación de los cuerpos de los siete presos que murieron calcinados en un incendio de la Cárcel de San Miguel, la doctora González ocultó los resultados de los análisis de ADN que daban cuenta de los errores cometidos en la identificación de aquellos, exactamente como lo había hecho anteriormente, en los casos de las osamentas de los Detenidos Desaparecidos del Patio 29, a los que a continuación nos referiremos.
El historial del SML, durante y posteriormente al fin de la dictadura, contiene un número considerable de otras manchas, por ejemplo, una serie de falsas identificaciones de restos óseos, entre los que se destacan aquellos que fueron encontrados en las tumbas del Patio 29 de Cementerio General. Los primeros reportes sobre la utilización del Patio 29 como lugar de sepultación ilegal de ejecutados políticos luego del golpe, correspondieron a testimonios recibidos por el Comité Pro Paz, pero fue necesario el fin de la dictadura para que, 18 años después de los asesinatos, se procediera a iniciar investigaciones judiciales en el lugar.
En septiembre de 1991, es decir, durante el primer año de la ‘democracia tutelada', se dio comienzo, por orden del Juez Andrés Contreras, a la excavación de las tumbas marcadas con las letras NN de dicho patio. Se determinó que se trataba de 107 tumbas y de 127 cuerpos. Es decir, se había enterrado más de un cuerpo por tumba. Al hacerse público este hecho el dictador comentaría, con su sádico y macabro sentido del humor: "Pero que economía tan grande".
Los cuerpos desenterrados fueron, entonces, enviados al SML para su correspondiente identificación. Luego de dos años de espera, se inició, por fin, la entrega de los restos identificados a sus respectivos familiares, lo que tuvo lugar durante la dirección del Dr. Cesar Reyes. Las identificaciones continuaron durante los años siguientes, informándose que 30 de los 126 cuerpos encontrados no podrían ser identificados, en razón de sus deterioradas condiciones. Al final, se vino a saber, gracias al trabajo de peritos escoceses, que 48 cuerpos, de un total de 96 potencialmente identificables, habían sido erróneamente identificados por el SML. Es decir, prácticamente la mitad de las identificaciones hechas en Chile eran erróneas. Pero esta información, contenida en el así llamado "Informe Glasgow", publicada y entregada al SML en octubre de 1995, logró ser mantenida en secreto por sus autoridades durante siete años.
El escándalo público que provocaría el ocultamiento de los resultados de aquel informe, determinaría que la Fiscal Mónica Maldonado debiera ponerse en acción con el fin de investigar el caso.
Es necesario recordar aquí, también, al doctor José Luis Vásquez, uno de los que participaron en la realización de la autopsia de Allende en 1973 (que no es médico forense sino ginecólogo), quien sigue trabajando hasta hoy en el SML y el que sin duda participará en el nuevo peritaje forense de los restos del Presidente que se realizará como parte de las tareas de la investigación judicial en curso. El doctor Vásquez adquirió parte de su notoriedad como resultado de su participación en la investigación de dos crímenes emblemáticos de la época de la dictadura: el de Carmelo Soria, y el de Rodrigo Anfrún. Tanto Soria como el niño Anfrún, según llegó finalmente a establecerse, fueron asesinados por miembros de los aparatos represivos de la dictadura. Sin embargo, en ambos instancias, actuando como forense, José Luis Vásquez dictaminó que, en un caso, la muerte se había producido por efecto de un accidente automovilístico, y en el otro, al ser agredido sexualmente el niño por un joven con problemas mentales.
Es imposible poder determinar hoy si aquellos errores fueron cometidos como consecuencia de la pura falta de conocimiento tanatológico del doctor Vásquez, o si ellos no fueron verdaderos errores, sino el resultado, claro y directo, de acciones premeditadas y calculadas destinadas a proteger a los asesinos a sueldo de la dictadura. Pero como es manifiesto, y es muy importante que el mundo lo sepa, por sí mismos estos hechos ponen en entredicho no sólo la capacidad profesional de Vásquez, sino también su independencia, imparcialidad y objetividad para poder participar en el nuevo estudio pericial de los restos de Allende.
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